Con la misma plantilla de hace 20 años, colapsan los Servicios Sociales de la capital grancanaria

“Yo llevo 20 años trabajando en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la plantilla es la misma”. Así explica Jéssica López, portavoz del comité de empresa del consistorio (de Intersindical Canaria) las carencias de personal que se viven en el municipio. El área más afectada en estos momentos es Servicios Sociales, que está dando citas hasta para dentro de dos meses en distritos como Ciudad Alta a personas que pueden tener una emergencia. La lista de espera era hace unas semanas de unas 1.300 personas sólo en ese distrito, pero es mayor si se suma la de los cinco que componen la ciudad, de 378.000 habitantes. Necesidades que además se han incrementado durante la crisis económica y social derivada de la pandemia. La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, Sonia Monroy, añade además que se está incumpliendo la ratio recomendada en épocas que no estén marcadas por una crisis como la actual y que debe ser de un profesional por cada 3.000 habitantes. Ahora, “con un incremento de la demanda tan exagerado como el que estamos viendo y un aumento de las necesidades sociales se recomienda uno por cada 1.700 personas”, matiza. 

Cuando hablan de falta de personal para esta área hacen referencia no solo a trabajadores sociales, también a personal administrativo, del ámbito de la Psicología, entre otros. Solo en Ciudad Alta, señalan los representantes sindicales, se han producido varias bajas y jubilaciones. En total, faltan ocho personas por bajas laborales y se han producido tres jubilaciones de un total de una plantilla para ese distrito de 28 personas. “Con la llegada de la pandemia se han producido jubilaciones que además no se han cubierto”, destaca. Por ello, el personal ya se ha concentrado dos veces en señal de protesta y no descarta volver a hacerlo a lo largo de este mes y con más fuerza a partir de septiembre, cuando vuelva toda la plantilla de vacaciones. 

Una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es lo que reclaman desde el comité de empresa del ayuntamiento de la octava ciudad más poblada de España para desatascar esa lista de espera en Servicios Sociales ya que el problema es “estructural” y creen que no se soluciona con contrataciones temporales. Desde el área de Servicios Sociales del Consistorio señalan a esta redacción que se van a incorporar 30 personas más para esta área. Sin embargo, la plantilla lo considera “insuficiente” ya que se trata de un convenio con el Gobierno de Canarias que servirá para agilizar la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que se otorga previo informe de los trabajadores sociales que son quienes acreditan que una persona se encuentra en riesgo de exclusión social, será un contrato temporal que aseguran que no servirá para desatascar otras áreas. 

Una nueva RPT

“Hay muchos tipos de ayudas dentro de Servicios Sociales, de emergencia, para alimentos, ayuda a domicilio…”, indica López, que afirma que en la RPT actual no hay vacantes por lo que se requiere de un cambio de estructura que permita incorporar a más plantilla. El problema de esta falta de personal es aún más grave en Servicios Sociales porque es “donde primero en el ciudadano lo nota porque le repercute directamente. Estamos hablando de que una persona que a lo mejor necesita una ayuda rápida para comer puede tardar dos o tres meses”, lamenta. Por ello, remarca que se necesita aumentar el personal en un 25 o 30% más. No obstante, insiste en que “no es un problema de ahora”. Actualmente gobiernan PSOE, Nueva Canarias y Unidas Podemos, pero “el problema viene de antes”. 

La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas remarca que desde el Gobierno, ayuntamientos y cabildos se habla muchas veces de planes de choque o contratos de acumulación de tarea, que suelen ser en realidad por seis meses y a veces por un 75% de la jornada. “Un 75% de la jornada para hacer las mismas tareas que las personas que llevan en los Servicios Sociales un montón de tiempo y cuando ya estás cogiendo la rutina y tienes el trabajo aprendido, se te acaba el contrato”, asegura. Por ello, apunta que es muy difícil tener una radiografía real de la falta de personal en Servicios Sociales, ya que las administraciones públicas suelen mezclar todos los tipos de contratos pero no hablan de la estructura real de la plantilla. “Los planes de choque y contratos de acumulación de tarea no pueden hacerse para realizar funciones estructurales de una administración”, insiste. 

Monroy asegura que el caso de Las Palmas de Gran Canaria es llamativo porque tiene un mayor número de habitantes pero hay otros municipios que están en la misma situación, también haciendo frente a las necesidades de la población con escasa plantilla. “Tenemos tanto retraso en Servicios Sociales en Canarias que no va a ser una cuestión temporal, es que tenemos mucha gente en espera con crisis económica y sin crisis porque es histórica la falta de inversión”, remarca. Además, insiste en que la única manera de cambiar esta situación es modificando la RPT pero cada administración suele alegar que hacer un cambio en la estructura de personal es “muy difícil”. “Para la clase política esto es como un agujero negro”, aclara. Y es que, según explica, se suele aludir a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, olvidando, a su juicio, que el año pasado se declararon los servicios sociales “esenciales” ante la pandemia y que el Consejo de Ministros ha aprobado una ampliación del plan concertado. “Llevan todo este año autorizando que se aumente el presupuesto en lo social, para hacer frente a esta crisis y también se olvidan de que incluso los fondos europeos buena parte van dedicados a paliar las consecuencias de la crisis, y si eso no incluye servicios sociales, ¿qué incluye?”, cuestiona. 

La presidenta del Colegio de Trabajo Social insiste en que es cuestión de voluntad política ya que en sus manos está cambiar ese marco normativo, pero cree que el problema de fondo es qué sentido le dan los distintos gobiernos a los Servicios Sociales y sostiene que son visualizados por parte de la política como un área que se han acostumbrado a que esté “poco financiada, con poco personal e infradotada” porque no se ve como un sistema al que puedan acceder todas las personas, en el que cualquiera puede requerir de alguno de los servicios por distintos motivos: “porque tengamos problemática con nuestros hijos, porque tengamos una persona dependiente o con discapacidad, porque tengamos dudas de a qué servicios podemos acceder…” Y es que “los servicios sociales deben ser un sistema al que puedan acceder todas las personas, no es un sistema únicamente para personas en exclusión, que es lo que nos venden” y es el hecho de concebirlos de este modo lo ha llevado a personas que han tenido que utilizarlos por primera vez en esta pandemia a acudir con vergüenza. “Nadie oculta que vamos al sistema público de salud”, por lo que cree que con los Servicios Sociales debería ser lo mismo. 

El llamado índice DEC (derechos, economía y cobertura) presentado a finales de mayo de este año por la asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales ya adelantó que Canarias afrontó la pandemia con unos servicios sociales solo mejores que los de Murcia y Madrid. Lo achacaba, entre otras causas, precisamente a la falta de personal y en especial a la situación de la dependencia en las Islas, con carencias históricas desde la aprobación de la ley. El informe también reflejó que el gasto público aún no se había recuperado el pasado año de los recortes de la crisis de 2008 y el Archipiélago se situó entre las comunidades peores puntuadas, en el puesto número 15 y con unos Servicios Sociales calificados de “irrelevantes”, muy lejos de otras como País Vasco o Navarra, que se encuentran a la cabeza con unos servicios sociales “excelentes”.