Pruebas periciales ratifican que el exjefe de Urbanismo de Telde pudo falsificar documentos

El exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luís Mena, ha vuelto a sentarse la mañana de este martes ante la Justicia -esta vez por un asunto que dista del caso Grupo Europa- acusado de un delito de falsedad de documento público, que deriva del denominado caso Los Alisios.

El caso en cuestión investigaba la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación por parte del exconcejal de Urbanismo del mismo municipio grancanario, Ildefonso Jiménez, que fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria y posteriormente absuelto por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

La condena consideraba probado que Jiménez había concedido en 2002 varios reconocimientos de obra y licencias de primera ocupación en la zona de Los Alisios, en La Garita, aun conociendo que dichas obras eran ilegales. Sin embargo, durante dicho proceso, el exedil aseguró haber actuado de acuerdo a la legalidad y acusó a Mena de haber añadido al expediente municipal de 2005 un informe jurídico elaborado ese mismo año, pero fechado en 2002.

En este punto y tras escuchar la declaración de varios testigos, se originó un nuevo proceso que ha llevado a Mena a comparecer ante el juez nuevamente. En esta ocasión, se enfrenta a cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo público durante el mismo espacio temporal.

En la apertura del juicio oral celebrado este martes ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Mena negó haber falseado el mencionado documento. Según la versión del exjefe de Urbanismo, en noviembre de 2002, una vez incoado el expediente de cédula de habitabilidad de Los Alisios, se percató de que no existía el certificado de final de obra. Momento que, según añadió, “lo único que se hace es un informe a los dos o tres días, porque me lo dice el auxiliar técnico” poniendo de manifiesto este hecho. Mena restó valor al documento firmado alegando que era, “más que un informe, una diligencia” de las que se hacen “cientos en el Ayuntamiento”.

El 2005 y a petición de un ciudadano con interés en comprar una propiedad en la zona, para lo que pidió un duplicado del final de obra, continuó, se elaboraron unas diligencias debido a que el auxiliar del departamento se percató de que no existía dicho certificado, con lo que “algo no cuadraba”. Es entonces cuando dijo haber pedido que se parase y foliase el expediente y que se desarrollase una reconstrucción del mismo. “Eso es todo lo que pasó”, insistió.

Por su parte Jiménez, denunciante del presente caso, recordó que cuando firmó el decreto que permitía la edificación de las viviendas existía un informe jurídico favorable que no le consta que haya vuelto a aparecer, ya que “fue en el Juzgado cuando me percaté de que el mismo se había sustituido por uno desfavorable”.

La firma, la clave

El argumento de Mena fue puesto en duda por un perito judicial y otro de la Guardia Civil, que concluyeron de semejante forma. En el primero de los casos, afirmó haber encontrado similitudes en el “elemento impresor” del documento supuestamente expedido en noviembre de 2002 y el que se presentó en 2005 a pesar de la diferencia de años, algo que no se veía en el resto de documentos del expediente.

Tras comparar una veintena de textos firmados por Mena a lo largo de los años, dijo haber notado una evolución en su firma, que resumió en una disminución de trazos. Por este motivo, concluyó que el garabato elaborado por Mena en 2005 estaba relacionado con el que lucía en el documento que al parecer había sido elaborado tres años antes.

Una conclusión semejante a la esbozada por la perito de la Guardia Civil, que consideró las muestras analizadas como suficientes e idóneas y señaló la “completa concordancia” entre los dos documentos que definió como “coetáneos”, es decir, de la misma edad o contemporáneos.

El abogado defensor puso énfasis en tratar de desacreditar el trabajo de los peritos y, tras una tediosa batalla sobre las técnicas de la grafología en la que también intervino un perito de la defensa, el experto judicial terminó diciendo que la prueba practicada no garantiza la culpabilidad del acusado. Algo que tampoco consigue al 100% una prueba de ADN, apostilló.

El perito de la defensa, que se definió como un experto en la materia, consideró que la evolución temporal no puede ser esclarecedora en este caso, ya que la firma de Mena es más pictórica que gráfica y relacionó la del texto puesto en cuestión, redactado supuestamente en 2002, con otra de la misma fecha.

Sin embargo, reconoció haberse basado únicamente en nueve textos, ninguno de ellos fechado en 2005 y dejó entrever que se trataba de documentos municipales oficiales sin certificación que fueron entregados por el propio Mena al profesional, aunque más adelante reconoció no poder precisar si se trataba de fotocopias. Un aspecto, por lo tanto, que no quedó aclarado durante la vista y que, a juicio de la acusación, podría ser constitutivo de un nuevo delito por parte del acusado.

Expediente “chapucero”

La posibilidad de que se pudieran sustituir los informes del expediente municipal antes de que el mismo se foliara fue otro de los asuntos clave. Ésta quedó abierta tras la declaración de la que fuera directora de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento a principios de la pasada década, quien afirmó que en la actualidad el protocolo “es más riguroso”.

La Fiscalía hizo constar esta característica en sus conclusiones y la posibilidad de que la licencia de obra se pudiera haber extraviado. En ese sentido, la acusación particular se refirió a la “chapuza” que se hizo con el expediente municipal de las viviendas de La Garita, cuyo primer documento data de 2002 y el último de 2001. “Ni siquiera estaba ordenado por fechas”, puntualizó.

La defensa, por su parte, restó importancia al mencionado informe de 2002 elaborado por Mena, ya que el mismo no fue utilizado en la denuncia esbozada contra Jiménez en el caso Los Alisios. “Estamos ante un documento que carece de relevancia” aseveró. En este punto, recordó el informe desfavorable elaborado por un técnico de la administración en 2001 que no ha sido impugnado.

El abogado pidió la absolución de su defendido y tanto la Fiscalía como la Acusación particular ratificaron su petición de cuatro años de prisión para Mena.