El TSJC tumba la relación de plazas de LPGC
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado este lunes suspender cautelarmente la conversión del vínculo jurídico de laboral indefinido a funcionario interino que afecta a más de 600 trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Tal y como se desprende del auto al que ha tenido acceso Canarias Ahora, el TSJC destaca las circunstancias de especial urgencia que concurren en el caso, debido a que el próximo 1 de enero estaba previsto que culminase el procedimiento de reconversión del personal y, debido a las Navidades, apenas quedarían cuatro días hábiles para llevar a cabo el trámite ordinario.
Asimismo, considera que “los perjuicios para los empleados públicos municipales laborales indefinidos, de no acordarse la suspensión, son mayores que los que se irrogarían a la Administración municipal”. Al respecto, señala que existe una “advertencia expresa” del Director General de Recursos Humanos y Seguridad, José María Cabrera, dirigida a los trabajadores para tomar posesión como funcionario interino o perder su condición de empleado municipal, lo que el TSJC considera de “dudosa legalidad”.
Los sindicatos valoran en un comunicado que, por segunda vez, los tribunales vuelven a dar la razón a CSIF, UGT e IC. En ese sentido lamentan que, después de más de un año de advertencias en las diferentes Mesas de Negociación sobre la ilegalidad de esta fórmula, con un informe contrario de la Función Pública del Gobierno de Canarias, de la Intervención General y la Secretaría del Pleno, y con una Sentencia en contra del TSJC, el alcalde, Juan José Cardona, aprobó la RPT incluyendo el polémico cambio de vínculo.
“Hoy, la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC, acuerda la suspensión cautelar de lo que, a todas luces, salvo para el Sr. Cardona y sus asesores, era una ilegalidad manifiesta, lo que viene a dar la razón a los sindicatos demandantes y al Comité de Empresa, a los que no se les ha dado la oportunidad de negociar en unas Mesas en las que ha reinado la imposición pura y dura”, apostillan.
Los tres sindicatos demandantes exigen la paralización del Pleno del viernes 27 de diciembre, en el que se pretende aprobar de forma definitiva el Presupuesto y la Plantilla, ya que el Auto de suspensión modifica ambos documentos. Además, instan a la dimisión inmediata del Coordinador de Presidencia y Seguridad, Claudio Rivero, y de Cabrera, por ser “los ideólogos de este cambio de vínculo, a sabiendas de su ilegalidad”. En caso de no producirse estas dimisiones, solicitan al alcalde que los cese, ya que, además, “su nombramiento se ha realizado de forma ilegal”.
“Es una auténtica vergüenza para el mandato del Partido Popular en El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el que las relaciones laborales estén judicializadas, más cuando los tribunales fallan a favor de los trabajadores y trabajadoras”, “si por algo será recordado este mandato, será por la ingente cantidad de ilegalidades que se están cometiendo en materia de personal, y que, por fin, están saliendo a la luz gracias a los tribunales”, concluyen.
