Vivir con miedo a quedar en la calle con un bebé de un año: ''Esto es pan para hoy y hambre para mañana''

Hasta que estalló la pandemia, Victoria tenía una vida tranquila. Aunque no le sobraba el dinero, lo que ganaba le daba para vivir. Era peluquera y vivía en un piso de alquiler en Tenerife. Cuando los contagios descontrolados de COVID-19 obligaron a confinar el país, lo perdió todo. La despidieron del trabajo y se quedó sin ingresos. Su única opción fue entrar a habitar una casa vacía en el barrio de Gracia (La Laguna), propiedad de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), conocida también como el banco malo. Desde hace una semana no puede dormir. El 11 de octubre le advirtieron de que dos días más tarde sería desahuciada. 

Desde que recibió la notificación comenzó a movilizarse. Se desplazó al Ayuntamiento en varias ocasiones y asegura que, ante la falta de respuestas, se puso en contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su propósito era paralizar el desahucio y evitar así que ella, su marido y su hijo de un año y nueve meses quedaran en la calle. “Mi situación es penosa. Cobro una ayuda de 318 euros. Gracias a las ONG y a lo poco que me dan los Servicios Sociales he ido escapando”, cuenta Victoria a esta redacción.

Cuando la comisión judicial tocó la puerta de su casa el 13 de octubre a las 9.15, varias personas se amontonaban frente a ella para dar apoyo a Victoria. El desahucio fue paralizado. Fuentes de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias han explicado que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) solicitó frenar el desahucio. “Se les ha concedido más tiempo para valorar la situación de la familia y las alternativas a las que pueden acogerse”, han añadido. 

El ICAVI ha solicitado al Ayuntamiento por segunda vez, ahora por escrito, un informe de vulnerabilidad para valorar qué alternativas se le pueden ofrecer a la familia. Desde la Consejería apuntan además que la familia de Victoria se ha apuntado al programa Canarias ProHogar, que trata de atender a las familias que estén en situación de desahucio o de lanzamiento o que estén próximas a encontrarse en este estado. 

El concejal de Bienestar Social, Calidad de Vida y Drogodependencias del Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, ha asegurado a esta redacción que todo el procedimiento relacionado con esta familia se activó 48 horas antes de la fecha de desahucio prevista. “A partir de ese momento se activaron todos los recursos para encontrar una alternativa habitacional”, sostiene. 

Según la PAH, la única solución que recibió Victoria fue trasladarse a un piso para mujeres con su hijo y que su marido fuera a un albergue. “Las soluciones a los problemas de vivienda son las viviendas y no hay recursos alojativos de este tipo. Solo hay recursos compartidos que, además de ser temporales, pasan por segregar a las familias”, critica Inma Évora, miembro de la Plataforma. 

“Hemos afrontado casi 300 desahucios en tres años, y la mayor parte son unidades familiares. Cuando existe un riesgo de que la separación de la familia pueda suponer un perjuicio mayor, se ofrece un recurso compartido”, señala Ascanio. El edil defiende que desde 2021 La Laguna cuenta con un piso para familias. El municipio, añade el concejal, ofrece otras alternativas temporales como pensiones o recursos que también están previstos para familias. “El equipo técnico lo que hace es valorar y ofrecer alternativas más adecuadas. En los pisos se da acompañamiento psicológico y hay trabajadoras sociales que atienden a las familias en exclusiva”, asegura. 

Impacto en la salud mental

“Yo no tengo nada asegurado”, lamenta Victoria. Ha podido pasar una semana más en la vivienda, pero no ha logrado volver a dormir con normalidad. “Yo no sé si mañana van a venir y me van a echar. Me dijeron que se paraba el desahucio, pero para mí esto es pan para hoy y hambre para mañana. Yo no sé si voy a tener otro desahucio, si vienen y no me da tiempo de avisar a nadie”, cuenta.

La noche antes de la cita para el levantamiento de la vivienda no pegó ojo. Desde que se enteró del posible desahucio tampoco pudo comer. “Ya no por mí, sino porque mi hijo tenga que vivir esto”, apunta Victoria. Inma Évora, miembro de la PAH, insiste en que “los desahucios se han llevado vidas por delante”. “Se queda en las personas una sensación de pérdida, de fracaso, de indefensión, de no tener futuro, no saber cómo se van a solucionar los problemas. Esto mata a la gente”. 

Pobreza y exclusión en Canarias

Solo en La Laguna, según los datos ofrecidos por el concejal de Bienestar Social, fueron atendidas en torno a 15.000 personas en situación de emergencia en 2021. Del total de los casos de personas con necesidad de asistencia detectados en el municipio, un 70% estaba en una situación de calle o de riesgo habitacional.

Pero el lastre de la pobreza no se limita a La Laguna, sino que se propaga por todo el Archipiélago. Canarias es la región con mayor pobreza severa del país. Según el XII Informe Arope sobre El estado de la pobreza, seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE (2015-2021), 365.055 personas viven en hogares con ingresos inferiores a 454 euros al mes por unidad de consumo. 

Casi el 38% de la población de la comunidad autónoma estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social en el año 2021. En esta línea, las mujeres vuelven a ser las más perjudicadas. El 39,2% de las mujeres en las Islas está en riesgo de pobreza y exclusión, mientras que en el caso de los hombres la cifra cae a un 36,5%. 

La pobreza que envuelve a las Islas se suma a los precios disparados del alquiler y la baja presencia de pisos sociales y de protección oficial. Por estas razones, encontrar una vivienda en el Archipiélago se vuelve a veces una misión imposible. El informe La vivienda de alquiler en España, publicado por Comisiones Obreras, reveló que el pago del alquiler se lleva al menos el 30% de los ingresos de seis de cada diez canarios.

Según el Informe Arope, el 26,2% de la población de las Islas tiene retrasos en el pago de la vivienda. Un dato que se suma a las importantes dificultades que tiene el 59,2% de los canarios y canarias para llegar a fin de mes. 

En los últimos años, el coste de los alquileres ha crecido en los municipios más pobres de Canarias, pero se ha estancado en los más ricos. En los municipios con las rentas medias anuales más altas, como Santa Brígida (32.505 euros), Tegueste (24.801) o Puerto de la Cruz (23.843), el precio del alquiler apenas creció entre 2011 y 2020. Así lo indican los datos del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (INE). Por el contrario, en algunos pueblos empobrecidos como San Miguel de Abona (18.164), La Oliva (18.340) o Granadilla (17.973) el alquiler subió entre un 23 y un 17%. “Muchas familias se enfrentan a alquileres que no son asequibles. Ni tienen avalista, ni tienen nóminas, ni dinero para pagar la fianza”, concluye la PAH.