Salud Pública: frente a “las impertinencias” y la incomprensión, evidencias científicas

En el ojo del huracán a partir del estallido de la quinta ola de contagios por COVID-19, especialmente en la isla de Tenerife, atacado por políticos, por el sector de la hostelería y hasta por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), el departamento de Salud Pública del Gobierno de Canarias responde a todos con la mejor arma que tiene a su alcance: las evidencias científicas. “Hemos estado días haciendo informes para contestar impertinencias”, relata una de las personas de Salud Pública consultadas para este reportaje. ¿Cuál fue la última de esas impertinencias? La del primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, del PP, que ha llegado a insinuar una conspiración de las autoridades grancanarias contra la isla de Tenerife y más concretamente contra su capital, que en estas últimas semanas ha ocupado los primeros puestos de incidencia acumulada de contagios de toda España.

La razón de los ataques no es otra que la decisión del Gobierno de decretar el nivel de alerta 3, y con él, el cierre de los interiores de los establecimientos de hostelería, que de inmediato montaron en cólera. Apoyado por autoridades locales, muy particularmente por las de Coalición Canaria, el sector recurrió de urgencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una jugada que cogió al Gobierno con el paso cambiado y que, a la postre, ha supuesto un duro golpe para muchos de los equipos del Servicio Canario de la Salud que trabajan en la evaluación, en el seguimiento y en el control de la pandemia. 

La hostelería tinerfeña tiene nombres y apellidos y sin esas personas es difícil entender la sucesión de decisiones y acontecimientos que se desencadenaron en escasos días. Dos de sus líderes son Ramón Fariña, presidente de la Asociación de Restauración y Ocio de Santa Cruz de Tenerife, y Carlos Quintero, considerado el rey del ocio nocturno en la capital de la isla. Ambos ya venían mostrando duras críticas contra el Gobierno de Canarias casi desde el comienzo de la pandemia quejándose de las medidas que afectaban al sector y que, según sus cálculos, ponían en peligro entre 1.500 y 1.800 puestos de trabajo.

A ellos se atribuye la iniciativa de acudir al TSJC requiriendo medidas cautelares que paralizaran los efectos sobre la hostelería del nivel de alerta 3, lo que consiguieron a través de un auto que no solo causó estupor en el Gobierno por su escaso rigor científico y nulo respeto institucional, sino también en determinados sectores de la judicatura precisamente por adentrarse en terrenos que no le corresponde a la justicia determinar, como el grado de afección de una pandemia sobre la población en base a la vacunación.

Una vez conseguido ese éxito inicial, Fariña y Quintero fueron los más combativos cuando se iniciaron las conversaciones a iniciativa del Gobierno para encontrar una posición intermedia entre el cierre de los interiores y el regreso a las normas de la fase 2, en la que quedaron situadas las medidas para el sector hostelero gracias al auto judicial.

Mientras se reabrían los establecimientos y el ocio nocturno de las demás islas se envalentonaba y pedía ya la apertura hasta las cinco de la mañana, los contagios no paraban de alcanzar registros alarmantes hasta el que se rebasó este jueves, cuando se superó el nivel máximo de toda la pandemia. Lejos de enmendar su primer auto, el TSJC fue más allá en el segundo, redactado tras recibir por primera vez unas alegaciones del Gobierno que precisamente se basaron en un informe de Salud Pública que, a lo largo de 30 páginas, expuso una serie de evidencias científicas que apuntan a la actividad en interiores, particularmente la hostelería, como uno de los focos de contagio principales.

Ramón Fariña, propietario de una red de restaurantes McDonald’s en la isla de Tenerife, era el más combativo y el que consiguió un logro inaudito: que el TSJC fijara en su primer auto que los menores de 45 años no frecuentan locales de restauración. Fariña se rebeló contra el Gobierno cuando, en la mesa técnica posterior a ese auto, se propuso abrir la mano a la restauración a las personas vacunadas. El perfil de edad de su público es claramente menor de esas edades que dice el TSJC y, precisamente por eso, no está aún vacunado.

Carlos Quintero, el rey de la noche chicharrera, es un hombre de José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y a él hay que atribuirle la influencia que ha ejercido sobre la primera autoridad municipal de la ciudad, que no solo se lanzó desde el primer momento contra las medidas restrictivas a la hostelería, sino que ha rechazado de plano los datos epidemiológicos que colocaban a la capital tinerfeña a la cabeza de las ciudades españolas de más de 40.000 habitantes por número de contagios. Bermúdez prefiere el recuento que hace el Servicio Canario de la Salud antes que el de Grafcan, porque este último contabiliza los contagios por la localidad donde se han detectado y donde se les hace el seguimiento. Y al estar uno de los hospitales de referencia en Santa Cruz, Nuestra Señora de la Candelaria, podría incrementarse el número de positivos por las personas que, censadas en otras localidades, son detectadas en ese hospital. Pero no computa Bermúdez la gran cantidad de gente que viviendo en su ciudad o en la de La Laguna, sigue teniendo su tarjeta sanitaria en su municipio de nacimiento. Miles de estudiantes y de trabajadores, por ejemplo. 

Han caído tres

En Salud Pública trabajan unas quince personas haciendo el seguimiento de la pandemia en Canarias. Casi ninguna de ellas se ha podido tomar ni unas pequeñas vacaciones durante este año y medio, pero tres de ellas ya han caído víctimas del agotamiento. Algunas de las personas consultadas para este reportaje se han sentido en alguna ocasión “abandonadas” por el Gobierno, pero comprenden que tenga que atender las demandas de los sectores económicos.

Al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres le reclaman que, “en vez de dejarnos sin medidas en los niveles de alerta para mitigar la propagación imparable del virus, lo que tiene que hacer es ayudar económicamente al sector: eximirlo del pago de impuestos, pagarles la luz, además de un ERTE autonómico. Tiene que hacer su trabajo y dejar que nosotros hagamos el nuestro y seguro que así lo volveríamos a conseguir como en Navidades, que con toda la movilidad  y los agravantes propios de esas fechas, bajamos la incidencia”, dice uno de los funcionarios consultados.

“Nosotros no trabajamos por sectores económicos, trabajamos por ámbitos de riesgo. Lo que miramos es el riesgo que hay con las actividades que se realizan y ahí ponderamos todas las variables”, responden personas que trabajan en Salud Pública. “No demonizamos a ningún sector, pero no podemos trabajar con otros factores que no sean el riesgo sanitario, los aspectos de la salud; primero, prevenir los casos, de ahí que nos tengamos que adelantar, aunque se nos recrimine que no lo hacemos para evitar el mayor número de casos de ingresos y de fallecimientos”, resume.

“Nuestro objetivo es mantener al Archipiélago en el más bajo nivel de alerta posible, que es el que nos permite garantizar la salud de la población y conciliar la seguridad económica con la seguridad sanitaria. No se dan cuenta de que si la incidencia acumulada continúa en ascenso, nos convertiremos en un destino turístico inseguro sanitariamente”, recalca una funcionaria de Salud Pública que ha hablado para este periódico y que, como las demás, también prefiere que se omita su nombre. 

Porque realmente son conscientes en ese departamento perteneciente a la Consejería de Sanidad que “no solo hay que velar por la salud y la vida, sino también por los medios de vida de esas personas, de la población, pero claro, ahí tienen que participar otros expertos. Nosotros ponemos la salud a un lado de la balanza, y ahora que estamos en la desescalada, cuando ya está cobrando más peso la cuestión económica, no es salud pública la que tiene que hablar de los ERTES, ni del paro, ni de las ayudas a las pymes…”, añade.

Son inflexibles en sus posiciones: “Nosotros hacemos una graduación de riesgo y paralelamente a eso va un paquete de medidas que también tienen que ser graduadas. Eso es el semáforo. Nos tenemos que seguir manejando con el nivel de circulación del virus, no solo la incidencia acumulada, hay otros parámetros, hay una batería de indicadores que hay que comprobar porque tienen que tener consistencia. Así que por mucha fatiga, por mucha cobertura vacunal, si el virus está circulando y generando casos es que algo está fallando, siempre seguirán siendo los indicadores de circulación comunitaria los que marquen la pauta. Para nosotros la intensificación o la flexibilización necesariamente tendrá que venir por el grado de circulación: cuando hay transmisión comunitaria persistente, insistente y no controlada, (niveles de alerta 3 y 4), las medidas no se pueden flexibilizar, al contrario, hay que intensificarlas”.

Pero también hay un margen para el optimismo: “Si conseguimos el éxito gracias a la cobertura vacunal y al cumplimiento de las medidas, se controla el virus; ese será el momento de flexibilizar”.