Los retrasos del Ingreso Mínimo Vital dispararon las peticiones de ayuda a Cáritas y al Gobierno canario durante todo el verano

Colas este verano a las puertas del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Pérez del Toro, en Las Palmas de Gran Canria.

Sin cita previa en la Seguridad Social, con retrasos para conseguir un informe de la situación socioeconómica según el ayuntamiento, llamadas que no se responden, perfiles que se quedan fuera por no tener cuenta bancaria, por ser migrante, mujeres en contexto de prostitución, personas que se encuentran en situaciones de pobreza sobrevenida… Los primeros meses del Ingreso Mínimo Vital (IMV)  han sacado a la luz que aún quedan muchos aspectos que mejorar, tanto en la agilización como en la cobertura. La pobreza y exclusión se ha incrementado en Canarias durante la pandemia, una de las comunidades donde ya existía una tasa del 36%, y por ello a muchas familias no les ha quedado otra alternativa que tocar en la puerta de Cáritas, donde se presta atención psicológica, laboral, social, jurídica… pero ¿qué otras vías existen mientras se desbloquea el IMV? El Gobierno de Canarias recuerda que mantiene uno de los principales mecanismos de protección de la comunidad autónoma, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que ha multiplicado el número de resoluciones este verano y se ha modificado esta misma semana a través de un decreto ley para dar cobertura a más familias. 

Uno de los problemas del IMV es que, a pesar de que sus cuantías son mayores, de momento solo tiene en cuenta las rentas del año anterior; una situación que deja en desamparo a las personas a las que la pandemia empeoró su economía. Es el caso de un ciudadano de Gran Canaria a quien la Seguridad Social solo le ha reconocido el derecho a percibir diez euros por el Ingreso Mínimo Vital; es decir, la diferencia entre sus ingresos del año pasado y lo que el Estado considera que le corresponde en base a la estimación actual. Se trata de un ingreso de diez euros que le llega pese a que alega que no recibe otras prestaciones actualmente. Por ello, ha presentado una queja en el organismo. A raíz de estas dificultades que se han generado para este y tantos otros ciudadanos y ciudadanas, el Ministerio de Migraciones y Seguridad Social ha anunciado algunos cambios en los últimos días: las solicitudes se podrán resolver en seis meses, se abonarán con carácter retroactivo todas aquellas que se hayan presentado desde junio, aunque también ha endurecido requisitos para los menores de 30 años.  

El director de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Javier Bermúdez, subraya que pese a los retrasos del IMV está convencido de que “es un derecho histórico que se va a consolidar”. No obstante, sí lamenta que el hecho de que se vaya a abonar con carácter retroactivo no soluciona el día a día de muchas familias. Por ello, el Gobierno regional ha realizado algunas modificaciones en la PCI. Para solicitarla, ahora no es necesario tener resuelto el IMV, aunque sí haberlo solicitado previamente. Además, a las familias a las que les llegue aprobado el Ingreso Mínimo Vital y que están cobrando la PCI no tendrán que devolver esa cuantía percibida. 

A unos 3.000 canarios les llegó el IMV en agosto

Las peticiones de ayuda y de solicitudes resueltas no han parado de incrementarse durante todo el verano. Entre junio y julio, la Consejería de Derechos Sociales activó 1.376 altas, una cifra que ha continuado en aumento en agosto, con 263 nuevas solicitudes dadas de alta. De las 5.687 unidades de convivencia a las que llegaba la prestación el año pasado, ahora llega a 8.184. Es decir, casi 2.500 familias más se benefician de esta prestación. Bermúdez insiste en que no se deje de solicitar esta prestación y que el informe social tiene en cuenta los ingresos de estas personas a los tres meses antes de solicitar esta ayuda, y no la renta del año anterior, como ocurre con el IMV. 

En Cáritas Diocesana de Canarias, desde que acabó el estado de alarma, se dejó de realizar un recuento continuado por semanas del aumento de personas que solicitaban ayuda a la entidad, pero en esos meses de confinamiento, la ONG afirmó que había atendido a más de 3.000 familias vulnerables solo en la provincia oriental. Por su parte, Cáritas Diocesana de Tenerife llegó a asegurar que atendió cerca de 2.000 llamadas de familias solo durante el Estado de Alarma. No obstante, los problemas que ha generado el Ingreso Mínimo Vital y las dificultades para encontrar empleo estos meses han llevado a la desesperación a muchas familias. “La incidencia de esta crisis sanitaria ha supuesto la agravación de las condiciones de pobreza y exclusión social ya existentes”, afirma su secretaria general en Las Palmas, Caya Suárez. Explica que desde la entidad tratan de garantizar que las personas a las que no ampara ni la ayuda del Gobierno ni la municipal reciban recursos y recuerda que el colapso de las administraciones ha empeorado la situación. 

Pese a las soluciones a corto y medio plazo que se han propuesto por parte del Ministerio y el Gobierno canario, desde sindicatos como UGT han sido muy críticos con la gestión del IMV. Héctor Fajardo, responsable de organización del sindicato en Canarias, afirma que para agilizar este ingreso mínimo es necesaria la contratación de más personal. Los trabajadores de las oficinas de la Seguridad Social se encuentran colapsados, pero además de mayores efectivos, señala que es fundamental que exista una mayor coordinación entre administraciones. Así mismo, subraya que esta prestación debería ser más ágil para favorecer a personas que se encuentren en situaciones difíciles de un momento a otro. Pone como ejemplo las personas que se han visto afectadas por retrasos en el pago del ERTE, algo que se volvió a producir este mes en numerosas empresas de Canarias por un cambio de criterio en la actualización de los datos. Un asunto que está en vías de solución. 

Cuando se anunció este derecho, se estimó que unas 50.000 unidades de convivencia isleñas se podrían beneficiar. Hasta ahora, los datos oficiales constatan que en el mes de julio a unas 3.000 familias canarias se les reconoció de oficio el derecho a percibir el IMV, que eran las que cobraban la Prestación Canaria de Inserción con hijos a cargo. Según los últimos datos remitidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en el mes de agosto se han resuelto 5.758 solicitudes de canarios, de las cuales 3.320 han sido resueltas favorablemente y 2.438 desfavorablemente. De este número de personas, 364 aún se encontraban en alta en nómina de la PCI de agosto.

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26 de septiembre de 2020 - 20:23 h

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