El Ayuntamiento lagunero aún adeuda parte de las nóminas de Autogrúas Poli
El colectivo de trabajadores de la empresa Autogrúas Poli tiene aún pendiente de cobro parte de las nóminas adeudadas por el Ayuntamiento de La Laguna, en contra de lo que afirmó el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, José Alberto Díaz, que en el último pleno celebrado el pasado jueves, día 11 de diciembre, aseguró que esa misma tarde se había ordenado el pago de la cantidad que faltaba por ingresar.
Por este motivo, acusan a Díaz de mentir al tiempo que precisan que “a cuatro empleados se les adeudan doce mensualidades que suman un total de 63.290,79 euros”. A esto agregan que “dos de las trabajadoras tienen una sentencia a su favor de nueve mensualidades, lo que se traduce en un montante de 41.383,57 euros, que incluye los intereses de mora y las costas del juicio”.
Sin embargo, destacan que “lo que se ha ingresado a Autogruas Poli es un total de 38.582,67 euros (dos pagos 31.519,21 y 7.63,46) ordenado de forma inmediata por el concejal unas horas antes del pleno, en concreto a las 14:30 horas”.
Por todo ello, el colectivo de trabajadores resaltan que “una vez más, se puede comprobar que los políticos mienten, ya que, tal y como demuestran las cifras, es imposible que con lo ingresado dé para pagar las doce mensualidades que se adeudan a cuatro trabajadores”.
Un año sin cobrar
En el transcurso de la sesión plenaria del jueves intervino Begoña Fernández en respresentación de la plantilla de Autogrúas Poli con el objetivo de exponer con detalle su situación.
Al respecto, enfatizó que los responsables del Consistorio lagunero “se olvidan que detrás de esas nóminas pendientes hay personas, familias y responsabilidades que cumplir”.
A su modo de ver, “lo importante para el Ayuntamiento es que el servicio se preste a cualquier precio, sin piedad y defiende una empresa que no cumple con el pliego de condiciones en algo tan importante como el estar al día en sus nóminas y ya son doce nóminas las que adeudan a los trabajadores”.
Begoña Fernández recordó que “la empresa esta intervenida desde 31 de enero de 2014 ya que los siete propietarios, que además están imputados por la supuesta sustracción de piezas en los depósitos municipales de los vehículos retirados por la grúa, son incapaces de llevar una gestión empresarial eficaz y peligraba que se pudiera mantener el servicio”.
Subrayó que “en ese momento nos debían seis nóminas, habían deudas con la Seguridad Social, Hacienda y no había dinero para mantener los gastos estructurales. Sin embargo el ayuntamiento estaba al día en sus pagos en cuanto a facturaciones, por lo tanto está claro que ha habido una muy mala gestión en cuanto a previsiones de pagos, es decir, la empresa cobra puntualmente pero no atiende a ninguna de sus obligaciones”.
Ante esta situación, “hemos denunciado, nos hemos dirigido al área pertinente en más de veinte ocasiones mediante escritos por el registro de entrada, hemos acudido a los medios de comunicación, se han pedido aclaraciones de la situación de los empleados en diferentes plenos y se han presentado mociones intentando llegar a una solución del problemas de los trabajadores de las grúas”, apostilló.
No obstante, argumentó que “todo esto no ha servido de nada, porque el Ayuntamiento considera que mientras el servicio se cumpla todo lo demás da igual, dado que, al fin y al cabo, entienden que esto es un problema interno de la empresa”.
“Cuando nos debían seis nóminas decidimos denunciar el impago de las mismas de las que resulta una sentencia por el juzgado de lo Social nº 4 donde se condena al pago de nueve nóminas más intereses y costas de abogado a la empresa Autogrúas Poli, quedando embargadas las cuentas y las certificaciones de la empresa”, aseveró Fernández.
A pesar de ello, puntualizó, “desde ese momento no se ha procedido al ingreso de ninguna cantidad en las cuentas. Sin embargo, se siguen reparando grúas, poniendo gasoil y pagando teléfono y hace cinco meses que nos dicen que a la empresa no le entra dinero”.
Después de enumerar multitud de vicisitudes, la representante de los trabajadores resaltó que “es un problema que dura un año cargado de acuerdos en juntas de gobierno, mociones y preguntas en los plenos y compromisos incumplidos”.
Por todo ello, urgieron a que el Ayuntamiento ingrese lo que le adeuda a la empresa, “pero quizás, por haber hablado en el pleno reivindicando derechos y denunciando nuestra situación nuevamente seamos castigados sin la paga y fuera de la nueva modificación del pliego de condiciones”, sentenció.
