Relatos de un colectivo reprimido: “En los baños, mis compañeros de clase se pasaban la mano por sus genitales y me la pasaban por la cara”

Eloy Gutiérrez y Fabián González charlaban apoyados en un coche en una conocida calle de La Laguna. Era de noche cuando, sin esperarlo, fueron víctimas de un ataque LGTBIfóbico. “Todo iba bien pero, de repente, se acercaron dos tíos y nos agredieron”, expresa Eloy. Según narra Fabián, él se llevó un “mochilazo” y a Eloy lo lanzaron al suelo: “Se levantó y le volvieron a dar otro golpe”.

Las víctimas aseguran que uno de los atacantes se volvió bastante agresivo: “Cogió una litrona rota del suelo y empezó a amenazar a los demás. Incluso, intentó atacar a un amigo nuestro”. “El otro joven que venía con él atacó a otra gente que estaba por ahí y que no tenía nada que ver en el asunto”, añade.

El coche en el que estaban apoyados Eloy y Fabián era de uno de los agresores, ¿podría ser simplemente este el motivo del ataque? Fabián lo tiene claro: “No. Quizás el chico se molestó porque estábamos en el coche, pero no éramos los únicos apoyados en el vehículo”. Eloy piensa lo mismo: “Había mucha más gente alrededor y fueron directos a por nosotros dos”.

Además, cuando la ambulancia intervino por la herida que le causaron en la nariz a Eloy, el atacante, según los agredidos, no paraba de gritar “maricones de mierda”, entre otros insultos. “Tuve que encararme con un policía para que lo hicieran callar”, afirma Fabián.

Después del incidente, según Eloy, el agresor “se fue muy tranquilo para su casa”. Ellos tuvieron que acudir al Centro de Salud de San Benito y luego ir al juzgado a denunciarlo. “En ese momento, estaba aturdido”, anota. Ambos describen al agresor como “el típico guaperas, presumido y hetero”.

Fabián asevera que no es la primera vez que tiene que hacer frente a casos como este: “Tuve que dejar de estudiar por el acoso debido a mi orientación sexual”. “En los baños, mis compañeros de clase se pasaban la mano por sus genitales y me la pasaban a mí por la cara”, expone. Por su parte, en palabras de la víctima, la dirección del centro nunca hizo nada.

Delitos de odio hacia el colectivo

Los ataques al colectivo LGTBI están reconocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como delitos de odio. En el Informe 2017 sobre la evolución de “los delitos de odio” en España se han registrado un total de 1.419 incidentes, de los cuales 271 se debían a la orientación o identidad sexual. Esta cifra supone el aumento del 11,6% en relación al año 2016 a nivel nacional.

En Canarias, los datos sobre delitos de odio elaborados por el Ministerio del Interior escasean. Nayra Marrero, portavoz del colectivo Gamá, considera que “o bien no se están denunciando o cuando se denuncian no se recogen como atentado de repulsión”. Gamá reunió en el estudio La Cara Oculta de la Violencia hacia el Colectivo LGTBI, los acosos atendidos desde la asociación en el año 2017. Se identificaron delitos o incidentes discriminatorios en 15 de las 17 comunidades autónomas, logrando localizar geográficamente el lugar del suceso en 307 de los 330 casos escogidos para la muestra, y 11 de ellas pertenecen al Archipiélago.

Pocas denuncias de la Comunidad Trans

La mayoría de las veces los ataques no son denunciados por las víctimas, ya que “en ocasiones temen que se les juzgue negativamente”, aclara Susana González, secretaria de la Asociación Algarabía. Yuli Pérez y Alekai Hernández, presidenta y secretario de TransGirl Spain, consideran que “las personas trans no denuncian por miedo”. Según datos de la Plataforma Trans Estatal, el año pasado este colectivo recibió el 60% de las agresiones LGTBIfóbicas, las mujeres solo denunciaban el 6,1% y los hombres el 1%. Además, en las Islas el número de ataques a personas del colectivo LGTBI supera a la cantidad de casos denunciados (101). Sin embargo, “una vez más ninguna denuncia fue acusada por el colectivo trans”, aclara Hernández. La entidad TransGirl Spain, que se fundó hace menos de 10 meses, ya ha recibido entre 15 y 20 personas que han sufrido este tipo de ataques.

La portavoz de Gamá cree que “muchas veces la violencia se minimiza, incluso por parte de quienes la sufren”. Todo ello, se debe al desconocimiento e inseguridades por parte del afectado, que “pueden no atreverse a denunciar por miedo”, explica Olga Díez, vocal por Tenerife de Chrysallis Canarias. En este sentido, Díez ve la necesidad de “prestar más atención a los riesgos de autolesiones en adolescentes”, que son frecuentes durante esa edad.

Pero ¿cuál es el perfil del agresor? La secretaria de Algarabía asevera que, aunque sea difícil precisarlo debido a la escasez de datos, “suelen ser hombres cisexuales, que por lo general actúan en grupo”. Por su parte, Alekai Hernández cree que se trata de personas desinformadas, que atacan porque no cuentan con los conocimientos suficientes. Asimismo, Olga Díez estima que “por la educación recibida, cada persona lleva un pequeño intolerante dentro”.

Las autoridades juegan un papel fundamental a la hora de denunciar un conflicto de estas características. En cambio, Yuli Pérez y Alekai Hernández consideran que no se han sentido protegidos por ellas, al igual que otros miembros del colectivo. Según datos de Transgender Europe 2017, el 28,7% de las personas trans en España se han sentido discriminadas o han sido tratadas de forma incorrecta en los servicios de salud públicos. Por esta razón, la vocal de Chrysallis recalca que “si esto pasa en la sanidad, imaginemos si hay que ir a presentar una denuncia a comisaría o a hablar con la inspección educativa”. Además, la secretaria de Algarabía, esclarece que “muchas veces, cuando se acude a la comisaría a denunciar, los cuerpos de seguridad pretenden quitar hierro al asunto y no recogen exactamente en la denuncia todos los hechos”, lo que hace que se imposibilite la tramitación de esta de manera correcta. “A veces nos sentimos atacados por la propia autoridad, que te cuestiona por ser diferente”, acusa Alekai Hernández.

“Gracias a todo lo que he vivido estoy aquí”

La presidenta del colectivo TransGirl Spain, Yuli Pérez, ha sufrido tanto acoso físico como psicológico por su condición de identidad sexual, así como el maltrato en pareja. Cuando sufrió este último sintió que el Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género solo la amparó por tener un DNI en el que se reflejaba que era mujer. A pesar de que la ley lo contempla, Alekai Hernández asegura que en la práctica no se protege a las mujeres trans que no están acreditadas como tal. A su vez, Yuli recalca que la única solución que le ofrecieron fue un cambio de nombre y hospedarse en un centro en Gran Canaria. “Me estaban escondiendo a mí, cuando yo no había hecho nada malo”, enfatiza.

Por otra parte, también sufrió bullying en el colegio e instituto: “Me escupían, me tiraban del pelo, me pegaban chicles, me abrían la puerta de los baños y me rompían las taquillas”, cuenta. Además, todo esto provocó que sufriera ansiedad desde los 12 años, un año después de que comenzara su transición. Sin embargo, cree que tanto el acoso sufrido durante su etapa académica como los ataques de su propia pareja la han ayudado a seguir adelante: “Gracias a todo lo malo que he vivido estoy aquí”.

Sensibilización

María Ferraz, docente en el grado de Trabajo Social en la Universidad de La Laguna y experta en educación, halla la justificación de la falta de datos sobre estos ataques en una serie de factores. Entre ellos se encuentra la no percepción de las administraciones públicas como gayfriendly por parte de miembros del colectivo LGTBI, el estar visible o no su sexualidad y la incorporación de denuncias de ataques homófobos y tránsfobos en un ámbito general de delitos de odio. “Ocurre lo mismo que pasó con la violencia de género. No se está sistematizando como cualquier otra situación de violencia”, explica.

En las instituciones educativas ocurre lo mismo. “Se tiende a homogeneizar el acoso y no se toman medidas diferenciales a ese tipo de agresiones”, asegura. Ante una situación de acoso escolar, los equipos especializados activan el protocolo y dan pautas específicas, con el fin de abordarlo de manera diferenciada. Sin embargo, si es el instituto o colegio el que actúa no se ejerce de manera distintiva.

A su vez, Ferraz pone el foco sobre el importante papel que ejerce la educación sobre esta problemática: “No se trata el tema de diversidad afectiva y sexual”. Desde las instituciones educativas de secundaria no se llevan a cabo actividades más allá de ponencias sobre cómo prevenir un embarazo. De esta manera, se ignora la transcendencia de la visibilización y el respeto de las diferentes orientaciones sexuales e identidades, lo cual supone uno de los grandes déficits. “Solo aquellas personas que tienen más sensibilización incorporan ideas con respecto al tema y esto no es una cuestión de voluntad o sensibilidad”, aclara la educadora. Además, señala que “todo profesorado debe tener unas herramientas mínimas para abordar y trabajar en el aula el respeto a la diversidad afectiva y sexual”.

Por otro lado, es imprescindible la educación desde el seno familiar y la eliminación de comentarios homófobos y despectivos comunes del mismo ámbito que se normalizan al ser escuchados desde edades tempranas. En palabras de la docente, “el niño o la niña, así se educa en el odio y rechazo a la diversidad y a lo ‘diferente’, fomentando agresiones al colectivo”. De esta manera, establece como punto de partida para la erradicación de estos acontecimientos la formación, sensibilización y prevención desde varios puntos de vista contextuales, es decir, no solo desde el educativo, sino desde el familiar y comunitario.

Díez coincide con Ferraz y considera que la solución para acabar con los ataques LGTBIfóbicos es la información y la educación, ya que “es imprescindible que seamos conscientes de que estas personas no están enfermas”. Asimismo, Nayra Marrero cree conveniente dicha sensibilización “para modificar un entorno heredero de una cultura profundamente machista y LGTBIfóbica”. “Yo los pondría en mi lugar durante 24 horas para que entendieran muchas cosas”, propone Alekai Hernández. Asimismo, aclara que “las instituciones deben implantar la educación en diversidad desde dentro, ya que es una tarea pendiente que tiene, en este caso, Canarias”. Del mismo modo, María Ferraz asevera que “debe haber un marco normativo que ampare los proyectos para erradicar la situación”.

Legislación en Canarias

Las últimas normas consolidadas en Canarias se recogen en la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. El objeto principal de este precepto es garantizar la jurisprudencia de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento, de recibir de las administraciones públicas del Archipiélago una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y con independencia de la isla o municipio en el que residan.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias ha elaborado este último año el anteproyecto de la nueva Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales a instancias de los colectivos LGTBI. Este recoge un conjunto de novedades, así como la precisión didáctica y el significado legítimo de numerosas definiciones, configurando la complejidad y una sensibilización hacia el colectivo LGTBI en general.

María Reyes Henríquez, directora general de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, define esta nueva ley como necesaria: “Todavía, las personas del colectivo LGTBI sufren situaciones que atacan a su dignidad personal y esta normativa incluye medidas preventivas y sanciones contra todo tipo de acción discriminatoria, xenofóbica o transfóbica que se de en cualquier ámbito”.

La consejería colabora con las diferentes asociaciones a través de subvenciones, que utilizan para dar ayuda psicológica a las víctimas de agresiones LGTBI fóbicas. El dinero también se destina a la recogida de datos y elaboración de informes sobre la situación de la comunidad. Al igual que Olga Díez y María Ferraz, Henríquez cree que para ayudar a la inclusión del colectivo “es indispensable fomentar la llamada discriminación positiva, necesaria para normalizar su situación y promover a su integración en la sociedad, llegando a los ámbitos político, educativo, laboral, entre otros”.

Una violencia silenciada

Los miembros del colectivo LGTBI se enfrentan, además de a los ataques externos que sufren, a otra realidad invisibilizada: la violencia intragénero, es decir, la violencia entre personas del mismo sexo. La docente María Ferraz apunta que existe una situación de agresión dentro de la propia comunidad. “Es ilógico que se visibilice una manifestación violenta y se invisibilice otra que está dentro del propio colectivo”, asevera.

Antonio Perdomo, graduado en el Máster de intervención en violencia de género discrepa con la utilización de este término: “Al hablar de violencia intragénero, hacemos referencia al eje de dominación de género, tremendo error desde mi punto de vista”. Perdomo expone que, “en la violencia ade género, el eje principal es la supremacía por razón de género”. Sin embargo, el eje del dominio en relaciones del mismo sexo radica en otras situaciones como la bifobia, la xenofobia o el racismo, a diferencia de la violencia machista, donde se produce un sometimiento de la mujer por el simple hecho de serlo. “Introducir el término ‘género’, en este caso, hace alusión a una desigualdad que no se da”, añade.

Además, expone que “afirmar que uno de los miembros de la relación adopta el rol de mujer es perpetuar la idea y el esquema machista, ya que se concibe la mujer como débil”. No obstante, existe un factor común entre ambas agresiones: la idealización del amor romántico.

Para atender esta problemática, el experto señala que no se debe acudir, bajo ninguno de los casos, a los recursos alojativos y de atención a mujeres víctimas de violencia de género que ofrecen las instituciones públicas. Por lo tanto, cree que “deben crearse recursos que atiendan esta situación, ya que los que existen no están destinados para cualquier persona que sufra violencia en el entorno de la pareja”. Ante la carencia de estas prestaciones, las personas perjudicadas de este tipo de agresiones pueden acudir a los servicios sociales municipales, donde se les dará cobertura.

En relación con los dos ataques que se manifiestan en el colectivo, Perdomo, opina, que la coacción externa es mayor: “Una persona, por el hecho de que su orientación sexual sea opuesta al a heterosexual y la exprese públicamente, sufrirá una presión para retroceder u oprimirse”.