La rebaja en el Turno de Oficio será del 7,5%
El Gobierno de Canarias ha negociado con los abogados y procuradores los honorarios que percibirán quienes prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita. En el caso de los abogados se ha determinado una bajada lineal del baremo del 7,5% y, en cuanto a los procuradores, se han fijado dos baremos: para procedimientos civiles y penales, 45 euros, y para recursos de apelación, 40 euros.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno regional, Francisco Hernández Spínola, informó este martes en el Parlamento canario que en el contexto actual, la profundidad y la persistencia de la crisis económica, con el consiguiente incremento de los beneficiarios y la disminución del crédito presupuestario para el próximo año -se ha visto mermado en tres millones de euros- “ha motivado un ajuste de los honorarios a la baja para así poder cumplir con el plan económico-financiero y poder sostener y garantizar este servicio, como hasta ahora se viene haciendo”.
Hernández Spínola señaló que tras un proceso de conversaciones y negociaciones con los colectivos de abogados y procuradores se han fijado los criterios sobre las retribuciones que percibirán, de manera que “los justiciables tengan plenas garantías de asistencia letrada y puedan, por tanto, defender sus derechos, asegurando así la tutela judicial efectiva”.
El consejero precisó que para los abogados la bajada del baremo será lineal, de un 7,5%. Se igualan los baremos de los procedimientos de familia, contenciosos y por mutuo acuerdo. Se igualan, asimismo, para los procedimientos abreviados sin conformidad, con conformidad y juicios rápidos.
En cuanto al cobro de las de las guardias por juicios rápidos se limita al 30% del total. A partir de ahí, se abonan como guardias normales. También se mejora el control de los gastos de gestión de los que se sigue anticipando el 8% y desaparece el IPC de la denominada cláusula de corrección.
En el caso de los procuradores, se han determinado dos baremos: para procedimientos civiles y penales, 45 euros, y para recursos de apelación , 40 euros.
Los criterios establecidos, insistió el consejero, harán que prosiga “un mejor y más ágil funcionamiento de la Administración de Justicia, y los profesionales alcanzarán la estabilidad necesaria para garantizar la percepción de sus retribuciones”.
