Los trabajadores sociales convocan un parón en diciembre contra la reforma local

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

La portavoz de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, Koldobi Velasco, ha solicitado este miércoles la paralización del articulado de servicios sociales de la nueva reforma local, que entrará en vigor en enero y supondrá su "desmantelamiento" en los municipios.

En una rueda de prensa, Velasco ha informado además de las movilizaciones que convocarán en contra de esta ley, entre ellas un "parón laboral" en diciembre de los servicios sociales que se prestan en los 88 municipios canarios, para visualizar lo que supondrá la entrada en vigor de esta norma, que cuenta el rechazo de grupos políticos, como el PSOE, que han anunciado que la derogarán si gobiernan.

El presidente del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, David Muñoz, ha lamentado que a menos de tres meses de que entre en vigor la nueva ley no existe "ningún plan ni modelo de planificación" de cómo se prestarán esos servicios y, sobre todo, ha alertado de la necesidad de que se aclare el marco normativo referido a los servicios sociales.

En ese sentido, ha valorado como un "primer paso" el anuncio del Gobierno canario de que remitirá un informe jurídico a los ayuntamientos para que sigan desarrollando sus competencias en servicios sociales.

Estas competencias están amparadas en la Ley Canaria de Servicios Sociales de 1987 y en la nueva Ley de Municipios, aprobada por unanimidad en el Parlamento canario el pasado mes de marzo, pero aún así, Muñoz ha considerado que la reforma se debe paralizar y, en cualquier caso, clarificar el marco legal.

Velasco ha señalado que algunos ayuntamientos han dejado de contratar a trabajadores sociales ante la confusión legal existente, y los secretarios e interventores han advertido de que no aprobarán convenios ni presupuestos referidos a servicios sociales por no ser competencia municipal, ha añadido Muñoz.

Además, Velasco ha informado de que es preciso incrementar las partidas presupuestarios y los recursos de los servicios sociales, que deben ser reconocidos como un derecho en la Constitución Española y deben estar regulados mediante una ley estatal.

Asimismo, ha defendido que para mejorar la gestión deben crearse órganos de participación ciudadana.

Estas cuestiones han sido reivindicadas en las II Jornadas Los servicios sociales en Canarias. Impacto de la Ley de Reforma Local, celebradas la pasada semana y en la que participó el Diputado del Común además de cargos políticos, secretarios e interventores y agentes sociales.

Velasco ha hecho hincapié en que con la crisis económica los recortes en servicios sociales han sido "brutales" en los presupuestos estatales, mientras que en las cuentas canarias se han reducido un 30% en los últimos cinco años, cuando la demanda en la solicitud de estas prestaciones ha crecido un 40%.

Estos servicios solo llegan al 17% de la población, ha dicho Velasco, quien también ha destacado que existe un trabajador social por cada 16.000 habitantes, cuando debiera ser uno cada 3.000, si bien en Gran Canaria, la situación es aún peor porque la relación es de uno por cada 25.000.

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