El Servicio Canario de Salud se enfrenta a una reclamación de 250.000 euros por un incidente atribuido al matrón denunciado

Materno Infantil en Las Palmas de Gran Canaria.

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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El Servicio Canario de Salud (SCS) tramita desde hace un año un expediente de responsabilidad patrimonial a raíz de la reclamación presentada por una mujer que perdió a su hijo recién nacido tras las complicaciones sufridas durante el parto en el Hospital Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria. La afectada solicita una indemnización de 250.000 euros por los daños morales ocasionados como consecuencia de una presunta negligencia en la asistencia prestada. Se trata de uno de los incidentes recogidos en la denuncia que la jefa del servicio de Ginecología y Obstetricia del complejo, Alicia Martín, ha presentado contra un matrón del centro, M.S., al que acusa de “poner en riesgo” la salud e integridad de gestantes y bebés en ese y otros episodios en los últimos años. El trabajador, por su parte, atribuye esas imputaciones a una represalia por haber manifestado sus discrepancias con la gestión del anterior jefe de servicio en relación con la práctica de cesáreas en el área. 

El expediente se incoó a finales de de 2019, un año después de que se produjeran los hechos. La reclamación se basa en el relato contenido en el informe médico elaborado por la ginecóloga de guardia en esa fecha. Según este escrito, en ese parto transcurrieron 14 minutos desde que el tococardiógrafo comenzó a registrar un pronunciado descenso en la frecuencia cardiaca fetal hasta que accedió a esta sala tras detectar desde otra indicadores “francamente patológicos”. Añade que durante este tiempo, el matrón, “la única persona que se encontraba en el paritorio” junto a la paciente, permaneció “sentado ante el monitor” sin solicitar la presencia de la doctora, de la auxiliar de enfermería o de otro profesional del servicio, “aparentemente ajeno a la gravedad de la situación”. Siempre según la versión de la facultativa, M.S. arguyó que no se habían producido cambios significativos en el ritmo de los latidos del corazón del bebé con respecto al resto de la noche, a pesar de los valores registrados en el equipo de monitorización.

En ese informe, la médica adjunta de guardia explicó que, una vez adoptada la decisión de practicar una cesárea urgente por el riesgo de pérdida de bienestar fetal, el matrón mostró una actitud poco colaboradora y que no respondió a las preguntas que se le formulaban, ni realizó de forma inmediata el sondaje vesical, ni administró el antibiótico pautado, ni agilizó el paso de la paciente a la camilla de quirófano. Tras la cesárea, el niño fue ingresado en la unidad de Neonatología con pronóstico grave. Había sufrido una encefalopatía isquémica y precisaba ventilación mecánica para mantener las constantes vitales. Los familiares entendieron la situación y manifestaron su deseo de evitar un sufrimiento innecesario al recién nacido, que no respondía sin ese aporte adicional de oxígeno, por lo que los profesionales le fueron retirando de manera progresiva la respiración asistida hasta que falleció a los tres días. 

El matrón sostiene una versión opuesta a la recogida en el informe. El trabajador asegura que no avisó a la doctora porque “no hizo falta”, ya que una residente entró al paritorio “dos minutos después” de que comenzara a bajar la frecuencia cardiaca fetal. Afirma que advirtió esos valores preocupantes y que fue a comprobar si los electrodos se habían desconectado antes de que accediera el resto de profesionales a la sala. Desmiente, por lo tanto, que hubieran transcurrido 14 minutos desde que se inició la bradicardia hasta que la doctora se dio cuenta desde otra sala y también que se desentendiera de la atención a la parturienta en un momento de extrema urgencia. M.S. ha presentado una denuncia por acoso laboral ante Inspección de Trabajo. Otras fuentes vinculadas al centro también defienden la labor de este matrón y achacan la denuncia del equipo médico a su posición crítica con respecto a determinados aspectos de la gestión, entre ellos las supuestas reticencias de los facultativos a practicar cesáreas. 

“Alguien no hizo bien su trabajo”

“Es el propio SCS quien confirma y certifica documentalmente que se han cometido errores de bulto”, destaca la reclamación presentada en vía administrativa. Según el abogado de la afectada, de la lectura de la historia clínica se extrae “una única conclusión”: la muerte del neonato se produjo como consecuencia de una “bradicardia fetal mantenida”. “Alguien no hizo bien su trabajo y cuando un médico se vino a dar cuenta desde otro lugar de lo que estaba sucediendo, ya la situación era irremediable. Lo peor es que de la documental que se entrega” se acredita que “quien pudiera ser responsable del error omitió toda colaboración”, expone la denuncia que da pie al expediente, del que el matrón dice desconocer su existencia. 

Para la representante legal de la mujer, un centro hospitalario del nivel del Materno Infantil de Gran Canaria no puede cometer “un error de tal magnitud” si sigue “escrupulosamente” las instrucciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) sobre monitorización constante. “Se desconoce cómo la dirección hospitalaria no puso los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción de guardia”, expone el escrito, ya que “a la muerte del bebé pudo haber coadyuvado la falta de colaboración profesional del matrón”. 

La sociedad profesional establece que la atención al parto debe basarse en los principios de “humanización, control fetal y alivio del dolor”. La reclamación señala que en este caso “se alargó el sufrimiento fetal más allá de los límites normales”, lo que provocó la muerte del bebé y “secuelas irreparables” en la madre que desembocaron en una incapacidad laboral.

“Cualquier trabajo de parto obliga a una vigilancia exhaustiva del estado materno y fetal. No parece probable que siguiendo este tipo de recomendaciones no se advirtiera con suficiente antelación el sufrimiento fetal mantenido intraparto y haber tomado la decisión inmediata de intervenir por cesárea y evitar las secuelas que provocaron la muerte del menor”, redunda un escrito que también subraya que es “ilustrativo” lo que describe la propia doctora en su informe, es decir, “que se enteró por azar, pues nadie se preocupó por mantenerla informada y que, además, cuando intentó recuperar al bebé no obtuvo colaboración por parte del matrón”. 

La reclamación también apunta que M.S. “no se cruzó ni una sola frase” con la parturienta ni le proporcionó “ningún dato de cómo se iba desarrollando el parto”, a pesar de que durante ese periodo se produjeron “varios episodios de vómitos”. 

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