Bermúdez: “Que el agua vuelva a ser pública tiene un coste que Santa Cruz no puede asumir”

José Manuel Bermúdez Esparza da por sentado que repetirá como alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Si hablar de pactos, aunque una encuesta detrás de otra dan por sentado que deberá gobernar en pacto con otra fuerza política, que bien podría ser Ciudadanos o bien el PP. Los vaticinios ven mucho menos probable que se repita una fórmula como la actual, CC y PSOE.

Sin embargo, y como es común al resto de candidatos a cualquiera de las instituciones canarias, intenta restarle hierro a las encuestas, (“Para mi son solo tendencias”, dice) y no quiere hablar de pactos “porque sería un insulto al ciudadano. En todo caso, los pactos tendrán que hacerse sobre un programa. Si algo nos ha permitido a CC y al PSOE gobernar con estabilidad en este Ayuntamiento en estos cuatro años ha sido porque suscribimos un pacto basado en un programa muy concreto”.

Y ello a pesar de haber heredado de su antecesor y compañero de filas, Miguel Zerolo, una herencia envenenada. Baste con citar la pésima gestión del agua por Emmasa, las contrataciones ilegales de servicios públicos, como el de la recaudación voluntaria, el caso Las Teresitas (pendiente de juicio penal), y con ello, el caso Mamotreto, que el pasado jueves, en el último pleno municipal de este mandato y a cuenta de su derribo, visualizó un acercamiento entre CC y PP, con una estrategia para que ese derribo no se votara.

Bermúdez Esparza, en esta entrevista con Tenerife Ahora, apunta a que la empresa mixta de aguas de Santa Cruz de Tenerife seguirá siendo eso, una empresa mixta, sin que ahora mismo esté sobre la mesa que vuelva a ser una empresa pública.

“El interventor está haciendo su trabajo sin que nadie le dicte cómo hacerlo, y los grupos políticos tienen que tener paciencia hasta que el interventor, porque Emmasa está intervenida, concluya su trabajo”, explica. “Queremos tener una buena relación con Emmasa. Hemos conseguido que firmen las inversiones que deben llevar a cabo en cuatro años, por valor de 45 millones de euros, algo que debía constar en el contrato desde un primer momento, pero el caso es que no fue así”.

“A Emmasa se le ha impuesto una sanción de 450.000 euros, la mayor que ha puesto este Ayuntamiento, porque se incumplía el contrato al haber subcontratado a empresas de su mismo grupo. Si esto sigue así, el interventor nos lo dirá y ya veremos como actuamos, pero si Emmasa asume las recomendaciones del interventor, no tiene porque ocurrir nada. Emmasa ganó la adjudicación por concurso público, y el Ayuntamiento no puede ir en contra de sus actos y que la empresa vuelva a ser pública porque eso tiene un coste Que no podemos asumir”.

Sin dinero ni para los funcionarios

Uno de los logros que no se discute al todavía equipo de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife es el de haber saneado sus cuentas, al reducir deuda. Los créditos suscritos durante las legislaturas de Miguel Zerolo suponían una losa para las arcas públicas, hasta el punto de que el diciembre de 2011 no había siquiera dinero para pagar las nóminas de los funcionarios.

“Me encontré con un Ayuntamiento en quiebra técnica. Hay que partir de ese dato. El principal objetivo fue reducir créditos. Hemos rebajado la deuda y eso significa pagar menos a los bancos para gastar más en la ciudad. Podemos pagar a nuestros proveedores a 70 días cuando en 2011 se les pagaba a 300 días, y eso era otra meta inmediata a lograr”.

Y sigue: “En 2011 teníamos 5,5 millones para todas las áreas del Ayuntamiento y todos los barrios. Hoy tenemos 25 millones y preveo una inversión de 125 millones para los próximos cuatro años. Y con ese dinero quiero culminar cuatro bloques grandes de proyectos que tienen que ver con las personas, la economía, el litoral y los barrios. Y será posible porque el Ayuntamiento es más ordenado y eficaz ahora que hace cuatro años”.

¿Para conseguirlo ha tenido que cortar muchas cabezas directamente asociadas con su predecesor, con el llamado zerolato? “Yo hice cambios que entendí que debía hacer”, responde. “Entre otros, cambiar los procedimientos que estaban anquilosados y destituir personas con las que veía que no era posible progresar. Y aún me quedan personas que sustituir. He formado un equipo con el que sentirme más cómodo”.

Otras dos piedras en el zapato han sido y son el caso Mamotreto y el caso Las Teresitas. En cuanto al mamotreto, como se conoce a la mole de hormigón y hierro que se levanta a la entrada de la playa y que formaba parte del proyecto fallido de Dominique Perrault como edificio destinado un gran centro comercial con aparcamientos, hay voces que piden a gritos su derribo por ser ilegal al ocupar zona de servidumbre. Lo dice una sentencia del juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife y lo ha ratificado la Audiencia Provincial, con condenas a tres técnicos y tres ex concejales nacionalistas.

Entre esas voces está la de su todavía compañero de Gobierno local, el socialista José Ángel Martín, convencido de que hay que echarlo abajo. Bermúdez (y el Comité Local de CC) no están por la labor.

“Si lo tiro prevarico y si no lo tiro, puede que también”, matiza el alcalde. “La jefa de los servicios jurídicos dice que hay una previsión de carácter indicativo en el Plan actual para que se pueda realizar el edificio de aparcamientos coincidiendo con la cabecera de la playa, para lo que es valido lo ya semiconstruido, y lo remite a un plan especial que no se ha hecho, pero que permite hacerlo, y todo eso está en el juzgado, que nos dirá si es suficiente para mantener al menos una parte del edificio. Y si no, lo demoleremos totalmente, pero si hay la posibilidad judicial para terminar parte de lo construido, parece absurdo que por una razón de simbología podamos tirar algo que se construyó con dinero público.

Y es así porque si la Audiencia Provincial hubiera querido que se demoliera todo, no habría dictado un fundamento en su sentencia que dice que si hay algún instrumento de planeamiento que permita concluir parte de la obra que no invade dominio, se haga. Es que es tan claro que dice que sería ilógico tirar lo que luego va a tener que construirse“

¿Y por qué no se ha tirado la parte que ya se sabe que es ilegal? “Porque hay dudas acerca de cuál es exactamente la zona de servidumbre, por un mojón que se señaló mal en 2008”, explica Bermúdez. “Es la diferencia entre derribar 400 metros cuadrados o 62 metros cuadrados. Se ha iniciado el expediente de derribo, pero le hemos pedido a costas que nos diga cuál es exactamente esa zona, porque si derribo más de lo que tengo que derribar estaría prevaricando, por el principio de mínima demolición, así que hasta que los jueces no digan qué hay que tirar y Costas señale exactamente la zona, no podemos actuar”.

En cuanto al caso Las Teresitas, Bermúdez afirma tajante que es falso que el Ayuntamiento no esté personado. “Lo estamos en el procedimiento civil y en el penal, también, como actores civiles, porque lo que nos interesa es recuperar el dinero.

El cementerio, otro contrato en entredicho

Cetensa, la empresa que desde 1995 se encarga de la gestión y explotación de los siete cementerios que hay en la capital tinerfeña, es otro de los contratos “históricos” con irregularidades con las que se ha mostrado insistentemente beligerante el partido en la oposición Sí se Puede, que ha denunciado las serias dudas que existen sobre la base legal que ha permitido el cobro de tasas que han proporcionado cantidades millonarias durante 20 años.

La auditoría sobre la gestión de Cetensa se inició en 2013.

“Esa auditoría aún se está realizando y cuando tengamos el informe correspondiente, obraremos en consecuencia, porque se habla mucho pero se demuestra poco, y yo no me tiro a la piscina sin informes técnicos. No es fácil ser alcalde. Mantener el equilibrio es fruto de estudiar bien los asuntos antes de tomar decisiones, y ello me ha permitido que en los años que llevo en política, que son 23 años, nunca me haya visto con un problema jurídico”, justifica.

Sin embargo, la acción de su Gobierno local fue 180 grados diferente en cuanto a recuperar en su totalidad el servicio de recaudación voluntaria de impuestos, en manos durante dos décadas en manos del abogado y empresario Félix Marrero, que sólo en 2012 ganó más de tres millones de euros. En 2013 se rescindió el contrato, pero los 23 trabajadores de Marrero quedaron en el paro.

“Lamento mucho la situación en la que se han quedado esos trabajadores, pero es que no estaban contratados por el Ayuntamiento y no entraron en esa empresa por el principio de libre concurrencia, como entran los funcionarios en esta casa. La verdad es que ahora llevamos a cabo una recaudación más eficaz con funcionarios municipales y hemos recaudado más, mejor y sin dar premios de cobranza a nadie”, aclara el alcalde.

Promesa electoral: aumentar la población flotante

Así las cosas, y con la mirada puesta en la campaña electoral que arranca en pocos días, el candidato nacionalista apoya su programa de promesas en “atacar el desempleo”. ¿Y cómo?, con lo que Bermúdez denomina “palancas de progreso”. Una de esas palancas es forjar la imagen de Santa Cruz como ciudad turística, pero sobre todo, potenciar el rasgo de capitalidad y aumentar la población flotante.

“No vivimos de los vecinos de Santa Cruz, sino de los que trabajan en Santa Cruz y visitan esta ciudad, de los que vienen a realizar gestiones, de los que pasan el día aquí aunque duerman en otra localidad. Si uno suma Arona, La Orotava y La Laguna, el número de personas que trabajan en esas poblaciones es menor al de Santa Cruz. Por resumirlo en una frase: el objetivo es que tengamos más población flotante, que más gente trabaje en Santa Cruz de Tenerife y gaste en Santa Cruz de Tenerife”.