Piden hasta 27 años de cárcel para 25 detenidos por inmigración irregular y prostitución en Gran Canaria y Lanzarote

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado imponer penas de seis meses hasta 27 años de cárcel y cuantiosas multas para 25 personas, en su mayoría de nacionalidad rumana, acusadas de presuntos delitos relacionados con inmigración irregular, prostitución, sobre todo de menores de edad, y contra el patrimonio en Gran Canaria y en Lanzarote desde 2003 y hasta 2005.

La fiscal Teseida García ha elevado su escrito de conclusiones provisionales a la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que acusa de estos supuestos delitos a A.R., A.R., A.S.G., M.S.Q., P.D., V.E., Y.R.B., F.C.S.H., J.T.R., S.R.O., M.S., S.F.Z., D.R., S.M.G., F.G.B., V.M.I., N.S., F.M., G.J.B.G., G.V.I., D.G.M., C.D.Z., C.O.S., A.V.G.B., y A.T.D., detenidos en enero de 2005.

Según su escrito, A.R., y A.R., naturales de Rumanía, llegaron a Gran Canaria entre los años 1999 y 2000 y si bien en un principio se dedicaron a trabajar en la construcción o al trile, pronto se iniciaron en otras actividades ilícitas encabezados por el primero de los procesados A.R., al que llamaban jupanu -que en rumano significa señor-, y que posteriormente, en el año 2003, fue relevado en su función de organizador de actividades ilícitas por el otro.

El primero era respetado por toda la comunidad rumana del sur y sureste de la isla “por el gran temor que infundía habida cuenta de su carácter violento que no dudaba en demostrar, teniendo incluso en su poder armas e instrumentos peligrosos” como dos espadas tipo catanas y un puño americano considerado arma prohibida.

La fiscal señala que para conseguir el mayor beneficio económico posible ambos acusados traían, facilitando los billetes de avión o de cualquier otro medio de transporte, así como el alojamiento de ciudadanos rumanos, tanto a chicas como a chicos a España a fin de obligarles a ellas a ejercer la prostitución y a los chicos a que sustrajeran toda clase de productos, especialmente perfumes, botellas de alcohol, ropa y pequeños aparatos de electrónica tanto en domicilios particulares como en establecimientos comerciales, sobre todo en los municipios grancanarios de Telde, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y en Arrecife (Lanzarote), que después eran vendidos generalmente a la comunidad rumana en ambas islas o bien eran llevados y vendidos en Rumanía.

Las chicas eran traídas a España desde Rumanía y varias de ellas, menores de edad, eran colocadas en distintos clubes de alterne y prostitución de Gran Canaria a pesar de sus reticencias.

La Fiscalía precisa que el día 19 de noviembre de 2003, se encontraba ejerciendo la prostitución, el alterne así como espectáculos de streaptees, una menor en un club en Agüimes regentado directamente por el procesado A.S.G., que le facilitaba “en todo momento su trabajo”.

Encerrada y agredida físicamente

Otra de las chicas que A.R. trajo a España no quería ejercer la prostitución cuando se dio cuenta al llevarla al club el mismo día que llegó a Gran Canaria a qué se tendría que dedicar, por lo que el proceso ordenó que la encerraran en una habitación de un piso de Vecindario durante una semana y privándole casi de comida de agua y de aseo, así como que la agredieran físicamente.

Finalmente, la menor accedió a que la volvieran a llevar al club de prostitución situado en San Bartolomé de Tirajana y propiedad y regentado por el procesado M.S.Q.

Asimismo, otro de los procesados, P.D. también de Rumanía, facilitó la llegada y la estancia de chicas rumanas en la isla para que ejercieran la prostitución y lucrarse éste de la actividad sexual de aquellas. De esta forma, alquiló una casa en Santa Lucía de Tirajana, en la que se alojaron dos mujeres mayores de edad que se encontraban ejerciendo la prostitución, junto a otra menor de edad, en el mismo club de San Bartolomé de Tirajana.

Además, P.D. no dudó en ofrecer a mediados de diciembre de 2004 a una mujer a otro club de prostitución situado en Lanzarote y denominado Club Victoria y al que A.R. también llevaba a chicas.

Por su parte, el procesado V.E. también proporcionaba chicas menores de edad para que ejercieran la prostitución a prostíbulos del sureste de la isla de Gran Canaria. La Fiscalía sostiene que V.E. compraba igualmente los billetes a las chicas, y las alojaba en su casa, guardando y custodiando además la documentación de éstas y controladas por su mujer, la procesada Y.R.B.. Llevaban a las chicas a los clubes, como uno en Ingenio, propiedad de los procesados J.T.R. y F.C.S.H..

A finales de enero de 2005, V.E. volvió a traer a España a tres mujeres, de las que dos fueron detenidas el día 26 de enero de 2005 ejerciendo la prostitución y el alterne en el club, propiedad del procesado A.S.G.

En un bar de Vecindario

Por su parte, el procesado S.R.O., era el propietario del bar Guillermo en Vecindario, donde las camareras estaban obligadas a ejercer el alterne con los clientes y se facilitaba igualmente el ejercicio de la prostitución. S.R.O. nutría su negocio fundamentalmente de chicas extranjeras en situación irregular en España a las que les prometía arreglar su situación administrativa en este país.

Del mismo modo, este acusado tenía relación con la comunidad rumana actualmente procesada, de forma que las mujeres que llegaban a la isla desde Rumanía eran acogidas en su bar.

'Los bribones'

Los chicos eran traídos desde Rumanía por el acusado A.R y generalmente solían ser menores de edad, puesto que si los mismos eran detenidos tras la comisión de distintos robos y hurtos por la policía, podrían salir casi de inmediato en libertad y continuar así con su ilícito proceder; aunque también llegaban a Gran Canaria chicos que si bien eran mayores de edad, acababan de cumplir los 18 años y tenían aspecto aniñado. A los chicos, A.R. los llamaba bribones.

Si bien en ocasiones A.R. participaba con los chicos en distintos robos y hurtos en Gran Canaria y Lanzarote con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, la mayor parte de las veces los obligaba a que salieran a cometer estos actos, a los que él llamaba action y de los que el verdadero beneficiario de los objetos sustraídos era el propio A.R., al cual había que entregarle bien los productos robados bien el dinero que se obtuvieran de estos vendiéndoselos a los receptadores de la organización.

A A.R. lo ayudaba a la hora de organizar las distintas sustracciones que cometían los chico, su mujer, la procesada M.S., natural de Eslovaquia, y el procesado S.F.Z./C.M., conocido por Dumbo, natural de Rumanía.

Además de pequeños hurtos y robos, A.R.D.R. y F.M. planearon un robo de una gran cantidad de tabaco en una nave industrial en el polígono de Arinaga, en Gran Canaria y que, posteriormente vendieron en diferentes tiendas, estancos y bazares. De hecho, varios de los arrestados, como J.B.G. y D.G.M. están procesados por un presunto delito de receptación.

Por todo ello la fiscal solicita imponer 17 años de cárcel para A.R. por robo; 14 años para A.R. por porte y tenencia de armas y prostitución coactiva; 6 años de cárcel para A.S.G. por prostitución de menores; así como 6 años de prisión para M.S.Q. por prostitución de menores; 12 años de cárcel para S.R.O. y para F.C.S.H.; 13 años de prisión para J.T.R.; 27 años para V.E. por prostitución de menores, receptación y robo con fuerza en casa habitada.

Asimismo, reclama 16 años de cárcel para Y.R.B. por prostitución de menores; ocho años y medio para P.D.; 11 años para D.R.; 4 para F.M. y G.V.I.; 7 para V.M.I; para F.G.B. y N.S., 8; 5 para S.M.G.; 3 para A.V.G.B.; dos años para C.O.S. y G.J.B.G. y un año de prisión para A.T.D., D.G.M. y C.D.Z.; así como seis meses de prisión para M.S. y S.F.Z..

Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público reclama multas de 36 meses a razón de 10 euros diarios para varios de los acusados.