La Guardia Civil confirma todas las irregularidades de la piscifactoría que contaminaba el agua del norte de Tenerife
Ni procesos de depuración de agua ni cualquier tipo de permiso o licencia. La piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, donde se trataba a los peces con antibióticos perjudiciales para la salud humana, vertía sus aguas al canal del Norte de Tenerife sin cumplir las más básicas prevenciones, según ha reafirmado ante el juez el agente del Seprona que levantó el atestado que dio lugar al cierre urgente de esas instalaciones y a la apertura de una causa judicial con el Cabildo de Tenerife como responsable civil subsidiario.
Las diligencias previas abiertas en un juzgado de Instrucción de La Orotava a raíz de una exclusiva de Canarias Ahora, sobre el que ya se conoce como caso Piscifactoría, sigue adelante después de que esta semana haya tenido lugar una sesión con la toma de declaraciones a un testigo, el cabo del Seprona que instruyó el atestado, y a dos nuevos investigados (antes imputados), dos empleados públicos del Cabildo: la funcionaria y auxiliar administrativo Natalia Castillo Labrador y Anastasio (se cita sin sus apellidos), personal laboral y técnico en el organigrama de la mencionada explotación acuícola, de propiedad pública y con responsabilidad política directa del consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena (PSOE).
Esas tres personas declararon el miércoles en sede judicial de La Orotava, donde el cabo del Seprona, según la información recabada por este diario, se ratificó en sus argumentos anteriores (es la segunda vez que se explica ante el juez, el fiscal y los letrados de las partes) y en los desplegados en el atestado que motivó la denuncia judicial, tramitada por esa sección de la Guardia Civil.
Además, volvió a reconocer algunos de los incumplimientos que ya se habían reflejado en el informe interno del funcionario del Cabildo de Tenerife Santiago Mayans (veterinario y jefe de sección) o en el del inspector de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias que visitó la explotación y la clausuró de inmediato y de forma urgente.
El cabo de la Guardia Civil reconoció una vez más que en la piscifactoría de Aguamansa no se aplicaba ninguna medida de depuración del agua a pesar de que las truchas habían sido tratadas con antibióticos prohibidos en humanos sin licencia ni permiso.
Respecto a la comercialización del pescado, el mismo cabo del Seprona aseguró que no se cumplía ningún requisito para la venta de las truchas de esa instalación acuícola, que es pública, e incluso se llegó a señalar que, pese a que el inspector de Salud Pública solicitó la clausura inmediata de la instalación, los técnicos del Cabildo debieron gestionar que los peces murieran de otra manera, sin un sacrificio que resultara tan agónico.
Según las testificales de este miércoles, quedó claro que no había un veterinario nombrado en la piscifactoría y que se vendían los pescados sin los requisitos higiénico-sanitarios de cumplimiento para introducirlos en el mercado. Además, se concluyó que las truchas se criaban y engordaban sin control y que también se carecía de licencia para esta actividad.
A todo esto se unió la confirmación de la posible existencia de un delito contra la salud pública por el vertido de las aguas de la piscifactoría (con restos de antibióticos) a un canal que se utiliza como vía de suministro a la población.
En la misma sesión declararon como investigados los empleados públicos ya señalados, que, en el caso de la auxiliar administrativo, solo contestó a las preguntas del juez, manifestando un desconocimiento bastante amplio, según fuentes presenciales, de lo que se va demostrando que ocurría en la piscifactoría del Cabildo de Tenerife.
El segundo de los investigados que declaró ante el juzgado respondió a las cuestiones que le plantearon el juez y el fiscal, y dijo que solo dirigía a las cuadrillas cuando había que limpiar los estanques de la piscifactoría, cada cinco años. También aseguró que sus funciones tenían más que ver con el complejo ambiental de Aguamansa, donde está radicada la instalación acuícola objeto de esta causa judicial.
Este mismo ayudante técnico confirmó que las truchas murieron agonizando y que el sacrificio pudo haberse hecho de otra manera, utilizando otros métodos.
En el caso Piscifactoría hay en la actualidad cinco investigados, que son, junto a los que declararon este miércoles, los funcionarios del Servicio de Gestión Forestal Buenaventura Machado Álvarez (jefe de servicio) y Tomás Reneses de la Fuente (jefe de sección), y el encargado de la citada instalación acuícola en Aguamansa, Víctor Javier Pacheco Hernández, este personal laboral fijo.
El Cabildo de Tenerife aparece en el proceso judicial como responsable civil subsidiario.
