Dos detenidos por dejar sin agua potable a Caleta de Fuste tras robar 272 kilos de cobre en una estación eléctrica
La Guardia Civil del Puesto de Puerto del Rosario (Fuerteventura) detuvo el 4 de mayo a dos hombre de 40 y 32 años como presuntos autores de un delito contra el patrimonio por la sustracción de 272 kilogramos de cobre en un alternador eléctrico que abastecía de suministro a una desaladora, ascendiendo los daños causados a 20.000 euros.
La Benemérita ha explicado que la investigación comenzó el 22 de abril tras una denuncia formalizada por el robo de la bobina de cobre de un transformador eléctrico situado en Caleta de Fuste. La persona perjudicada manifestó que los presuntos autores accedieron al interior de la instalación forzando la puerta de acceso, y despiezaron el transformador auxiliar que abastecía de suministro eléctrico a la desaladora, que proporciona agua potable a un sector de la localidad de Caleta de Fuste, provocando un grave perjuicio para la ciudadanía y cuyos daños fueron cuantificados en 20.000 euros.
Además, añade la Guardia Civil, este robo representa un grave riesgo para los viandantes de la zona, ya que los responsables dejaron abierto en su huida el acceso a la estación eléctrica, “pudiendo constituir un peligro de muerte por la tensión que dichos elementos contienen”.
La investigación se centró en la venta del cobre
La Guardia Civil centró las pesquisas en un pormenorizado análisis de las ventas de cobre que se realizaron en los centros de recuperación de metales y gestión de residuos.
La venta de este metal había aumentado considerablemente en uno de los centros establecidos en la isla de Fuerteventura en días posteriores al robo llevado a cabo en Caleta de Fuste, lo que “llamó ostentosamente la atención de los agentes”. Además, el tipo de cobre dispensado “coincidía fielmente con las características del material sustraído”.
Por ello, la investigación se centró en localizar a los vendedores y conocer la procedencia del metal, para lo que se contó con el apoyo de asesoría de ingenieros industriales, quienes acreditaron que la procedencia del cobre dispensado en el centro de gestión de residuos estaba directamente relacionada con el metal sustraído.
La Guardia Civil comprobó que las personas que habían ejecutado las ventas, de las que obtuvieron un notable beneficio económico, contaban con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, en su mayor parte por múltiples ilícitos relacionados con el robo de cobre.
Por ello, se estableció un dispositivo policial en Gran Tarajal, donde de forma simultánea se produjeron las detenciones de los presuntos autores de los hechos. Las diligencias y los detenidos han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Puerto del Rosario.
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