El PSOE tacha de “ilegal” la aprobación de los presupuestos de 2024 del Cabildo de Tenerife
El grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha criticado este viernes la “ilegalidad” que a su juicio ha supuesto aprobar los presupuestos para 2024 en la corporación insular sin antes dar luz verde a las plantillas de personal de la institución, organismos autónomos y entidades públicas dependientes.
Asimismo, el PSOE de Tenerife ha dicho que esta ha sido la primera vez que se han sometido al pleno la aprobación inicial de las cuentas de 2024 sin que se incluyera en el mismo la aprobación inicial de las citadas plantillas de personal, los cuatro organismos autónomos y de sus dos entidades públicas empresariales.
Los presupuestos del Cabildo de Tenerife 2024 fueron aprobados este lunes con el voto a favor de CC, PP y Vox, mientras que este jueves el PSOE presentó una enmienda a la totalidad de los expedientes de aprobación de las plantillas en cuestión.
El grupo político recoge en la enmienda los expedientes que corresponden al Patronato Insular de Música (PIM), del Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC), de Tenerife Espacio de las Artes (TEA) y de Balsas de Tenerife (Balten).
El PSOE de Tenerife ha agregado que también presentará una enmienda a la totalidad a los expedientes de aprobación de las plantillas para el ejercicio 2024 del propio Cabildo de Tenerife, del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) y del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF).
El grupo Socialista se ha reafirmado en que la aprobación de los presupuestos 2024 ha supuesto un incumplimiento de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) y del artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Asimismo, puntualiza que aprobar la plantilla después del presupuesto puede producir “circunstancias de incongruencia”, además de que algunos puestos de trabajo se queden sin cobertura presupuestaria y se produzcan problemas “graves” en la gestión de recursos humanos y las entidades asociadas al Cabildo.
En definitiva, el grupo Socialista alude a una “inseguridad jurídica” a la hora de desarrollar políticas y programas.
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