Memoria Histórica en Canarias

Los símbolos del monumento a Franco que impiden resignificarlo y las excusas de Santa Cruz de Tenerife para mantenerlo aún

La Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias aprobó esta semana el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife, lo hizo con el voto en contra de su alcalde, José Manuel Bermúdez (CC) y del concejal del PP y primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz. El documento es un mandato recogido en la Ley de Memoria Histórica de Canarias, que obliga a la retirada de los elementos que se incluyan en él y que fue encargado a un equipo de investigación compuesto por las doctoras María Isabel Navarro, Yolanda Peralta y el doctor Ricardo Guerra, de la Universidad de La Laguna (ULL), que ya había realizado un estudio previo encargado por el alcalde. En él se destacan unas 80 representaciones o exaltaciones del régimen franquista que perviven aún en sus calles incumpliendo la Ley de Memoria Histórica de 2007 o la regional de 2019. Entre los monumentos y esculturas que recoge, destaca el dedicado a Franco, que no ha estado exento de polémica y que el PP ha llegado a proponer que se convierta en punto de interés turístico. Sin embargo, ni es Bien de Interés Cultural ni hay elementos que sostengan su permanencia. La simbología localizada en la investigación impide su resignificación y concluye su “necesaria retirada”. 

Tras el acuerdo de la comisión técnica, el mismo concejal del PP ha asegurado que está dispuesto a recurrir este catálogo y ha pedido en un comunicado que en la elaboración del mismo no solo participen los expertos, sino “la ciudadanía”. Desde que se diera a conocer la finalización de este estudio, él y el alcalde Bermúdez han mostrado su malestar con el hecho de que se comenzara con esta ciudad e insisten en que debe estar finalizado el de toda Canarias para actuar. El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, ha explicado que se ha comenzado por Santa Cruz de Tenerife, pero se continuará con el de Las Palmas de Gran Canaria y después con todas las capitales insulares y así hasta completar los 88 municipios. Se aprobará cada fase y se actualizará como contempla la Ley. “¿Por qué necesitan el catálogo de Firgas para actuar en Santa Cruz?”, se cuestiona. 

El Ayuntamiento podrá recurrir la orden de la Consejería de Educación cuando sea publicada en el Boletín Oficial de Canarias, pero según las fuentes consultadas la ley sí permite actualizar el catálogo por fases y nada impide a Santa Cruz de Tenerife aplicar la norma estatal y autonómica vigente. El catálogo lo que permite es contar con una herramienta más para obligar a cumplir la ley después de que durante 15 años se haya incumplido de manera sistemática la norma estatal. La consejera de Educación, Manuela Armas, y la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, suscribieron hace unos días un convenio de cooperación para el desarrollo de investigaciones relacionadas con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de Canarias, “trabajos que conformarán el Catálogo de vestigios franquistas de todas las islas”, señalaron.

¿Por qué es ilegal el monumento a Franco?

El conocido como monumento al caudillo, es un complejo proyectado y construido en la encrucijada de la Rambla de Santa Cruz (antigua Rambla del General Franco) y la Avenida de Francisco La Roche (antigua Avenida de Anaga) de Santa Cruz de Tenerife y carece en la actualidad de declaraciones de valor conducentes a la protección de los bienes del patrimonio artístico, arquitectónico o artístico-religioso por las administraciones competentes en la materia. “Desde esa perspectiva, no es preceptiva su conservación como monumento en su conjunto, teniendo en cuenta que es un complejo que vulnera los principios democráticos de convivencia, y contribuye a la distorsión de la verdad histórica al tiempo que es la muestra más exacerbada de exaltación al dictador como figura mesiánica”, destaca el informe. 

En él se localizan hasta nueve símbolos creados por el escultor con ocasión de la conmemoración de 1964. Por un lado, la victoria obtenida por el ejército sublevado en la Guerra Civil Española (imagen de la victoria); la isla de Tenerife como referente geográfico de la planificación de la rebelión militar (relieve en forma piramidal como base del monumento) y este referente se asocia a otro símbolo, la relación de lealtad de la isla de Tenerife a la figura mesiánica de Franco. El cuarto símbolo que se menciona es la pretensión de elevar al dictador al rango de referente metafísico sancionado por el auxilio del arcángel. Además, menciona “la reivindicación de la iniciativa militar contra el gobierno de la República como una guerra santa, a través de la alegoría del general Franco como figura que sustenta la paz armada mostrando la espada como cruz, símbolo de la cruzada de liberación, a pesar de que nunca fue reconocida como tal por el Vaticano”. Y, por último, la presentación de los escudos de los nueve partidos judiciales de la provincia como escenario de “respaldo a la acción del vuelo del general Franco en el Dragon Rapide para iniciar la sublevación militar constituye una evidente vulneración de la verdad histórica y un símbolo que atenta contra los principios desarrollados en la Ley de Memoria Histórica”. 

La investigación detalla que el monumento a Franco es, por tanto, “una interpretación que impone una versión distorsionada de la guerra y sus consecuencias a los vencidos y persigue la exaltación permanente de la victoria y, en este caso, una santificación de la figura del dictador” y responde, como en los restantes monumentos repartidos por la ciudad, “a la tradición de las obras de arte que persiguen la transmisión de ideales en el sentido del exemplum virtutis - ejemplo de virtud-, propaganda de tradición historicista convertida en el siglo veinte en un potente instrumento de control ideológico al combinarse (con los mass media prensa, radio y documentales o noticiarios como el No-Do) propios de los regímenes totalitarios”. 

El catálogo detalla que su ejecución se acompañó de dos hechos que afectaron a la población. Por un lado, el procedimiento denominado de suscripción popular, “sistemático método de extorsión practicado a través del control ejercido por los órganos de gobierno militar y civil poseedores de la información sobre la ciudadanía, según puede comprobarse en la documentación elaborada por el propio organismo de gestión, el Gobierno Civil de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife”. Fueron los tinerfeños, por tanto, quienes se vieron obligados a pagar el monumento. Y el segundo hecho que detalla es el uso continuado de este espacio urbano “como lugar memorial mediante una ocupación permanente de la escena pública conmemorando un evento de culto al dictador”.

No es el único, la capital tinerfeña presenta “uno de los casos más intensos” de España con una gran concentración de elementos conmemorativos del régimen “de dimensiones monumentales en una superficie muy reducida”, detalla el catálogo de vestigios. La isla de Tenerife, residencia de Franco en aquel momento, se convirtió de este modo en “una referencia en la cartografía de los emblemas de la Victoria en el momento en el que avanzó la supremacía del bando rebelde”. El monumento al caudillo cierra así todo un circuito de emblemas memoriales impulsados desde el golpe de estado como el Monumento a los Caídos en la Plaza de España (1943-1947); el Puente del General Serrador y Mercado de Nuestra Señora de África (1943); la Barriada de García-Escámez (1945) o los Barrios de la Victoria o del Marqués de Somosierra. Actualmente, son unas 80 exaltaciones que hay que retirar en toda la ciudad, total o parcialmente, como es el caso del Mercado de África o del monumento a Los Caídos.

¿Por qué en este caso no se puede resignificar? 

A diferencia de las piezas que forman parte del conjunto del Monumento a los Caídos de la Plaza de España en Santa Cruz de Tenerife, el memorial del Monumento al Caudillo en Santa Cruz de Tenerife plantea “una problemática única en el contexto de los monumentos realizados”, detalla el estudio. La principal conclusión es que “el eventual mérito técnico y artístico de las piezas escultóricas no permite evitar su retirada del espacio público debido a que resulta inviable su contextualización, teniendo en cuenta el código de sacralización asociado a la figura del dictador y la colección de falsos argumentos históricos y simbólicos desarrollados en el conjunto”. Por ello, los elementos escultóricos deben ser retirados en condiciones de seguridad y ser custodiados en dependencias municipales sin posibilidad de ser exhibidos en un espacio público carente de recursos de identificación e interpretación. 

Las investigadoras resaltan que la retirada de elementos escultóricos con las debidas garantías ha sido objeto de una consulta, tanto para este conjunto escultórico como para el Monumento a los Caídos en la Plaza de España. Dicha consulta se realizó al Compagnon Régis Chaperon por su formación equivalente a la de los maestros canteros medievales, expertos escultores conocedores de la historia de las técnicas. Se ha concluido que este proceso de revisión de “los patrimonios incómodos del pasado” debería permitir su instalación en un parque público con la contextualización necesaria acerca de su valor artístico y su sentido histórico y cultural. Como se ha planteado en el caso del Monumento a los Caídos en la Plaza de España, el recinto elegido debería tener en sus proximidades una infraestructura consistente en un Centro Internacional para la Paz y la Reconciliación en el que se integre la creación de un centro documental, centro de formación y centro de difusión sobre los contenidos de la memoria democrática, que la administración considera necesario difundir entre los sectores de las administraciones públicas.