Las Palmas de Gran Canaria garantiza la ayuda a domicilio pese a los cambios que impulsa el Gobierno de CC-PP

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria garantiza que seguirá ofreciendo el servicio de ayuda a domicilio “en los mismos estándares de calidad” que hasta ahora. Desde el consistorio hacen estas afirmaciones en un contexto en el que el Gobierno de CC-PP ha introducido a través de las enmiendas a los presupuestos cambios en el servicio, de manera que los ayuntamientos pueden optar por una prestación económica en lugar de seguir prestando este servicio como hasta ahora. Estos cambios del Ejecutivo han contado con el rechazo de numerosos colectivos sociales, que incluso se han manifestado este martes ante las puertas del Parlamento regional, día en el que se aprueban los presupuestos de la comunidad autónoma, y con ello, estos cambios. 

Desde el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informan de que el Servicio de Ayuda a Domicilio atendió a 3.239 beneficiarios durante el mes de noviembre. Según explican, el servicio cuenta con un índice de satisfacción de 9,25 sobre 10 y un 95% de recomendación por parte de las personas usuarias. “Nuestro compromiso es garantizar que las personas beneficiarias puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible, recibiendo la atención que necesitan”, inciden desde el consistorio.

Los cambios que pretende realizar el Gobierno de Canarias a través de unas enmiendas presentadas a los presupuestos han generado incertidumbre estos días en las Islas. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció hace meses “un nuevo modelo” que fue defendido en el pleno de la pasada semana por la concejala de Servicios Sociales, Rosario González. 

Los colectivos sociales han advertido de que “el nuevo modelo, que ya se quiere implantar en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, consistiría en ayudas económicas que se darían de forma indirecta, es decir, la recibirían las empresas, pero figurarán como ayudas que se suman a la renta y, por tanto, el /la usuaria tendría que declarar. El ayuntamiento se desentiende de ofrecer ese servicio trasladando al usuario o su familia la búsqueda del mismo y la relación con la empresa que lo realice”, resumen.

Recuerdan que los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Canarias ya han denunciado que se privatiza aún más el servicio, pues las personas usuarias pasan a ser la contratante y gestoras del mismo, con lo que significa para la mayoría que son personas con muchas dependencias. “La calidad del sistema de ayuda a domicilio perdería calidad y según los recursos de los ayuntamientos te puedes encontrar solo con una prestación económica”, exponen.

Subrayan en el comunicado que para las personas que reciben esta ayuda a domicilio, mayoritariamente pensionistas, “se agrava la situación, ya que esa prestación económica figuraría como renta, que habrá que declarar, pues no estaría exenta, como ocurre con la ayuda al alquiler o las ayudas para alimentos. Eso lleva a estar superando los máximos de renta para recibir una pensión por lo que nos podemos encontrar situaciones donde no puedas recibir una pensión no contributiva, y si la tienes te la quiten, o te bajen tu pensión contributiva porque te reducen o quiten los complementos a mínimos”.

Asimismo, para las personas trabajadoras que atienden a los usuarios “tampoco se ven las mejoras. Nadie les garantizará ni sus puestos de trabajo ni la mejora de sus condiciones laborales”.

Los colegios de Trabajo Social, por su parte, recuerdan que más de 20.414 personas en Canarias dependen del SAD, según los datos del ISTAC 2023, un recurso esencial que contribuye a mantener la autonomía, dignidad y seguridad de, sobre todo, personas mayores y con discapacidad. La enmienda plantea que los ayuntamientos puedan reemplazar este servicio, prestado hasta ahora por personal cualificado, sustituyéndolo por ayudas económicas, que hacen que los ayuntamientos “se desentiendan de ofrecer los cuidados profesionales, trasladando esta tarea a las familias”, inciden los profesionales.