Una familia tinerfeña con dos menores de edad frente a un fondo buitre con una orden de desahucio

Yeray Palmés es padre, tiene dos hijos pequeños y una orden de desahucio para el 2 de marzo. Vive en el 42 del barrio El Tablero, en Santa Cruz de Tenerife, desde hace siete años, cuando unos vecinos del edificio le dieron las llaves de una vivienda vacía y destrozada por el vandalismo para que, de alguna forma, la convirtiera en hogar. Desde ese momento, busca la fórmula para regularizar su estancia, en forma de alquiler social. No tiene recursos para mucho más. Yeray es uno de esos miles de canarios que hoy se encuentran en situación de precariedad.

A Yeray no le gusta el rol que le ha tocado. No le gusta ser okupa. “He tenido que hacerlo por necesidad, porque solo tenía dos opciones, o entrar aquí o vivir debajo de un puente con mis dos hijos”, confiesa a este medio. Pero no es un okupa como muchos imaginan, no entró de la mano de una mafia o tirando la puerta abajo. Fueron los residentes del edificio los que le entregaron en mano las llaves del piso, a él y a otras 16 familias, para que habitaran los apartamentos que eran escenarios de robos y actos vandálicos frecuentes. “Nuestros vecinos nos vieron necesitados y nos ayudaron así”, continúa.

Gracias a la entrada en vigor de un Real Decreto, Yeray y sus vecinos podrán respirar hasta el próximo 9 de mayo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que no se podrá desahuciar hasta esa fecha, que coincide con el fin del estado de alarma. No obstante, la tranquilidad dura poco para Yeray: “Mi pregunta es, ¿y después qué? ¿A dónde vamos a ir?”. Se agarra a lo que continúa diciendo el decreto: “se obliga a las administraciones públicas a buscar una solución habitacional para nuestras familias. Solo pedimos que se cumpla la ley”.

Tal y como relata Palmés, el edificio 42 de El Tablero, en Santa Cruz de Tenerife, fue construido con la financiación de La Caixa hace 13 años. En ese momento, solo se vendieron cinco pisos. “Con el tiempo, el banco vendió el resto de casas a fondos buitre, que han ido revendiendo a otros fondos con dudosos fines. Nosotros hemos intentado hablar con ellos y llegar a acuerdos, porque no queremos vivir gratis, queremos pagar un alquiler. La respuesta que nos dan es siempre la misma: los fondos buitre no son caseros, compran para vender”, añade.

Yeray no entiende cómo no se hace nada al respecto, cómo el Gobierno de Canarias no se ha planteado comprar esas viviendas que están cerradas y darle la oportunidad, a él y a cientos de isleños, para regularizar su situación, pagando alquileres sociales.

Luchar por una vivienda digna es lo único que le queda, como si esto no fuera un derecho recogido en la Constitución.

Solo la punta del iceberg: 130 familias en la misma situación

Este padre de familia no es el único en esta situación en Tenerife. Esta semana Canarias Ahora daba a conocer la historia de 66 familias víctimas de fondos buitre en Granadilla de Abona, con el agravante de que, en este caso, se había firmando un contrato de Vivienda de Protección Oficial.

“Los nuevos dueños de nuestras viviendas de protección oficial (VPO) nos denuncian por precarios, como si fuéramos okupas, por faltar al pago de nuestros alquileres con opción a compra. La realidad es que quieren subirnos el precio de los alquileres al triple, extinguir los contratos VPO o vendernos nuestras viviendas al doble de lo que se había establecido previamente”, explicó entonces Joana María Rodríguez Trujillo, afectada por esta situación y, además, presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias y representante de la Plataforma Montaña Blanca, que agrupa a las personas afectadas por las presuntas irregularidades en la venta de las viviendas.

Para entender esta historia habría que remontarse al año 2013, cuando Joana y sus vecinos consiguen por fin las llaves para entrar a sus viviendas de protección oficial y de promoción privada, tras el pago de 6.373 euros como entrada y “con mucho sacrificio”. “Todo era muy bonito y entramos con mucha ilusión hasta que comenzaron los problemas. A los cinco meses no podíamos ingresar nuestro alquiler, la cuenta de los promotores estaba bloqueada, y así estuvimos cuatro o cinco meses más, cuando empezaron a llegar distintas personas, representantes de la empresa, para cobrar en mano el alquiler”, relató Joana.“Cada vez venía una persona distinta a cobrar, diciendo que eran dueños o representantes o hermanos, de modo que les llegamos a pagar la mensualidad a cuatro personas distintas, siempre en mano, aunque les exigíamos recibos”.

Ante esta situación, los vecinos de Granadilla temen por su destino y por quedarse sin techo. “Aquí viven niños, ancianos y dependientes, casi todos trabajábamos para el turismo y nos encontramos en estos momentos en paro o en ERTE. Nos quieren echar de nuestras casas y no lo vamos a permitir, seguiremos luchando”, concluyó.

El Diputado del Común, receptivo ante la situación de 130 familias

Este viernes hasta 130 familias en situación de desahucio o afectadas por fondos buitre en Tenerife se han unido para pedir ayuda al Diputado del Común, Rafael Yanes, su primera parada en la hoja de ruta, y en la que resaltan una visita a la Consejería de Asuntos Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

En este encuentro estuvieron presentes la portavoz de 14 familias afectadas por desahucios en el Fraile, Arona, María José Regalado; con el portavoz de 17 familias afectadas en el Tablero, Santa Cruz, Yeray Palmés; con el portavoz del colectivo El Pueblo Tiene Hambre, Eloy Cuadra; y con la concejala del Ayuntamiento de Arona, Antonella Aliotti. En la reunión también estuvo presente el asesor de la Diputación del Común, Oliver Fariña.

Los representantes de estos colectivos trasladaron al Diputado del Común su preocupación ante la situación en la que se encuentran distintas familias de Tenerife por riesgo a ser desahuciadas. “Denunciamos la mala praxis de los fondos buitre, que en muchos casos han llegado a amenazar, aporrear puertas, intentar comprar a los vecinos con dinero, y que nunca dan nombre”, comparte Eloy Cuadra a este medio horas después de finalizar el encuentro.

Los portavoces afirmaron tener escasos recursos y ninguna solución habitacional alternativa. Asimismo, denunciaron “abandono y desamparo”, y pidieron una solución a estos desahucios con opciones viables que les permitan permanecer en sus viviendas, como las de alquileres sociales.

El Diputado del Común se mostró receptivo y acordó hacer un seguimiento sobre la situación, con el fin de comprobar el cumplimiento por parte de las administraciones de los procedimientos y la legislación vigente.

Entre las acciones previstas por las distintas plataformas incluyen concentraciones en el Instituto Canario de la Vivienda e incluso una huelga de hambre, que están dispuestos a hacer para buscar una solución.