El Gobierno de Canarias destruye un grabado guanche al instalar un bebedero para animales

A la izquierda, el bebedero instalado por el Gobierno de Canarias, y a la derecha, el grabado guanche.

Álvaro Morales

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El colectivo de arqueología social Imastanen denuncia, por medio de Canarias Ahora, la desaparición de un grabado rupestre guanche que entra en la catalogación de “damero” situado en San Miguel de Abona, municipio del sur de Tenerife. El grupo achaca lo ocurrido al Gobierno regional por haber habilitado un bebedero para animales dentro del programa + por Canarias, junto a la Federación de Caza, y lamenta que la consecuencia final es que “se han llevado por delante un testimonio milenario de nuestra cultura indígena”. Además, alerta de que en las inmediaciones “sobrevive otro grabado de tipología lineal que podría correr la misma suerte”.

Como hacen con otras numerosas denuncias públicas, los miembros del colectivo resaltan “la multitud de manifestaciones” patrimoniales existentes en esta “importante zona arqueológica del sur, pero que siguen siendo víctimas de la desidia y la negligencia institucional, lo que ha posibilitado un nuevo atentado contra nuestro legado ancestral”. En este caso, indican que el grabado “no estaba catalogado, pese a encontrarse en un área con otros próximos que sí están se encuentran registrados”. 

Para Imastanen, “este hecho pone en duda la eficacia de las prospecciones que se realizan desde la administración y que, en muchos casos, dejan fuera de registro algunos vestigios, lo que supone que queden sin ninguna garantía de protección jurídica que los ampare. La ausencia de catálogos municipales actualizados y la descoordinación entre las áreas correspondientes de las diferentes administraciones locales dan como resultado una gestión defectuosa que sigue sin garantizar una protección efectiva sobre nuestros bienes patrimoniales”.

Como en otros muchos casos, al comprobar lo sucedido, el colectivo informó al área de Patrimonio Cultural del Cabildo de Tenerife, “desde donde se nos confirmó que ese grabado no estaba inventariado. Frente a nuestras continuas denuncias por casos similares, hemos llegado a obtener, por respuesta por parte de algunos ayuntamientos, incluso el reproche de que no llegásemos a tiempo para salvar el bien arqueológico afectado. Ante esto, cabe preguntarse: ¿somos nosotros -una asociación sin ánimo de lucro y que sólo actuamos desde el amor debido al patrimonio indígena- los que debemos velar para que este tipo de sucesos no se den o la propia administración municipal, que tiene, entre otros mandatos legales, la obligación de custodiar, preservar, conservar y proteger los yacimientos guanches presentes en su ámbito territorial? Mientras estas preguntas caen en oídos sordos, las máquinas pasan por encima de nuestra historia, arrancándola para siempre”, se quejan.

Rocas donde se encontraba el grabado, destruidas.

Para el grupo, la primera causa de esta pérdida irreversible “es la falta de coordinación entre administraciones: el Gobierno de Canarias instala un bebedero sin mirar dónde pisa; el Cabildo no tiene la zona inventariada; el Ayuntamiento de San Miguel de Abona no ha cumplido con sus catálogos y, así, siguen pasándose la pelota, mientras que un grabado guanche que llevaba cientos de años contándonos quiénes fuimos desaparece para siempre. Esto no es un accidente: es una negligencia colectiva, que se repite demasiado a menudo”.

Incumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de las Islas

Según remarcan, hay que poner el foco “en la raíz del desastre: el artículo 20 de la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, que obliga a los ayuntamientos a crear consejos municipales de patrimonio cultural y unidades municipales de patrimonio para garantizar una protección activa y cercana. San Miguel de Abona no tiene excusa. La ley les obliga a tener un consejo y una unidad de patrimonio funcionando. Si existieran, alguien habría sabido la presencia de ese grabado, coordinado con el Cabildo y parado la máquina. Pero no: lo que hay es una estructura ausente, un ayuntamiento que presume de patrimonio y una total ausencia de protección real sobre el terreno”. “Este artículo -remarcan- no es un adorno de la ley. Está ahí para que no ocurra justo lo que ha acabado ocurriendo. Obliga a los consistorios a contar con órganos específicos para proteger el patrimonio y, si San Miguel de Abona no los tiene operativos, está incumpliendo la ley de forma flagrante. Mientras tanto, los grabados desaparecen bajo un bebedero. Es vergonzoso”. 

Además, subrayan que “el daño ya está hecho y, por experiencia, sabemos que no se investigará ni se depurarán responsabilidades, y más cuando el bien arqueológico desaparecido no estaba ni tan siquiera catalogado. Nuestro patrimonio cultural indígena parece suponer un estorbo para sus proyectos y se ignora de manera reiterada, poniéndolo en riesgo o eliminándolo directamente, sin que existan consecuencias. Incluso en aquellas zonas en las que se encuentran bienes registrados en el catálogo insular, en muchas ocasiones no aparecen en los desfasados catálogos municipales y, en otras muchas ocasiones, se verifica que las prospecciones realizadas desde las administraciones dejan al margen algunos bienes, por no contar con la información al completo y por realizarse en condiciones -que en boca de los propios técnicos responsables- resultan precarias y desventajosas para garantizar la efectividad de dicha catalogación. La ausencia de voluntad política condiciona el trabajo de los profesionales, que no cuentan ni con medios ni con personal suficiente para hacer cumplir la ley”, esgrimen.

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