El secretario municipal de Santa Cruz de Tenerife desoye la petición de pleno de la oposición sobre el caso Sacyr, en el que está imputado

Concejales del Partido Socialista Canario-PSOE, de Unidas Podemos y de Ciudadanos se presentaron este lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para comprobar cómo el secretario de la Corporación, Luis Prieto, incumplía la Ley de Bases de Régimen Local y no convocaba la sesión extraordinaria solicitada el pasado 4 de noviembre por todos ellos para abordar dos asuntos de máxima actualidad para la institución: el caso Sacyr, por el que el Ayuntamiento reclama a la multinacional unos 30 millones de euros, y los casi 400.000 euros que van costando al consistorios este año los  escoltas de la Policía Local de las que disfrutan en base a discutibles informes el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, y la tránsfuga expulsada de Ciudadanos Evelyn Alonso. El pleno, por su puesto, no se celebró.

Desde el salón de plenos, la portavoz del PSOE en el consistorio, Patricia Hernández, quien fuera alcaldesa por un periodo de menos de un año tras las elecciones municipales de 2019, escribió un mensaje de WhatsApp al secretario general del pleno, Luis Prieto, informándole de que los concejales que solicitaron la sesión plenaria estaban allí esperando la constitución de la Corporación para iniciarla. Y que, al reunir el mínimo exigible por la ley, esto es, un tercio de los concejales, el pleno debía quedar constituido y celebrarse. No fue así porque el secretario no se personó en la sala.

Desde que el 4 de noviembre los concejales de la oposición, más de una cuarta parte de lo que mandata la Ley de Bases de Régimen Local, solicitó formalmente la celebración de este pleno, los obstáculos han sido constantes. Empezaron por el secretario, que vencido el plazo para convocar la sesión, comenzó a pedir informalmente a los convocantes la subsanación de defectos formales, como que las firmas se consignaran de manera distinta a como se habían presentado.

Los reclamantes, al ver la postura municipal, recurrieron ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife rechazó su petición de medidas cautelarísimas al preferir unas de modalidad cautelar que otorgara a la parte demandada, el Ayuntamiento, ser oído en el procedimiento previo a la valoración de esas medidas extraordinarias. Además, el juez dijo a los grupos de la oposición que debía hacer unas comprobaciones rutinarias, como el número de concejales de la Corporación (para verificar el mínimo necesario para la solicitud de pleno) y si los solicitantes ya no habrían agotado las tres solicitudes que mandata la ley. Los dos condicionantes operaban a favor de la oposición municipal, que sin embargo se quedó sin cautelarísimas que le permitieran armarse frente al secretario y la junta de gobierno.

Así las cosas, a los concejales de la oposición solo les queda que el juez entre en el fondo del asunto y les dé la razón, o que el secretario municipal decida motu proprio convocar el pleno para debatir los dos asuntos que interesa la oposición. Aunque uno de ellos, el referido al escándalo del caso Sacyr (la devolución irregular a la multinacional del canon que pagó para hacerse con el contrato del ciclo integral del agua de la ciudad) sea de su incumbencia por encontrarse entre las personas investigadas.