Los sindicatos de Justicia recurren las pruebas de acceso para los dos archiveros elegidos a dedo
Los sindicatos con representación en la mesa sectorial de Justicia presentarán el lunes un recurso ante la propia Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para invalidar el examen teórico al que este viernes se han sometido las dos personas que, de una forma sospechosa, han sido seleccionadas por la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María Dolores Alonso, para cubrir los puestos singulares de gestión de los archivos judiciales en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
En la reunión mantenida por videoconferencia entre los representantes de los trabajadores de Justicia de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, se ha acordó también que si ese recurso no es resuelto en tiempo y forma “se acudirá a la vía penal”, informó a este periódico Gregorio Pérez Sosa, presidente de la Junta de personal en los juzgados tinerfeños.
“Eso no quita para que el próximo viernes, 22 de julio, se presente ya formalmente la denuncia contra María Dolores Alonso por un presunto delito de prevaricación”, añadió Pérez Sosa.
Los sindicatos Co.Bas, UGT-FSP, STAJ, CSI-F, Intersindical Canaria y CCOO denunciaron el pasado 2 de julio dos resoluciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por las que se convocaban entre el personal interino dos plazas para la gestión de los archivos judiciales territoriales en ambas provincias, cuando esas plazas ya están ocupadas y en todo caso solo pueden acceder a ellas funcionarios de carrera.
Según Gregorio Pérez Sosa, “los dos seleccionados son, además, quienes menos puntuación han tenido”, y para colmo, tanto el acta como su resolución se firmaron el mismo día, el pasado 1 de julio, sin que la mesa sectorial tuviera conocimiento de la una ni de la otra. María Dolores Alonso, que pertenece al equipo del anterior consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, aún sigue en el cargo en funciones.
El examen teórico es uno de los requisitos para poder integrarse en la bolsa de interinos para todo aquel que no haya trabajado en Justicia o lo haya hecho por menos de seis meses en los últimos cinco años, y debe ser seguido de un examen práctico que, según el presidente de la Junta de Personal, “queda sin contenido, porque el archivero debe tener un tutor, figura que no existe en archivos”.
