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Un juzgado de Arona prohíbe a un hombre acercarse a locales griegos en España por amenazar de muerte a diplomáticos

Fachada de los Juzgados de Arona.

EFE

Madrid —

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Un juzgado de Arona (Tenerife) ha prohibido acercarse a cualquier local o establecimiento regentado por griegos en toda España al hombre detenido recientemente por llamar a la Embajada de ese país para proferir amenazas con las que aseguraba que iba a matar a todos los ciudadanos helenos y rociarles con ácido.

Así se dispone en el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, que dejó en libertad a Joaquín Miguel C.L., aunque le mantiene investigado por amenazas y establece esas dos medidas cautelares.

Se trata de un almeriense de 59 años que cuenta con más de cien detenciones previas y cincuenta órdenes de busca y captura, y que utilizaba cuatro identidades para intentar no ser descubierto.

Durante meses y de forma anónima realizó presuntamente multitud de llamadas a las autoridades helenas, incluso más de cuarenta en un día, y la Embajada lo denunció ante la Policía, que le arrestó el pasado 22 de octubre en Adeje, el lugar en el que solía vivir entre robo y robo, informaron fuentes policiales.

“Voy a luchar el resto de mi vida cazando griegos, rociando ácido en sus ojos si entran en España” o “Voy a matar a todos los griegos” fueron algunas de las frases que espetó en sus llamadas, y que los representantes griegos tomaron en serio. Su odio hacia lo heleno se debía a que estuvo en la cárcel en aquel país.

El juez subraya que el teléfono de guardia de la Embajada de Grecia en España recibió varias llamadas amenazantes y un mensaje de texto desde el teléfono del investigado que rezaba: “He perdido muchas cosas por estar preso en Grecia, voy a luchar resto de mi vida cazando griegos, rociar ácido en sus ojos si entran Andalucía y Canarias. El poder lo tengo yo en mi país con los griegos”.

Añade que el acusado reconoció los hechos, que llevó a cabo por rencor, y sumó hasta 73 comunicaciones con la Embajada.

Por eso el juez se acoge a la petición del fiscal, que solicitó que se prohíba al investigado comunicarse con la Embajada de Grecia por cualquier medio, así como acercarse a cualesquiera locales regentados por ciudadanos griegos en España.

El magistrado establece que no podrá acercarse a menos de 200 metros de esos locales, en principio hasta que dure el proceso judicial o se dictaminen otras medidas.

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