Santa Cruz de Tenerife se querella por alzamiento de bienes contra Antonio Plasencia, condenado en el caso de Las Teresitas
La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha anunciado en el Pleno municipal que este viernes se interpondrá una querella por alzamiento de bienes contra una de las empresas de Antonio Plasencia -condenado por el caso Las Teresitas- propietaria de los terrenos anexos al Hospital de La Candelaria, vendidos al Gobierno de Canarias por 5,5 millones.
Hernández ha apuntado que no va a “consentir” que “el patrimonio se mueva de manos a manos y pase de padres a hijos” con una operación millonaria “coordinada” con el Gobierno de Canarias para poder construir un aparcamiento público junto al hospital. “Han intentado esconder dinero a los juzgados”, ha subrayado.
La regidora hizo este anuncio durante el debate dos mociones presentadas por CC y PP --que fueron rechazadas-- en la que solicitaban presentar enmiendas al presupuesto de la Comunidad Autónoma para bloquear la compra del edificio que ocupa la actual Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y que cuenta con una partida de 9,1 millones en las cuentas autonómicas.
Sobre la orden de embargo de propiedades de Plasencia, ha apuntado que la petición del 'levantamiento del velo' la realizó el actual gobierno local el pasado 2 de septiembre “por muchas mentiras que se quieran decir”.
“Sabíamos que los edificios eran de Plasencia y fuimos al juzgado a demostrarlo”, ironizando con que la oposición “ahora se entera de que eran de Plasencia”. “Lo único que hizo el anterior equipo de Gobierno fue adherirse a la Fiscalía en la petición de ejecución de sentencia”, ha agregado.
Hernández ha señalado que la “inacción” del anterior equipo de gobierno no permitía recuperar el dinero, y subrayó que el empresario siempre quiso vender el edificio de Cabo Llanos próximo a la ermita de Regla, “vacío y con deterioro”, que otro, el de la Consejería, que le daba una renta anual de más de 3 millones de euros.
Ha recordado que el edificio se construyó en un suelo público que fue subastado y adquirido por el empresario, que incluso “llegó a cobrar alquiler” durante la construcción. “Fue una operación redonda, con más suerte que la gasolinera de Granadilla”, ha señalado.
La alcaldesa ha indicado que, ahora mismo, el edificio “está trabado”, de ahí que si se acomete la compra, el dinero irá a parar al Ayuntamiento, aparte de que cuenta con el “compromiso” del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente, Román Rodríguez, de que la operación “será pactada” con el consistorio.
La alcaldesa da el tema “por zanjado”
“No sé si lamentan que el dinero no va a llegar a Plasencia, para mí es un tema zanjado”.
Además, ha comentado que la oposición “le rentan mucho” los 9,1 millones porque “lo mismo sirven” para la PCI, rehabilitar el balneario o acabar las obras de la vía Ofra-El Corrillo.
La primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, ha comentado que la labor del anterior equipo de gobierno fue una “triste adhesión” a la petición de la Fiscalía, y entiende que si hubieran hecho la ejecución de sentencia “en el momento oportuno” ahora se estaría debatiendo en el Ayuntamiento sobre el uso de los 100 millones del 'caso Las Teresitas' “y no los 9”.
El portavoz del Grupo Socialista, José Ángel Martín, ha admitido que ha “llorado” por el 'caso Las Teresitas' pero hoy le han provocado una “risotada” cuando desde CC han defendido su acción judicial. “Si estaban seguros, ¿por qué no señalaron los edificios en los juzgados?”, se ha preguntado.
Martín ha relatado que no “había nadie” junto a él cuando luchaba por el dinero de Las Teresitas y “vi a gente de CC en el banquillo”, y desde que accedieron al Gobierno municipal han ido “armando el puzzle” que ha culminado con el auto de embargo judicial.
Así, ha señalado que en la cuenta del embargo por el 'caso Las Teresitas' solo había 100 euros cuando accedieron al gobierno municipal “y ni siquiera habían solicitado la liquidación de los intereses, que eran 40 millones”.
“Es la cruda realidad, los éxitos es de quien se los ha currado y ha sido la alcaldesa. Esos bienes van a garantizar el pago”, ha indicado.
Yaiza Gorrín, de Unidas Podemos, ha resaltado la “voluntad” del Gobierno municipal por recuperar el dinero, incidiendo en que el edificio de la Consejería de Educación, “por el que se han pagado más de 50 millones”, se construyó en parte gracias a la RIC “y se pudo comprar en 2010 y no se hizo, y ahora vale 46 millones”.
Sobre el uso de los 9,1 millones previstos para su compra, ha comentado que los presupuestos de la Comunidad Autónoma ya consignan 88 millones para cubrir la PCI y la nueva renta ciudadana, más otros dos millones a los ayuntamientos para agilizar trámites.
No es prioritario comprar el edificio, según Coalición Canaria
El portavoz de CC, Juan José Martínez, ha afirmado que “no es prioritario” comprar el edificio y por ello, propone que los 9,1 millones se destinen a un conjunto de obras pendientes en la ciudad a la atención a personas sin hogar.
Martínez ha indicado que la alcaldesa apoyó el pago de alquileres a la empresa de Plasencia cuando era parlamentaria, y más aún con José Miguel Pérez (PSOE) al frente de la Consejería de Educación, advirtiendo de que la semana pasada fue a inaugurar un hotel que 'sospechan' que también es de Plasencia.
Ha comentado que “es mejor” destinar 9 millones a luchar contra la pobreza que comprar un edificio, más aún cuando el inmueble está retenido y, en todo caso, el importe del alquiler debe acabar en las arcas municipales.
Asimismo, ha defendido la labor de CC en los últimos años pues desde la Alcaldía se ganó el juicio, se recuperaron los terrenos y se pidió la ejecución de sentencia.
Carlos Tarife, del Grupo Popular, ha descrito los 9,1 millones como “la partida de la vergüenza”, destacando que el Ayuntamiento ha podido presentar acciones nuevas porque en septiembre Antonio Plasencia se declaró en concurso de acreedores.
Ha dicho que el 'caso Las Teresitas' “es un dinero robado a Santa Cruz” que la ciudad tiene que “recuperar”, al tiempo que criticó a la alcaldesa por apoyar el alquiler de la consejería como diputada regional.
