El sindicato UPCC pide la suspensión del concurso de informativos de la Televisión Canaria
La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias- Federación de Sindicatos de Periodistas (UPCC-FeSP) ha reclamado al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (TCAP) la suspensión provisional del concurso de informativos de la Televisión Canaria, cifrado en 144 millones de euros. El sindicato ha presentado este lunes un recurso contra la decisión “unilateral, personal y sin competencias” del presidente del ente, Santiago Negrín, a la hora de sacar a concurso este servicio “para volver a privatizarlo”.
UPCC considera en su escrito que la convocatoria del concurso y el anuncio de la licitación parten de un órgano “manifiestamente incompetente”, el presidente del Consejo Rector, y no del Consejo Rector, como es “la contundente voluntad del legislador” al especificarlo en el artículo 15.4k) de la Ley de Radio Televisión Canaria (RTVC).
El sindicato de periodistas canarios considera todos estos actos “nulos de pleno derecho” y solicita al tribunal, como medida provisional, la suspensión del anuncio de licitación, los pliegos y otros documentos contractuales o actos de trámite del procedimiento a efectos de “garantizar la eficacia del recurso” y de “evitar perjuicios de difícil o imposible resolución”.
UPCC recuerda que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos ya se declaró incompetente ante el recurso presentado por la anterior concesionaria. Sin embargo, se desmarca de “intereses ajenos al público” y defiende en su escrito que el tribunal sí que puede juzgar este caso ya que el ente RTVC está adscrito (como el propio TACP) a la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias.
El sindicato incluye en el recurso el reciente informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Canarias y recuerda que, si bien el Parlamento tiene exclusivamente un control del naturaleza política, no jurídica, ésta compete, “en este caso y a los efectos de este recurso previo a la interposición del contencioso administrativo, al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, tal y como establece el Decreto 10/2015 de su creación y el artículo 5.5 del Decreto 183/2015 por el que se determina la estructura central y periférica de las consejerías del Gobierno de Canarias”.
UPCC señala en un comunicado que lleva años defendiendo y exigiendo a los diferentes gobiernos y grupos parlamentarios que se dejen de privatizar los servicios informativos y que, por ello, celebra que “por fin vea la luz” el informe del jurista Martín Orozco que asegura que, antes del concurso, el Consejo Rector debía decidir si seguía con los privatizaciones o recuperaba un servicio para lo público “que ya nació privatizado”.
La organización espera que con su recurso se pueda tumbar el concurso y “lograr de una vez por todas que unos servicios informativos 100% públicos que no respondan ni a intereses partidistas ni a intereses económicos de las productoras privadas que han tenido y tienen a los trabajadores en precario”.
El sindicato de periodistas señala que “igual de cierto es que hay medios de comunicación que informan de lo que está pasando en RTVC porque su intereses empresariales se lo permiten, también los hay que no informan, porque sus intereses empresariales no se lo permiten”. UPCC recuerda que el concurso es de 144 millones de euros y que optarían a él “grupos empresariales a los que pertenecen casi todos los grandes medios canarios, incluso, a los que pertenecen los responsables políticos de RTVC en excedencia”.
Presiones a Santiago Negrín
UPCC también se ha referido a la amenaza de Santiago Negrín de acudir a la Fiscalía para denunciar las presiones a las que asegura haber sido sometido por parte de medios de comunicación. “Puede acudir a los juzgados y pedir una rectificación si un medio de comunicación no se la concede y se comprueba que la información es falsa”, pero la Fiscalía “no responde a denuncias de presiones con la publicación de informaciones, sino a la incitación a cometer delitos”, por lo que anima al director del ente a acudir a Anticorrupción en el caso de que haya sufrido ese otro tipo de presiones.
La unión de periodistas lamenta que se vuelva a convertir en noticia el anuncio de denuncias en Fiscalía antes de presentarlas y señala que, “ante el artificio con poco recorrido, queda en segundo plano que el propio comunicado del presidente del Consejo de RTVC reconoce las conclusiones del informe jurídico de Martín Orozco que él mismo le encargó”.
Para UPCC, la única manera de acabar con el “y tú más” de los diferentes intereses empresariales que están pugnando por los 144 millones de euros del contrato es suspender el concurso y que el dinero público no vaya a manos privadas sino a crear unos servicios informativos 100% públicos, como legitima el informe jurídico citado. “Un servicio público sin intereses empresariales, sin precariedad laboral, y con las herramientas suficientes (elección de los miembros del Consejo Rector por concurso público como en RTVE, activar el Consejo de Informativos…) para enfrentarse a los intereses partidistas que impiden el constitucional Derecho Fundamental a la Información de la Ciudadanía”, concluye.
