Detenidos los dueños de un geriátrico en Tenerife por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Puerto de la Cruz y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han desarrollado una investigación policial, que se inició a finales de noviembre, tras detectar la Inspección de Trabajo una serie de aspectos sospechosos y la recepción de una denuncia anónima en la que se informaba de que los empleados de una residencia de la tercera edad estaban obligados a devolver a la empresa un porcentaje de la nómina que recibían mensualmente por transferencia bancaria.
La empresa es propietaria de una conocida residencia de rehabilitación geriátrica ubicada en la zona norte de la isla y que presta sus servicios tanto de forma privada como concertada.
Tras iniciarse la investigación, se pudo determinar que la información era veraz y se constató que hasta el verano de 2016 la empresa abonaba a sus empleados la nómina mensual en metálico, pero el importe que efectivamente se entregaba a los empleados era inferior al que constaba en las nóminas que debían de firmar, es decir, la empresa se quedaba con un porcentaje de cada nómina, variable en función del sueldo de cada empleado.
Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, la empresa tampoco abonaba las pagas extras de verano y navidad a pesar de que los empleados sí firmaban esas nóminas como cobrada.
Esa política de la empresa cambió a partir del verano de 2016, pasando a pagar mediante transferencia bancaria, y desde entonces, cada empleado cobraba por transferencia pero tenía la obligación de devolver una cierta cantidad de la misma en los siete días siguientes a la fecha de cobro (la primera semana del mes), cantidad que debían de poner en metálico en un sobre con sus respectivo nombres y que tenían que introducir en un buzón instalado al efecto.
Los empleados realizaban turnos de trabajo completos, pero el dinero efectivamente cobrado, deducido el porcentaje que tenían que devolver, era, según el comunicado de la Guardia Civil, “realmente escaso, no superando en muchos casos los 700 euros mensuales”.
Tras confirmarse tales aspectos y detectar que el número de empleados afectados podría alcanzar una veintena, se acordó, previa autorización judicial, practicar una entrada y registro en la zona de administración de la residencia geriátrica, donde fue localizado el buzón con doce sobres correspondientes a otros tantos empleados, en los que estaban depositados algo más de 2.600 euros en efectivo. Además se intervinieron documentación y sistemas informáticos para su estudio.
Del resultado de la investigación se determinó que los empleados estaban siendo víctimas de un delito contra los derechos de los trabajadores de forma continuada y desde hace años, probablemente desde el año 2009, puesto que así lo indicó un exempleado.
Además, se detectaron indicios de la existencia de un delito de blanqueo de capitales, en razón al dinero que la empresa recuperaba de las devoluciones de sus empleados.
Amenazas de despido
Por tales delitos fueron detenidos el administrador de la empresa como persona directamente responsable, su hijo y a la vez director de la residencia, y una supervisora de confianza de la empresa, que posteriormente serían puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Icod de los Vinos.
La respuesta de todos los trabajadores acerca de la razón por la que accedían a devolver parte de su sueldo a la empresa siempre fue la misma: si no lo hacían perderían su puesto de trabajo y muchos de ellos eran los únicos que aportaban sueldo a sus unidades familiares.
Incluso, algunos habían sido contratados de forma temporal firmando un documento de baja voluntaria en blanco desde el mismo momento de su contratación.
Aunque la cuantía de dinero que la empresa recuperaba de las nóminas de sus empleados pudiera parecer relativamente escasa, lo cierto es que la Guardia Civil considera que esa conducta delictiva podía reportar a la empresa unos beneficios directos y no declarados de unos 30.000 euros anuales.
