Social 1 de Santa Cruz no sabe cuántos expedientes se ha llevado la juez Huerta
Pilar Huerta Sánchez no solo estuvo desaparecida hasta el pasado mes de marzo y hubo que pedir a la Policía que la localizara, sino que el juzgado en el que ejerció tardó cinco meses en responder al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que no sabía, ni sabe, cuántos son los expedientes pendientes de sentencia que obran en poder de la ex juez sustituta del juzgado de lo Social 1 de Santa Cruz de Tenerife.
En una comunicación firmada con fecha de este mismo martes, 12 de abril, y a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, Antonio José Castro Feliciano, presidente del TSJC, informa a la Fiscalía que ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la suspensión cautelar de Huerta, sin tener aún respuesta, luego, la polémica juez sigue siéndolo.
En la misma comunicación Castro Feliciano informa de que la magistrada titular, Victoria Rubio, ya alertó al TSJC en septiembre pasado de las nefasta gestión de la sustituta ilocalizable y de las “irregularidades en cuanto al dictado de sentencias respecto de la juez sustituta Pilar Huerta Sánchez”.
En septiembre de2010, el TSJC incoó diligencias informativas con el número 59/2010, tras recibir la queja de Rubio, y a partir de entonces hasta marzo pasado, varios bufetes de abogados se quejaron reiteradamente de que las causas de sus clientes habían sido enjuiciadas pero faltaba el dictamen de su señoría.
Castro Feliciano afirma en su comunicación oficial que en septiembre se dirigió oficio a la secretaria judicial de Lo Social número 1, “a fin de informar sobre los procedimientos pendientes de sentenciar por la indicada juez sustituta , así como desde cuándo obran en su poder, contestación que se recibe en febrero del año en curso, y al no concretar el número de procedimientos que obraban en su poder, se remitió nuevo oficio para que concretara este último extremo”.
Extremo que sigue sin saberse. Solo en el bufete de Ignacio Cestau, Carlos Berastegui, Juan Eusebio Rodríguez Delgado, Cristina Edodey Coleto y Olivia Concepción Hernández tienen 32 afectados, algunos por despidos improcedentes con lo que, al no haber sentencia, pueden ni reclamar cantidad ni ir al paro, otros por modificación de las condiciones laborales, y hasta hay quien espera desde septiembre de 2009 a que le digan si tiene derecho o no a una incapacidad permanente absoluta.
Requerida para que pusiera las sentencias en 15 días
El 9 de marzo pasado, Castro Feliciano recibió una comunicación de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial en la que participaba que se había incoado expediente disciplinario a Huerta. El 11 de marzo, el instructor del expediente, el magistrado Jaime Borrás Moya, de la sala primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, informo a ese Tribunal y al CGPJ que Huertas no estaba localizable, por lo que hubo que pedir ayuda a la Policía, que dio su domicilio en Puerto de la Cruz.
Una vez localizada, Huerta Sánchez fue requerida por el TSJC “para que en el plazo de 15 días dictara las sentencias que fueran de su competencia, Pese a la insistencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto de la Cruz en practicar la notificación y el requerimiento, éste no se pudo llevar a cabo hasta el día 10 de marzo de 2011”.
