Un total de 6.400 dependientes canarios siguen sin cobrar ni un solo euro

El Partido Socialista Canario (PSC) ha denunciado este jueves que sólo se han valorado el 15% de las 6.402 solicitudes de personas con el mayor grado de dependencia y que, no obstante, aún “no han cobrado ni un euro” de los que prevé la Ley que regula su atención y que debe gestionar el Gobierno canario. Esta Ley fija “máxima prioridad” a las personas con mayores dolencias y los socialistas critican que, a pesar de estar en vigor desde el 1 de enero de 2007, aún no han recibido sus prestaciones.

De esta forma, el secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, ha querido desmentir el anuncio del Gobierno de Canarias en el que asegura que está a la cabeza del Estado en la prestación de ayudas para la atención de personas que se encuentran en situación de dependencia.

Según datos de la propia consejería de Bienestar Social del Gobierno regional aportados por Aguilar, sólo se han valorado el 15% de las solicitudes de personas con el mayor grado de dependencia y acusa al Gobierno de Paulino Rivero de “ocultar” que “valorar no es lo mismo que pagar”. Para el socialista es “intolerable” que miles de familias cuyas personas queridas “están postradas en camas” aún no hayan recibido el dinero que por ley les corresponde y que el Gobierno regional se jacte de estar a la cabeza en su atención.

Pero es que además teme que pase lo mismo con las 12.000 personas con una dependencia severa en Canarias que desde 2008 tienen derecho a ser ayudadas a través de la Ley de Dependencia.

Aguilar aseguró que comunidades como Andalucía, Extremadura o Cataluña ya están aplicando esta ley y pidió al Gobierno de Paulino Rivero que “tome ejemplo”. Por su parte, la responsable de políticas sociales del PSC, Paquita Luengo, pidió que “si no saben o no quieren implantar el sistema de Dependencia que lo copien” de otras autonomías.

Presupuesto

López Aguilar mostró, durante la comparecencia de prensa que ofreció este jueves en Las Palmas de Gran Canaria, un documento en el que al parecer se niega la prestación a un solicitante dependiente argumentando que no se cuenta con presupuesto para ello.

“¿Cómo una consejería que maneja 7.200 millones de euros, que recibe ayudas de la UE y que va a tener garantizados hasta 2013 unos 7.000 millones de euros de ahorro fiscal puede tener la desfachatez de firmar una resolución en la que se dice no poder dar la ayuda porque no se tiene consignación presupuestaria?”, se preguntó.

En cuanto a las declaraciones de la consejera canaria de Bienestar Social en las que apuntaba que “mientras que el Estado sólo ha aportado 7 millones de euros a la Ley de Dependencia, Canarias ya ha destinado 124 millones”, la responsable socialista de políticas sociales, Paquita Luengo, aseguró que “mayor engaño no se puede hacer”.

“La Ley de Dependencia impone recursos nuevos precisamente para cubrir el 100% de las necesidades de atención o dicho de otro modo, los déficit que no cubren los Planes de este Gobierno, esto es lo que asemeja los servicios sociales a la educación y la sanidad, se trata de además de no de en lugar de”, argumentó Luengo.

“¿Dónde está el dinero que recibe el Gobierno de Canarias del Estado? ¿Lo mete en un banco para que lo generen intereses?”, se preguntó Luengo quien recordó que el sistema contempla una aportación por parte del Estado en los ocho años de implantación de 12.638 millones de euros, a la que se sumará otro tanto igual procedente de las Comunidades Autónomas y cerca de 40.000 familias con personas dependientes a su cargo en Canarias se podrán ver beneficiadas de su aplicación.

Planes sociales

Por último, Luengo aclaró, en relación a las ya comentadas declaraciones de Inés Rojas, que “identificar los planes sociosanitarios y los de la discapacidad con el nuevo sistema que implanta la Ley de la Dependencia es, cuanto menos, un insulto a la inteligencia” ya que, argumenta que los planes a los que se refiere Rojas “no contemplan ninguno de los servicios y prestaciones” de la citada ley sino que “son un puñado de residencias y de plazas que no cubren ni por asomo el déficit existente”.