Urgencias del Insular denunciará ante el fiscal la “precariedad” del servicio
Los empleados del servicio de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria denunciarán ante la Fiscalía, el Diputado del Común y el Defensor del Pueblo la “precariedad” laboral en la que trabajan, sobre todo en los picos asistenciales que se dan en invierno y en verano.
Una vez rotas las negociaciones abiertas hace dos meses con la administración sanitaria canaria, ante las respuestas “cada vez más condicionadas, vagas y abiertas” que ha dado en este tiempo a las reivindicaciones del colectivo profesional, los médicos de este servicio iniciarán una recogida de firmas entre pacientes y familiares para recabar apoyos a sus demandas.
Esta será la primera de una serie de medidas con las que el colectivo pretende demostrar que trabaja con menos personal del que se necesita para atender adecuadamente a las 280 urgencias que se reciben durante esos picos asistenciales, los comprendidos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo y los correspondientes a la época estival.
La presidenta del Sindicato Profesional de Médicos, Carmen Nuez, y diez profesionales de Urgencias del Insular han expuesto hoy en una rueda de prensa las medidas que impulsará el colectivo para hacer ver a las instancias correspondientes que estas carencias hacen que se atienda “de forma indigna” a los pacientes.
Tras la recogida de firmas, los médicos de Urgencias del Insular solicitarán una auditoría sobre sus condiciones de trabajo además de la acreditación del servicio, cuyos resultados harán llegar al Diputado del Común y al Defensor del Pueblo, que ya en enero de este año elaboró un informe sobre la saturación de estos servicios.
Además de sumarse a la marea blanca convocada en Canarias para el próximo 14 de marzo, el personal de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria no descartan nuevas movilizaciones para reclamar una gestión eficaz del servicio, que desde 2012 trabaja sin la reposición de dos bajas por jubilación y traslado.
Nuez ha indicado que la administración argumenta que los ajustes presupuestarios y las limitaciones impuestas al déficit público impiden ampliar plantillas y advierte a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones que “el buenismo” con el que han acogido las reivindicaciones del colectivo “se acabará” cuando tengan que gestionar y dar solución a sus problemas.
