Vecinos de viviendas protegidas en el sur de Tenerife denuncian que fondos buitre intentan triplicar su alquiler de forma irregular

Las 66 familias que residen en las viviendas de protección oficial en la calle Arguayoda (bloques 6,12,14 y 16), en Granadilla de Abona, Tenerife, se sienten tan indefensas como indignadas ante lo que consideran una auténtica injusticia y un atropello a su dignidad. “Los nuevos dueños de nuestras viviendas de protección oficial (VPO) nos denuncian por precarios, como si fuéramos okupas, por faltar al pago de nuestros alquileres con opción a compra. La realidad es que quieren subirnos el precio de los alquileres al triple, extinguir los contratos VPO o vendernos nuestras viviendas al doble de lo que se había establecido previamente”, apunta angustiada Joana María Rodríguez Trujillo, afectada por esta situación y, además, presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias y representante de la Plataforma Montaña Blanca, que agrupa a las personas afectadas por las presuntas irregularidades en la venta de las viviendas.

Para entender esta historia habría que remontarse al año 2013, cuando Joana y sus vecinos consiguen por fin las llaves para entrar a sus viviendas de protección oficial y de promoción privada, tras el pago de 6.373 euros como entrada y “con mucho sacrificio”. “Todo era muy bonito y entramos con mucha ilusión hasta que comenzaron los problemas. A los cinco meses no podíamos ingresar nuestro alquiler, la cuenta de los promotores estaba bloqueada, y así estuvimos cuatro o cinco meses más, cuando empezaron a llegar distintas personas, representantes de la empresa, para cobrar en mano el alquiler”, relata Joana a Canarias Ahora, y continúa, “cada vez venía una persona distinta a cobrar, diciendo que eran dueños o representantes o hermanos, de modo que les llegamos a pagar la mensualidad a cuatro personas distintas, siempre en mano, aunque les exigíamos recibos”.

“Y al final le pagábamos a un administrador concursal, en cuya gestión no entendemos por qué no se aclaró y regularizó esta situación”, se lamenta la presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias, “cuando además nosotros teníamos la primera opción a compra”.

Años antes a ese 2013, la constructora Promociones Amojo S.L. obtuvo una subvención del Gobierno de Canarias para la construcción del edificio, con la única condición de que se mantuviera como VPO hasta 2043, dando a los inquilinos la opción de ejecutar la compra de las viviendas por un precio que oscilaba entorno a los 70.000 euros y que dependía de las dimensiones de los inmuebles (de una, dos o tres habitaciones). Mientras tanto, los vecinos pagarían un alquiler bajo de unos 100 a 200 euros mensuales. Pero la constructora enfrentó graves dificultades económicas y en 2016 se presenta voluntariamente a un concurso de acreedores para salvar sus deudas.

Es el administrador concursal el que decide poner en venta los activos de Promociones Amojo S.L. para hacer frente a dichas deudas. Entre esos activos, posiblemente las viviendas de la calle Arguayoda. Cabe resaltar que la constructora pertenecía a la empresa matriz Prefabricados Maher S.A., de la que era accionista hasta 2012 el cofundador de Coalición Canaria y primer presidente nacionalista de Canarias, Manuel Hermoso, y que vendió su parte al grupo gallego Inversiones Anadico S.L. en ese momento.

Según narran los vecinos, “la venta de las viviendas se ha producido de forma ilegal en tres o cuatro ocasiones, en muchos casos, a fondos buitres, a sociedades rusas, italianas e indias, que ahora han decidido cambiar las condiciones de sus contratos”. El Instituto Canario de la Vivivenda certifica que “las VPO no se pueden vender como viviendas libres, en este caso, hasta 2043”. Explican que para vender las VPO hay que pedir al instituto que le quite su protección y que, en este caso, no ha sido así. “Sin encomendarse a nadie se han ido vendiendo los pisos y la Consejería nunca ha concedido esto, tampoco se pueden cambiar las condiciones que se habían firmado previamente”.

En una nota enviada por la Plataforma Montaña Blanca, se confirmaba que el pasado año el Instituto Canario de la Vivienda aseguró que no existía solicitud alguna presentada por la promotora original para transmitir la promoción de viviendas a otro titular y que las VPO hasta 2043 no pueden dejar de estar arrendadas.

Ante esta situación, los vecinos temen por su destino y por quedarse sin techo. “Aquí viven niños, ancianos y dependientes, casi todos trabajábamos para el turismo y nos encontramos en estos momentos en paro o en ERTE. Nos quieren echar de nuestras casas y no lo vamos a permitir, seguiremos luchando”, concluye.

Lo cierto es que este miércoles se produjo el primer juicio contra uno de los vecinos del edificio de protección oficial de la calle Arguayoda. “Ahora nos encontramos a la espera de la respuesta de la Jueza”, agregaba con preocupación Joana, horas después de la concentración que tuvo lugar a las puertas del Juzgado de Granadilla.

Mientras tanto, siguen esperando a la instrucción de la denuncia colectiva presentada en 2019, también en el Juzgado de Granadilla de Abona, para verse por fin liberados de lo que han calificado como un auténtico “calvario judicial”. “Hemos sido engañados y presuntamente estafados, maltratados verbal y psicológicamente, porque la realidad es que las casas que alquilamos con opción a compra han sido vendidas hasta tres y cuatro veces y nosotros siempre dentro”.

“Queremos que no paguemos justos por pecadores, exigimos que se haga justicia y al Gobierno canario que investigue esta situación, que no está ocasionando un estrés tremendo, porque la vivienda es un derecho constitucional y nosotros hemos cumplido nuestra parte, no somos ni ocupas ni morosos, sino ciudadanos víctimas de unas irregularidades tremendas”, concluye la representante de las 66 familias afectadas.

Protestas y huelga de hambre

Para dar a conocer su situación y pedir responsabilidades, los vecinos ya se han organizado y han protagonizado concentraciones frente al Instituto Canario de la Vivienda, protestas que volverán a repetir en los próximos días, desde que obtengan el permiso correspondiente. “Vivienda no ha hecho nada aún para encontrar una solución a nuestro caso, además, no ha hecho un seguimiento de nuestras VPO”, agrega Joana, que adelanta a Canarias Ahora que es probable que hagan una huelga de hambre.

Cuestionados sobre esta situación, fuentes del Instituto Canario de la Vivienda señalan que la Consejería apoya a los vecinos y colaborarán en todo lo necesario, incluso están dispuestos a testificar para encontrar una solución, pero que poco más pueden hacer. “Se trata de una vivienda de protección oficial de promoción privada, por lo que estos pisos no son de nuestro parque de viviendas, por eso, no podemos meternos directamente”, argumentan a este medio.