Se complica la gestión de las aguas fecales a las comunidades de vecinos de Tenerife por la lentitud administrativa y los precios
La gestión de las aguas fecales en Tenerife ha sido un problema estructural que ya le ha costado a la Isla, y consecuentemente a Canarias, sanciones de la Unión Europea, constantes reprimendas y problemas que no sólo se han traducido en playas cerradas, sino en colapso de depuradoras y apremio con los proyectos previstos desde hacía decenios o nuevos. El problema se agravó entre 2018 y 2020 y, luego, no sin constantes complicaciones, retrasos o sucesos como el de la portuense Playa Jardín, con una depuradora comarcal del Valle de la Orotava (norte de la Isla) colmatada, ha ido afrontándose con nuevos colectores, obras en este equipamiento y en depuradoras de otras zonas.
Sin embargo, y aunque ya se advirtió en 2024, el año pasado hubo nuevos avisos de sanción de la UE al Cabildo, ayuntamientos y comunidades de vecinos y estas últimas han tenido que ponerse las pilas. El problema, según trasladan a Canarias Ahora algunos propietarios de viviendas afectados por la ausencia de conexión a la red principal, porque los pozos existentes se tapiaron o porque las depuradoras de sus edificios no funcionan o lo hacen de forma irregular, es que se han topado en los últimos meses con un cuello de botella para que el Consejo Insular de Aguas les apruebe los proyectos, dada la acumulación de expedientes presentados y tramitados casi a la vez, al tiempo que las pocas empresas especializadas en esta materia, debido a esta explosión de la demanda, se han visto también desbordadas y han subido los precios de forma más que considerable y, para algunos afectados, de manera casi inviable económicamente.
Aunque prefieren el anonimato para no verse aún más perjudicados, vecinos que de la comarca de Acentejo, en el norte de la Isla, que están pasando por este trance detallan a este periódico las dificultades de sus comunidades para afrontar la situación, el cuello de botella que han comprobado en el Cabildo de Tenerife con los proyectos técnicos y que dichas compañías “están haciendo literalmente el agosto con lo que están pidiendo por las obras”. Asimismo, se quejan del desinterés o la poca ayuda por parte de las corporaciones locales y que se ven prácticamente solos para intentar resolver sus problemas de conexión y depuración. En algunos casos, los presupuestos se han elevado en poco tiempo hasta un 40% y han superado, por ejemplo para comunidades de adosados, los 15.000 euros, cantidad más que considerable para pocos dueños y ante un apremio de este calibre, con el riesgo de sanción de la UE latente.
Según señalan, no se trata solo de una situación en su comarca, sino que, tal y como le trasladan las empresas o han comprobado en el Consejo Insular, estos cuellos de botella y súper inflación de precios y presupuestos casi instantánea en las empresas de este ámbito se da en toda la Isla y afecta a numerosas comunidades de vecinos.
La versión del Consejo Insular de Aguas
Desde el Cabildo se admite que el número de expedientes ha aumentado, aunque se subraya que no “hay saturación” y que el proceso “está funcionando bien”. El Consejo Insular de Aguas sostiene que esto se está gestionando “relativamente bien, mientras que otras cuestiones las llevamos peor por bajas laborales temporales. Efectivamente –apuntan desde esta área insular-, hace unos 5 o 6 años, todo el mundo empezó a meter el acelerador con los vertidos al subsuelo y al mar, sobre todo Europa y la Fiscalía, que nos ha advertido que el Consejo es la autoridad competente y que tenemos que cumplir con esta responsabilidad y, desde hace cinco años, hemos dotado de mayores medios a este departamento y estamos haciendo nuestro trabajo, algo que nadie puede poner en duda”.
El Consejo Insular de Aguas recalca también que ha cumplido hasta ahora con su responsabilidad “a dos niveles: a escala municipal, nos hemos reunido con los ayuntamientos y les hemos trasladado las consecuencias de la sentencia del 18 de diciembre pasado, cuando se condenó a la isla de Tenerife por trece aglomeraciones urbanas, y hace poco nos volvimos a reunir con todos por otro expediente del que seguramente habrá otra sentencia este año o el siguiente, para que los consistorios sean conscientes de que tienen que ejecutar obras y desarrollar lo que tienen en sus planes de saneamiento; tuvimos una reunión por separado con cada ayuntamiento y, luego, una conjunta con Cooperación, por los planes de cooperación. Por este lado, nadie puede decir nada porque coordinamos con ellas y la mayoría de depuradoras están terminadas y puestas en marcha, y ahora faltan los colectores municipales”.
Asimismo, y respecto a los usuarios o vecinos, se remarca que el Consejo tiene “la competencia de otorgar autorizaciones a aquellas viviendas que tengan un consumo superior a 250 metros cúbicos al año para que puedan tratar el agua y verterlo en sus suelos, siempre y cuando no tengan alcantarillado. Como es algo muy frecuente, y aunque esto no es de ahora, sino desde el año 1994, cualquier edificio de más de dos viviendas tiene que pedir autorización para aplicar un sistema de tratamiento de sus aguas residuales y el vertido al subsuelo y, desde que se le ponga el alcantarillado delante, tienen que conectarse. Desde 1994, tenemos miles de autorizaciones, con unos condicionantes: a cada una de las comunidades de vecinos, se le exige tener el sistema en condiciones para tratar bien el agua y verterla al suelo en las condiciones que pide la normativa. Cada cuatro o cinco años, nuestros inspectores visitan esas instalaciones para ver si funcionan bien y, si no, abrimos el correspondiente expediente para solucionarlo, pues no se puede permitir vertidos autorizados que no se cumplan con el condicionante, pero esto se lleva haciendo muchísimos años”.
Además, y aunque el UE haya advertido a los ayuntamientos y las comunidades de vecinos de posibles sanciones, consideran que esos avisos no se traducirán nunca en expedientes de cobro real y que, en tal caso, existente unos márgenes de tiempo amplios para que haya finalmente vertidos fecales cero en la Isla, corrigiéndose así uno de los principales problemas ambientales de Tenerife desde hace mucho. Asimismo, destacan los avances con los colectores, depuradoras y resto de obras en las distintas comarcas y el hecho de que desde la UE ya no se ponga tanto el foco en la principal administración de la Isla.
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