Dos testigos del caso Arona declaran a los jueces la extorsión que sufrieron durante cinco años

El constructor y aparejador José Ramón Ansorena Ormazábal y su hijo, José Ramón Ansorena Carrera, coparon este lunes la décima sesión del juicio por el caso Arona 1, que se celebra en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Son dos de los testigos más esperados, los que sustentan la acusación particular por la presunta extorsión que sufrieron durante cinco años para obtener una licencia de construcción a cambio de pagar millones de pesetas a los técnicos municipales de ese municipio del sur de Tenerife.

Si hasta ahora el juicio se había centrado en la concesión sistemática de licencias, con informes jurídicos y/o técnicos en contra, por parte del Gobierno local de Arona entre los años 2003 y 2007, en los que el nacionalista José Alberto Gonzalez Reverón ejerció como alcalde, este lunes lo que se expuso fue una supuesta red de cobro de comisiones para la tramitación de licencias de construcción en la que el arquitecto municipal Eliseo de la Rosa; el aparejador municipal Roberto de Luis; el ex concejal de Urbanismo por el PP, Félix Sierra, y el empresario Arsenio Zamora, que habría ejercido como intermediario para obtener el dinero, serían sus protagonistas. Los cuatro están acusados por cohecho.

Ansorena Carrera relató al tribunal, durante cerca de tres horas, y con lujo de detalles, lo que calificó como una etapa “horrorosa” para él y su familia, que habían apostado junto con otros socios por la compra de una parcela en la zona conocida como Costa del Silencio para la construcción de 206 viviendas que, tras una reforma legislativa del Parlamento canario, tuvieron que reducir a 100 viviendas.

A preguntas de la fiscal, José Ramón Ansorena hijo explicó que “todo empezó en el año 2000, cuando nos ofrecen comprar la parcela. Antes fuimos al Ayuntamiento (de Arona) a preguntar sobre las posibilidades de construcción y nos dijeron que había que hacer un cambio de uso de hotelero a mixto (turístico y residencial), y se concedería la licencia sin problema”.

Según el testigo, estos trámites los gestionaron con Eliseo de la Rosa, con Roberto de Luis y con Félix Sierra, aunque era frecuente la presencia de Arsenio Zamora en las reuniones.

“Seis millones para comenzar”

“Sierra, De la Rosa y Zamora nos aseguraron que podíamos empezar con las obras de excavación porque los informes de la Alcaldía para obtener la licencia de obras iban a salir ya”, dijo Ansorena hijo. “A la semana siguiente, Eliseo de la Rosa quedó para comer con mi padre y le pidió seis millones de pesetas para comenzar”.

No se hizo ese pago de seis millones de pesetas, pero los Ansorena sí hicieron un primer pago de un millón de pesetas y posteriormente otro de 9.000 euros para la tramitación “cuanto antes” de las licencias, tanto las de modificación del uso de la parcela como la de obras, como los informes favorables del Cabildo, de Costas y de la Cotmac. Esos pagos “se hicieron en metálico”.

“Arsenio Zamora nos decía que no debíamos preocuparnos porque él conocía a todo el mundo en la Oficina Técnica de Urbanismo”, prosiguió Ansorena hijo. “Estábamos metidos en un proyecto enorme. La licencia de obras era fundamental. Apostamos todo nuestro patrimonio”.

“Pagamos porque Roberto de Luis nos dijo que no le metiéramos prisa, que tenía mucho trabajo, y creímos que los pagos eran para que los informes los elaborara una empresa externa”. Pero mientras las licencias y los informes previos para obtener las mismas se demoraban, los Ansorena veían cómo se construía en las parcelas adyacentes, incluida la urbanización Costa del Sol, con 415 viviendas, cuya parcela tenía inicialmente un uso social-comercial.

Hasta que Arsenio Zamora le pidió a Ansorena Ormazábal 45 millones de pesetas para obtener el informe jurídico favorable del Cabildo. 22 millones y medio debían pagarse en el momento y la otra mitad, al obtener el informe. Con ello, según relató Ansorena Carrera, se montaría una Junta de Gobierno local en el mes de agosto de 2002 para dar el visto bueno a la licencia de obras, lo que nunca ocurrió.

Al contrario, Ansorena Carrera citó al supuesto intermediario Zamora en un restaurante y grabó la presunta extorsión de la que aseguró que estaban siendo víctimas.

Al negarse a pagar, “Eliseo de la Rosa se presentó en la obra y nos dijo delante de un montón de gente que os juro por mi madre que no vais a sacar la licencia nunca”. Dos días más tarde, en efecto, las obras fueron paralizadas.

De la grabación tuvo conocimiento “todo el Ayuntamiento”, explicó Ansorena hijo, también el predecesor de González Reverón como alcalde, Miguel Delgado. “Yo le contaba a todo el mundo lo que nos estaba pasando. A los técnicos, a los concejales...” Hasta que una reforma legislativa limitó las viviendas de 206 a 100, porque debían tener más de 100 metros cuadrados.

“Cuando en 2007 fui llamado a declarar como testigo por el magistrado instructor del caso, decidí contarlo todo y aporté la cinta grabada”, aclaró.

Finalmente el informe favorable del Ayuntamiento lo elaboró el secretario municipal (ya fallecido), después de que los Ansorena hubieran obtenido por sus medios los informes favorables del Cabildo y de Costas. “El informe debía ser ratificado por el secretario, y lo hizo el mismo día en que se jubilaba porque, según nos dijo, ya nos habían jodido bastante”.

Asimismo, Ansorena Carrera aclaró que nunca pagaron en efectivo a Eliseo de la Rosa, ni a Roberto de Luis o Félix Sierra, pero “sabíamos que el dinero era para ellos”. El 5 de mayo de 2005 retiraron el proyecto del Ayuntamiento, tras haberse gastado 1.800.000 euros.

El segundo en declarar este lunes fue Ansorena Ormázabal, que ratificó las palabras de su hijo, con algunas aclaraciones, por ejemplo, que comenzaron las obras de excavación “porque no teníamos problema hasta alcanzar la cota cero. Allí metimos más de 300 millones de pesetas”, o que conoció a Arsenio Zamora por medio de un amigo común.

“No desconfiaba de Arsenio. Se movía por Urbanismo como Pedro por su casa” y añadió que no denunció en su momento la extorsión “por si se podía solucionar” el parón en la tramitación de las licencias y que la urbanización que habían proyectado tuviera por fin luz verde.

Tanto Ansorena padre como Ansorena hijo negaron haber usado esa grabación para, a su vez, presionar a los técnicos de Urbanismo en la concesión de la licencia, algo que quisieron apuntar los abogados defensores de Sierra, De la Rosa y Roberto de Luis. Ansorena Ormazábal incluso admitió que estaba arrepentido de no haber pagado los 45 millones que le pidieron porque ahora, aseveró, “estoy arruinado”.