La Ley del Suelo, un nuevo episodio de corrupción 'legal'

“Los valles serán rellenados,

las montañas y las colinas serán aplanadas.

Serán enderezados los senderos sinuosos

y nivelados los caminos desparejos.

Entonces, todos los hombres

verán la Salvación de Dios“.

(Evangelio según San Lucas, cap.3 vers. 4-5)

No hace mucho decíamos que en Canarias, junto a la corrupción ilegal, convive otra corrupción “legal”, la que se produce cuando el poder público se pervierte configurándose como una plataforma de defensa de intereses privados. Como el capitalismo, este tipo de corrupción no procede de ningún acto fundacional, ha sido un destilado histórico que ha acabado imponiéndose por la fuerza de los hechos. Una especie de “destino manifiesto” de una oligarquía que se ha creído elegida para sojuzgar las leyes en su provecho. Tiempo han tenido, más de treinta años favoreciendo o gestando liderazgos, financiando campañas electorales y tarjetas black, alimentando egos y carreras les han proporcionado la capacidad de consolidar su proyecto histórico como clase.

“Se nos ha dominado más por el engaño que por la fuerza” (Simón Bolívar). Desde el primigenio Estatuto de Canarias en que, con una torticera Ley Electoral, hicieron saltar por los aires aquella máxima democrática de “una persona, un voto”, se consagró le supremacía dictatorial del tripartito que ha ido construyendo un andamiaje legislativo a toque de pito de las patronales y los grupos de presión. Con cada reforma del REF a las rentas de capital se les ha ido eximiendo cada vez más, mucho más, de su contribución, vía fiscalidad, a la Hacienda Canaria. Con cada obra pública, la mayoría innecesarias –los puertos de Granadilla o Arinaga, la mastodóntica terminal del aeropuerto de La Palma, los trenes de Gran Canaria y Tenerife, los recintos feriales y auditorios…– y con cada privatización –sanidad, educación, sectores estratégicos: trasporte, energía, agua y su distribución, EMMASA, EMALSA, servicios sociales, etcétera– se han garantizado la fluida transferencia de dinero público a cuentas privadas. Como colofón, el Estado, a modo de gran hermano Vip, ha proporcionado el marco normativo general adecuado a tanto desmán: una Constitución a la medida y unas leyes –Reformas Laborales y fiscales, reforma del artículo 135 de la Constitución y su corolario de recortes y sufrimiento, la antidemocrática y desmovilizadora Ley Mordaza, etc., etc.– que consolidan el estatus quo neoliberal que tanto demanda la burguesía de aquí y de allá.

Más madera: la Ley del Suelo. Un galimatías jurídico de 408 artículos, 15 disposiciones adicionales, 23 transitorias, 1 derogatoria, más 7 finales pretende, según afirman en el preámbulo los desconocidos expertos que han perpetrado el anteproyecto de Ley del Suelo, no sólo garantizar la protección, ordenación y uso de éste, sino superar la práctica de legislar al albur de problemas concretos. Sin embargo, adentrándonos en la espesura de su articulado, se comprueba cómo la ordenación a golpe de necesidad sobrevenida es una constante, pudiéndose “aprobar ordenanzas insulares o municipales, de oficio, bien por propia iniciativa, bien a petición de particulares que ostenten intereses legítimos representativos, por el procedimiento de aprobación de estas normas reglamentarias de acuerdo con la legislación de régimen local, con los mismos efectos que tendrían los instrumentos de planeamiento a los que, transitoriamente, reemplacen” (Art 155). O como se afirma en el artículo 169.1, “excepcionalmente, cuando concurran razones justificadas de interés público, social o económico relevante, el gobierno de Canarias, de oficio, bien por iniciativa propia, bien por petición de otras Administraciones o de particulares, podrá suspender motivadamente la vigencia de cualquier instrumento de ordenación para su modificación o adaptación, en todo o parte, tanto de su contenido como de su ámbito territorial”.

Cuestiones parecidas a estas salpican por entero la ley. Además, hay quien ya avisa de posibles vicios de inconstitucionalidad por vulneración del principio de legalidad y de jerarquía normativa, recogidos en el artículo 9 de la Constitución. Nos siguen engañando, nos siguen dominando.

La Ley desregula más que ordena. Reza un antiguo dicho que “las monjas no sólo tienen un estricto voto de castidad, sino también fuertes rejas en sus ventanas”. Pues bien, esta ley arranca de raíz las rejas que pudieran contener el furor urbanizador de alcaldes y promotores, que parecen poseer un irrefrenable instinto de devastación del territorio, si la ocasión de obtener ganancias lo merece. Pongamos que hablamos de toda la pléyade de alcaldes y concejales y algún que otro empresario que ahora mismo son juzgados por la Justicia por no reprimir esa pasión funesta. Con esta ley se hace realidad la vieja aspiración de los zorros de convertirse en vigilantes del gallinero (con la complicidad de los lobos de patronales y mercados). Nada impedirá que los alcaldes saquen adelante planes generales consagradores del pelotazo –ya hemos visto cómo se las gastan algunos– sin ningún órgano superior que vele por la legalidad de los mismos. Y más, cuando la misma ley permite que los planeamientos, la ordenación y los usos del suelo se puedan modificar de oficio, siempre que las instituciones decidan que existe una cuestión de interés general, y ya sabemos lo fácil que es declarar este tipo de cuestiones.

Ya se engrasan las concreteras y se ponen a punto los pica-pica, las grúas y las palas mecánicas a la espera de que los Clavijos, los Casimiros y los José Carlos Francisco den la orden evangélica de rellenar, aplanar, enderezar, nivelar cada valle, cada montaña, cada camino de nuestra tierra.

La Cotmac ha pasado a mejor vida y a los ciudadanos y ciudadanas sólo les queda rezar (a los creyentes), acudir a los tribunales (a los optimistas) o movilizarnos para parar este desafuero, los que no tragamos con más ruedas de molino.