El "calvario judicial" de 66 familias de Tenerife por la presunta venta ilegal de sus viviendas de protección oficial a otros propietarios

Protesta ante la sede del Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias

Hasta 66 familias de Granadilla de Abona, que residen en el núcleo de San Isidro, transitan por un auténtico "calvario judicial" desde 2019, cuando sus viviendas de protección oficial (VPO), a las que accedieron con un alquiler con opción a compra, fueron vendidas a nuevos propietarios, tras el quiebre de la promotora inmobiliaria Promociones Amojo SL (de la familia del ex presidente del Gobierno canario Manuel Hermoso) y cuando la empresa se encontraba con un administrador concursal.

Las familias piden justicia ante esta situación, que llevan padeciendo desde hace años y por la que presentaron una denuncia colectiva ante el Juzgado de Granadilla y ante la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias. Asimismo, apuntan en un comunicado, han recibido denuncias por parte de los supuestos nuevos propietarios de sus viviendas. "Sentimos indignación, rabia, impotencia y un sufrimiento que no parece tener final, pero con ganas de luchar por que se haga justicia", señalan en la nota.

Estas 66 familias alquilaron las viviendas en 2013 gracias a una promoción de VPO, construidas por la mencionada empresa de la familia del expresidente de Canarias, Manuel Hermoso, Promociones Amojo SL. "Tras el quiebre de esta sociedad, comenzamos a vivir una situación tan increíble como surrealista porque nuestros hogares acabaron en manos de otras personas que dicen ser las nuevas propietarias". Confirman los afectados que los pisos han sido revendidos hasta en cuatro ocasiones.

Esta situación fue denunciada en 2019 de manera colectiva ante el Juzgado de Granadilla de Abona, y están aún a la espera de su instrucción, así como en el Instituto Canario de Vivienda. "Desde el Gobierno de Canarias, nos confirmaron el año pasado que no existía solicitud alguna presentada por la promotora original para transmitir la promoción de viviendas a otro titular y que las VPO hasta 2043 no pueden dejar de estar arrendadas", argumentan los afectados. Por si esto fuera poco, los afectados deben rendir cuentas a la justicia porque "los autoproclamados nuevos propietarios de sus hogares les han denunciado y reclaman la propiedad o el pago de las rentas".

El primer juicio a una de las familias afectadas

En los Juzgados de Granadilla se va a celebrar este miércoles el primero de los juicios contra una de las familias afectadas por la venta presuntamente ilegal de su vivienda a un nuevo propietario. Por este motivo, la Plataforma Montaña Blanca, que agrupa a las personas afectadas por estas supuestas irregularidades, ha convocado una concentración, desde las 09.00 horas, a las puertas de la sede judicial, para apoyar a los denunciados y exigiendo justicia.

"Lo sorprendente de esta historia para los afectados es que cuando la empresa entró en concurso de acreedores y quedó en manos de un administrador concursal, mediante el correspondiente proceso judicial, las viviendas acabaron siendo vendidas, dejando a las 66 familias en una total indefensión", explica Joana María Rodríguez Trujillo, presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias y representante también de la Plataforma Montaña Blanca.

"Vinimos a vivir aquí en 2013, son viviendas de VPO de alquiler con opción a compra, para la cual dimos 6.373 euros por la entrada, con muchos sacrificios; todo nos pareció de un principio muy bonito, entramos con la ilusión de que sería nuestro hogar, pero a los cinco meses, cuando íbamos a ingresar en la cuenta de la promotora nos decía que estaban bloqueadas y así estuvimos cuatro o cinco meses, sin poder pagar la renta", relata la presidenta vecinal.

"Entonces, vino un representante de la empresa que nos empezó a cobrar en mano y es cuando nos enteramos de que antes de nosotros había gente que compró, a la cual supuestamente estafaron, y a partir de ahí ya todo empezó a ir mal: venía cada vez personas distintas a cobrar, diciendo que eran dueños o representantes o hermanos, de modo que les llegamos a pagar la mensualidad a cuatro personas distintas, siempre en mano, aunque les exigíamos recibos", continúa Rodríguez.

"Y al final le pagábamos a un administrador concursal, en cuya gestión no entendemos por qué no se aclaró y regularizó esta situación", se lamenta la presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias, "cuando además nosotros teníamos la primera opción a compra".

Desde su punto de vista, las 66 familias han sido engañadas y presuntamente estafadas. "Hemos sido engañados, estafados, maltratados verbal y psicológicamente, porque la realidad es que las casas que alquilamos con opción a compra han sido vendidas hasta tres y cuatro veces y nosotros siempre dentro".

"Queremos que no paguemos justos por pecadores, exigimos que se haga justicia y al Gobierno canario que investigue esta situación, que no está ocasionando un estrés tremendo, porque la vivienda es un derecho constitucional y nosotros hemos cumplido nuestra parte, no somos ni ocupas ni morosos, sino ciudadanos víctimas de unas irregularidades tremendas", concluye la representante de las 66 familias afectadas.

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