Teo Morales (Podemos Los Realejos): la ciudadanía ve con “indignación que dos concejalas del PP hayan tenido la osadía de pagarse sus estudios con dinero público”

Teo Morales González es una cara muy conocida en el pueblo de Los Realejos. Militante de Podemos Canarias, de 52 años y economista, desarrolla su actividad profesional en el departamento de Administración de la Fundación Canaria de Juventud Ideo, entidad pública vinculada al Gobierno de Canarias. Morales actúa en la actualidad como portavoz de Podemos en Los Realejos y a su vez es coordinador de Podemos Tenerife, a lo que se une su condición de integrante del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Canarias.

Integrado en la formación política Podemos desde la aparición de este partido en el escenario nacional, en 2014, reconoce que entra a formar parte activa del Círculo de Podemos en Los Realejos en las elecciones generales de 2016, entonces como apoderado en esos comicios. En 2018, Teo Morales resultó elegido secretario general de Podemos en Los Realejos y en 2019 ya fue el candidato a la Alcaldía en los primeros comicios locales en que esta formación política participaba en el municipio norteño. Esta vez estuvieron a punto de conseguir un concejal.

En esta entrevista, Morales explica al detalle los pormenores del ya bautizado como caso máster, qué ha motivado la presentación de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, algo que se ha consumado este miércoles, y cuál ha sido el comportamiento del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Los Realejos, con mayoría absoluta del PP, ante las informaciones que se han ido conociendo acerca de lo que Podemos califica como una supuesta ilegalidad. El portavoz realejero de Podemos también analiza la situación de la izquierda en el municipio.

¿Cómo y cuándo Podemos Los Realejos descubre que concejales del Gobierno local del PP, con mayoría absoluta en esa corporación, realizan másteres pagados con fondos públicos locales?

Esta noticia sale a la luz en diciembre del año pasado, cuando vecinas y vecinos nos trasladan su indignación por un rumor que recorría las redes sobre un máster que se había pagado con dinero público a la entonces concejala de Turismo, Carolina Toste. Al ser conscientes de esas demandas vecinales, desde nuestro círculo solicitamos la información al Ayuntamiento por registro, utilizando un mecanismo que ha sido clave para recabar los detalles: la Ley de Transparencia. En el decreto al que se nos da acceso, se reconoce un gasto de 5.292 euros a favor de Carolina Toste, entonces concejala de Turismo y Sanidad, por el pago de un máster de gestión. Posteriormente, en respuesta a una pregunta del grupo municipal socialista en el pleno, el PP reconoce los hechos y alude a que el pago estaba justificado por la realización de un experto en estrategia, innovación y liderazgo. Nada de esto tiene que ver con lo que aparece en el decreto. Pero además se había pagado otro a la segunda teniente de alcalde, Noelia González Daza, lo que se corroboró cuando se nos trasladó que a esta concejala se le abonó en el mandato pasado un máster en mediación civil y mercantil por importe de 1.150 euros.

¿Qué argumentos de defensa les trasladó el PP o el propio alcalde cuando pidieron explicaciones? ¿Fue fácil que contestarán de forma directa?

Las respuestas del alcalde han llegado a través de los medios de comunicación que se interesan por el asunto, como Tenerife Ahora, además de por su intervención en el pleno en respuesta al PSOE. Como viene siendo habitual, Manuel Domínguez nos intenta ridiculizar como organización política; es su peculiar forma de entender la democracia y las posturas críticas hacia su nefasta gestión, cada vez más habituales, por cierto. Dicho esto, sus explicaciones desvelan la gravedad del asunto porque reconoció que esta es una práctica que se ha realizado siempre, que en Los Realejos se había hecho históricamente, y defendió la oportunidad que tiene para formar a sus cargos públicos, además de asegurar que había amparo legal para hacerlo. La concejala González Daza fue aún más allá en el pleno cuando reconoció con soberbia que su actuación estaba “bien”, desde el punto de vista ético, moral y legal. Gracias a nuestra denuncia, esto último lo tendrá que estudiar la Fiscalía con sus investigaciones y, en última instancia, los tribunales.

En cuanto a las respuestas oficiales por parte del Ayuntamiento, no ha sido nada fácil obtener la información pública para realizar esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Sin ir más lejos, y por la opacidad institucional, tuvimos que trasladar una queja al Comisionado de Transparencia, estimada por este órgano, que luego instó al Ayuntamiento, que tanto publicita sus reconocimientos en transparencia, a agilizar los procedimientos de tramitación de solicitudes para el acceso a la información pública. En fin, no ha sido fácil. Nos han intentado ocultar información y nos han puesto palos en las ruedas, pero Podemos es una organización responsable que cumple sus obligaciones políticas, incluso cuando no contamos con representación municipal, por más que le moleste a Manuel Domínguez, el alcalde.

¿Qué cantidades de dinero público se han destinado a la formación de ediles populares? ¿Desde cuándo se realiza esta práctica? 

Según la información de la que disponemos, se habrían gastado casi 6.500 euros en másteres para aquellas dos concejalas del PP. El primero de esos pagos se realizó en 2017 para Noelia González Daza, por un máster en mediación civil y mercantil de 1.150 euros. El segundo, en 2020, con un pago de 5.292 euros a Carolina Toste, por un máster de gestión que afirman que se trata de un experto en liderazgo. Tras nuestras investigaciones, descubrimos que mintieron en el pleno, pues realmente se pagó un MBA en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Internacional de Valencia. Este incluye un curso en liderazgo e innovación, tal y como trasladamos a la Fiscalía.

Manuel Domínguez, el alcalde, sostiene que esta es una práctica habitual en Los Realejos, pero lo cierto es que, revisando la documentación, no tenemos conocimiento de que se haya pagado otro máster a ningún otro cargo público. Una cuestión muy diferente es que se hayan pagado dietas por participar en congresos o jornadas sobre cuestiones administrativas, incluso en mandatos anteriores, pues esto último es legal. Lo que no se puede sostener es que dos concejalas con dedicación casi exclusiva y un salario anual de más de 30.000 euros pasen la factura de su formación al Ayuntamiento, para sacar un beneficio personal. Para nosotras, parafraseando a González Daza, eso no tiene un pase “ético, ni moral ni legal”.

¿Cuál ha sido la clave jurídica para llevar este asunto a la Fiscalía Anticorrupción y qué posibilidades creen que hay de que al final este órgano presente denuncia formal en el juzgado?

A pesar de que el PP sostiene que esa práctica está amparada por la legalidad vigente, lo cierto es que desde que lo conocimos tuvimos muchas dudas sobre esa supuesta legalidad. Por ello, se lo remitimos a un equipo de juristas de nuestra organización, que lo ha estudiado a fondo. Nosotras entendemos que los cargos públicos no tienen derecho a que el Ayuntamiento les pague su formación, de la misma manera que lo puede y debe hacer para el personal técnico que trabaja en la Administración; así lo ha dicho la jurisprudencia. Pero el asunto es más grave, y es el hecho de que se hayan pagado con dinero público dos másteres que no tienen absolutamente nada que ver con las competencias de las concejalas y que, de ninguna manera, se pagarían al personal municipal. Esto evidencia que hay indicios de supuestos delitos de corrupción que ahora la Fiscalía tendrá que investigar y decidir si ejercita las acciones judiciales pertinentes. También habrá que ver cómo se han declarado fiscalmente esos ingresos en especie de las concejalas afectadas. Bajo nuestro punto de vista, este asunto no se sostiene jurídicamente, pues, de ser legal, se daría la paradoja de que cualquier concejal podría pasar las facturas de sus estudios a la Administración, por ejemplo, la matrícula de una carrera de Matemáticas o cualquier otro máster, aunque no tenga nada que ver con las áreas que gestiona. Eso es un total disparate y no hace falta ser jurista para entenderlo.

¿Las vecinas y los vecinos de Los Realejos creen ustedes que aceptan y entiende esos privilegios diseñados desde el poder político con mayoría absoluta a favor de concejales que integran el Ejecutivo al mando de Manuel Domínguez, alcalde, diputado autonómico y presidente del PP en Tenerife?

Absolutamente no. Y lo sabemos a ciencia cierta, porque son muchos los mensajes que hemos recibido desde que denunciamos el caso, incluso de militantes y votantes del PP. En ellos se muestra la indignación por este uso tan poco ético del dinero público, que es de todas y todos. Yo creo que es muy difícil que la gente dé por buenas estas prácticas, sobre todo si caemos en la cuenta del esfuerzo inmenso que hacen las familias trabajadoras para dar la mejor formación a sus hijos, con dificultades enormes para cubrir el coste de esa educación. Esas familias ven con perplejidad e indignación que dos ciudadanas de este municipio, por el hecho de ser concejalas del PP, hayan tenido la osadía de pasar la factura de sus estudios para que se las paguemos entre todas. Las instituciones públicas deben velar por igualar las condiciones de acceso a la educación de toda la ciudadanía, y no mermar ese derecho para costear privilegios de concejalas como González Daza y Toste Hernández, que tienen una responsabilidad pública y reciben unos sueldos muy por encima de la media de esas familias. Desde Podemos nos toca denunciar que es una práctica cuando menos irregular e insostenible. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo venga de donde venga.

¿Con qué intención más clara se presentó este miércoles la denuncia ante la Fiscalía: solo para dañar la imagen política del alcalde Domínguez y su partido o por razones de justicia o equidad?

 El único que daña su imagen política con decisiones como las del caso máster es el propio Manuel Domínguez, que debió haber reconocido que descubrimos un pufo que pretendía colarnos a todas, pedir perdón y solicitar a las concejalas que devolvieran el dinero. Nuestra manera de hacer política no es dañar la imagen del adversario. Nosotras estamos haciendo lo que nos comprometimos a hacer en las últimas elecciones: fiscalizar la gestión del PP desde fuera del Ayuntamiento y hacer lo que consideramos que nos toca a favor de la transparencia, la justicia y la igualdad. Y si tenemos que denunciar irregularidades e indicios de delito como los del caso máster, lo haremos siempre; no nos temblará el pulso. Si eso daña la imagen de Manuel Domínguez y de su grupo de gobierno, no será por la denuncia de Podemos, sino por los actos del PP.

¿Es el caso máster la punta del iceberg de otras muchas decisiones o actuaciones que se realizan por el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Los Realejos sin transparencia o pasando el rodillo de la mayoría absoluta?

No nos cabe ninguna duda de que hay mucho más, pero no tener representación institucional nos limita acceder a los expedientes para fiscalizar; por eso, recurrimos a la normativa de transparencia. Pero no somos los primeros que destapamos un escándalo de esas características. Sin ir más lejos, el sindicato CSIF viene denunciando desde hace tiempo las prácticas irregulares del PP en relación con la Policía Local. Hace unas semanas incluso aseguraron que podía haber indicios de delito en la gestión de las multas. Es algo sobre lo que ya estamos trabajando. El PP gobierna a golpe de rodillo. Piensa que el Ayuntamiento les pertenece y, por eso, cada vez que tienen oportunidad, aprovecha sus poderes para beneficios personales, como demuestra el caso máster.

¿Cómo es la comunicación con el poder local desde fuera?

La comunicación es nula, inexistente. Pero esto, a pesar de ser lamentable, no nos sorprende nada, porque es el modus operandi del PP desde que gobierna en Los Realejos: invisibilizar la disidencia, cuando no perseguirla expresamente. Esto nos parece una falta de sensibilidad con las casi mil personas que nos apoyaron en las últimas elecciones y a la que no vamos a fallar. Manuel Domínguez ha dicho varias veces que, como no estamos en el pleno, no tenemos derecho a decir u opinar nada, pero esto con nosotras no le sale a cuenta, porque somos una opción política más y vamos a seguir elevando todas nuestras voces. Le pese a quien le pese, estaremos donde dijimos que íbamos a estar, haciendo política desde la calle, política fiscalizadora y también propositiva con todos los medios a nuestro alcance. A diferencia del PP, nosotras no estamos en política bajo reclamos de sillones o privilegios, como que nos paguen los estudios, sino por responsabilidad y respeto a lo público.

Tras la izquierda que representa Podemos e IUC, que acudieron a las urnas por separado, no obtener representación en esa Corporación local, algo que antes casi nunca había sucedido en el caso de IUC, ¿qué proyecto político tiene Podemos para conseguir estar en el pleno? ¿Cuáles son los planes?

En las últimas elecciones nos faltaron apenas 70 votos para lograr representación. Nos quedamos a las puertas y estamos convencidas de que lo conseguiremos en 2023. Nosotras ya estamos trabajando con los agentes sociales y la ciudadanía, con encuentros periódicos en la calle y en nuestra sede, para conocer de primera mano la situación de cada sector y cada barrio, para construir propuestas desde esa base, de forma participativa. Evidentemente, tenemos una serie de prioridades, como son la atención a los grupos más vulnerables, los derechos sociales, el fortalecimiento de los servicios públicos, la inversión en la mejora de oportunidades para sectores estratégicos y generadores de empleo, la participación ciudadana y el apoyo a las estructuras comerciales. Esa es la línea que nos trazamos y en la que estamos trabajando desde ya.

¿Han podido hablar con los concejales beneficiados por los másteres gratuitos acerca del cuestionable comportamiento ético que estos han tenido? ¿Qué les han dicho al respecto?

No, desgraciadamente no ha sido posible, por el mero hecho de que no existe un modelo real de participación ciudadana en nuestro municipio, más allá de los simulacros impulsados por el PP en las mesas comunitarias y otros espacios. Y esto nos parece lamentable. Pero si hubiera tenido oportunidad de hablar con ellas, les habría dicho exactamente lo mismo que dijimos ante los medios de comunicación: las dos concejalas que se beneficiaron de estos másteres con dinero público deben reconocer su error, pedir perdón, devolver el dinero y presentar su dimisión. No hay más.

Una vez tomada la decisión de acudir a la Fiscalía, qué puede pasar, qué esperan que pase…

En Podemos ya hemos hecho lo que debíamos hacer. Detectamos graves irregularidades e indicios de delito y cumplimos nuestra obligación trasladando los hechos a la Fiscalía Anticorrupción para que lo investigue. Ahora corresponde esperar a que la Fiscalía actúe y estamos convencidas de que realizará todas las actuaciones de averiguación que estimen pertinentes para dilucidar los hechos, de los que nosotras daremos cumplida cuenta desde que tengamos la información. Esperamos también que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones legales y colabore con la Fiscalía en la investigación. Si la Fiscalía finalmente detecta indicios de delito, como esperamos, estaría facultada para interponer las acciones judiciales pertinentes y, en este caso, nosotras estudiaríamos participar como acusación particular en ese futurible proceso. Si eso no sucediera y la Fiscalía archivara el caso, en función de los resultados de la investigación, estudiaríamos emprender nosotras las acciones oportunas en defensa de la legalidad.

¿Cree que todo ese dinero destinado a formación de concejales en el grupo de gobierno, esos fondos y algo más, quizá hubiese servido para convocar una línea de apoyo a la enseñanza especializada con acceso plural y competitivo de todas las vecinas y vecinos?

Ya lo dijimos cuando hicimos las primeras denuncias sobre el caso, porque debíamos ejemplificar la injusticia que supone con datos, para que se entienda lo que representa económicamente. La cantidad de dinero público que se destinó a financiar la formación de dos concejalas supuso casi el 20% del importe total de las ayudas que el Ayuntamiento aporta para las becas de transporte de todo el año del estudiantado realejero. Así, unos sesenta estudiantes han dejado de percibir estas ayudas de transporte porque el PP ha decidido financiar los estudios privados de dos de sus concejalas.

Manuel Domínguez y el PP han intentado darse un lavado de imagen para contrarrestar el escándalo del caso máster con una línea de ayudas para matrículas de postgrado y alquiler de pisos para el alumnado universitario. Esta iniciativa no solo ha sido hurtada al PSOE, que la presentó inicialmente, sino que antes de lanzarse la convocatoria ya hemos detectado graves deficiencias, como su carácter alternativo, pues el alumnado tendrá que optar por líneas de ayudas que son incompatibles entre sí. Esto incrementa el agravio comparativo respecto al máster pagado a las dos concejalas, pues ellas no han tenido que optar entre cobrar su sueldo o pasar la factura de su máster al Ayuntamiento, sino que han cobrado ambas y se han aprovechado personalmente de su cargo. En fin, esas ayudas municipales no borran el escándalo vergonzoso del caso máster y ahora le tocará responder ante la Justicia, para muy pronto responder electoralmente ante la ciudadanía.

¿Cuáles son sus aspiraciones como líder de Podemos en Los Realejos y qué futuro se avecina en el ámbito local?

Mis aspiraciones en este momento no son otras que atender mis responsabilidades orgánicas, para las que la militancia me ha dado su confianza a escalas local e insular. No participo en política para lograr un cargo público, pero no miento si digo que, si esa misma militancia que me ha elegido considera que soy la persona idónea para encabezar la candidatura en las elecciones municipales de 2023, estaré encantado de volver a luchar para conseguir representación en el Ayuntamiento de Los Realejos. Precisamente, para eso no hemos parado de trabajar desde 2019 y estoy convencido de que en las próximas elecciones lograremos sentarnos en el pleno municipal.

Podemos tuvo un impulso importante en 2019, con la presentación de su primera candidatura municipal, con la que estuvimos a punto de lograr representación. La militancia que llegó en los años previos a las elecciones locales ha sido clave para consolidar el trabajo político que estamos desarrollando en el municipio y que, a pesar de las limitaciones provocadas por la pandemia, no ha cesado en estos dos años. Sin ir más lejos, hemos logrado abrir una nueva sede comarcal en el Realejo Alto, lo que es toda una declaración de intenciones para la ampliación de nuestra organización en el norte. Podemos ha llegado para echar raíces, y ese trabajo empieza por la consolidación de un espacio coordinado entre los círculos del Valle de La Orotava y de la comarca de Acentejo, algo que ya hemos empezado a impulsar. Pero este tiempo también ha permitido una consolidación de la organización, que ha empezado a ver sus resultados desde finales del pasado año.

¿Cómo ha vivido el cierre reciente del local del PCE-IUC en Los Realejos?

He vivido esa noticia como entiendo que lo ha hecho gran parte de la ciudadanía realejera: con tristeza, porque siempre es una mala noticia la desaparición de espacios físicos referentes en la defensa de los derechos políticos y sociales. El local de La Cascabela siempre ha sido eso, sobre todo para quienes concebimos la política desde una visión progresista y de izquierdas. Sin ir más lejos, yo mismo viví allí con ilusión el referendo de la OTAN. Sin embargo, estoy convencido de que, a pesar del difícil trago que ha debido suponer cerrar ese mítico local, el municipio y la ciudadanía seguirán contando con el valioso trabajo de la militancia de Izquierda Unida Canaria