El Gobierno valenciano lleva al juzgado a personas que viven pero que no son adjudicatarias de las VPO de Alicante

La Generalitat Valenciana ha comunicado al juzgado de Alicante que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan que hay ocupantes empadronados que no resultaron beneficiados con esas VPP.

Así lo ha informado este lunes la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, quien ha señalado que el viernes se remitió a la magistrada que lleva el caso esa información “nueva” y obtenida de “casar los visados con las personas que, según el ayuntamiento, se han empadronado” en los domicilios de la promoción de viviendas públicas (VPP) Les Naus.

“Esa información ya está disposición de la Justicia para que investigue por qué hay otras personas”, ha asegurado Camarero, quien ha comentado que su departamento está remitiendo al juzgado “aquellas cuestiones que descubrimos que no casan”.

Ha añadido que ahora la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad podrá pedir “la información que necesita para saber si efectivamente las viviendas están siendo ocupadas por las personas que han pedido el visado y han comprado la vivienda”.

La consellera, que ha participado este lunes en València en un acto por el día de la igualdad salarial, ha señalado que ha escuchado la intención de las dos primeras renuncias de las viviendas expresada por parte de sendos adjudicatarios pero no de dos más que puedan haberse producido en las últimas horas. En todo caso, ha sostenido que ninguna de ellas ha sido formalizada aún mediante la presentación de los trámites y la documentación pertinente.

En este punto ha señalado que si se materializara una propuesta de venta con una oferta por parte de un tercero que cumpla los requisitos legales para obtener una vivienda pública, “la consellería podrá ejercer el derecho de tanteo” tanto directamente “o a través del ayuntamiento de Alicante”.

De momento, ha comentado que se siguen revisando todos los expedientes y que todavía se está “en plazo” para que las personas a las que les falta documentación por entregar puedan hacerlo.

“Lo que tenemos claro es que no vamos a permitir que se especule con las viviendas de protección pública, que vamos a estar vigilantes para que nadie intente especular o hacer trampas” y que se trasladarán “todas las irregularidades al juzgado para que revisen, investiguen y tomen las medidas desde el punto de vista legal”.