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El alcalde de La Laguna señala a la directora de Seguridad para descargar su responsabilidad en el caso Grúas 

José Alberto Díaz asegura que los reparos se levantaron por una propuesta de Rosario Hernández, a quien también responsabiliza de fijar los criterios del informe externo que se encargó a dos catedráticos de la ULL

El dirigente nacionalista se negó a contestar a las acusaciones populares, que pedirán la imputación de la técnico en la que se escudó el político

Santiago Pérez, portavoz de XTF-NC, partido denunciante junto a Unidos Se Puede, tilda de “interrogatorio de juguete” las preguntas de la jueza y el fiscal

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José Alberto Díaz (derecha), alcalde lagunero de CC, se dirige este lunes al juzgado para declarar como investigado por el caso Grúas

José Alberto Díaz (derecha), alcalde lagunero de CC, se dirige este lunes al juzgado para declarar como investigado por el caso Grúas CRISTÓBAL GARCÍA (EFE)

Poco más de una hora ha durado este lunes la declaración como investigado del alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (de Coalición Canaria -CC-), al que se le imputan delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en el conocido como caso Grúas.

Después de que la Audiencia Provincial ordenara el interrogatorio por su participación en el expediente bajo sospecha, el dirigente de CC se presentó puntual a la cita con la jueza que instruye la causa, Celia Blanco, pero se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones populares. Eso sí, aprovechó el interrogatorio del resto de las partes para desviar la responsabilidad hacia la figura de la directora de Seguridad, Rosario Hernández, una de las personas de la máxima confianza del dirigente nacionalista. 

El concejal Santiago Perez anunció a los medios de comunicación, poco después de que José Alberto Díaz abandonara el juzgado, que las acusaciones populares, que representan a los partidos de la oposición Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unidos Se Puede, pedirán “de inmediato” la citación en calidad de investigada de la directora de Seguridad.

El también denunciante del caso Grúas recordó que, pese a ser funcionaria, Rosario Hernández ocupa su cargo como “personal de confianza”, lo que responde a una decisión política. “Es un personaje clave en esta trama y han pretendido establecer una discrepancia entre ella y el interventor”, concluyó. 

El papel que en el expediente del caso Grúas ha jugado Rosario Hernández, que aunque es funcionaria ocupa un cargo de designación política, no es nuevo. Su firma consta en varios informes y propuestas vinculados a las decisiones investigadas por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de La Laguna: la concesión de un préstamo de 120.000 euros a una concesionaria endeudada y la prórroga del servicio. Lo que ha cambiado es la estrategia de las defensas, al menos si se tiene en cuenta la insistencia de José Alberto Díaz en señalar a la directora de Seguridad.

El alcalde nombró hasta en seis ocasiones a Rosario Hernández. De ella aseguró que fue la persona que “decidió los extremos del informe” que se encargó a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna. Lo hizo, según José Alberto Díaz, a petición del entonces secretario del Ayuntamiento, Ceferino Marrero, que en la actualidad ocupa la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de Canarias, a donde llegó de la mano del alcalde de La Laguna en el momento de los hechos investigados, Fernando Clavijo, actual presidente regional.

José Alberto Díaz explicó que “no sabe si esos extremos” del informe externo, que fue usado por el Ayuntamiento para justificar el préstamo a la concesionaria, “fueron consensuados o los decidió ella sola”, en alusión a la directora de Seguridad, un paso que, de ser cierto lo declarado por el alcalde, se tomó sin su participación: “Yo no los pacté ni los discutí”. 

También incidió en que los reparos del interventor se levantaron “conforme a una propuesta de Rosario Hernández”, y no según el informe elaborado por los catedráticos Francisco Villar y Francisco Clavijo, personas que mantienen un estrecho vinculo profesional, el primero de ellos, y familiar, el segundo, con el presidente del Gobierno de Canarias y exalcalde de La Laguna, Fernando Clavijo.

La tercera vez que Díaz nombró a Rosario Hernández fue en respuesta a una pregunta del fiscal sobre su relación con el interventor municipal, Gerardo Armas. El alcalde admitió que conocía los postura contraria del funcionario y explicó que habló con él porque cambió el criterio de su informe inicial sobre el préstamo y existía una discrepancia con la directora de Seguridad, que defendía la operación.

Durante su declaración, el alcalde llegó a decir que el interventor “no es abogado ni economista”, aunque para acceder a su plaza de funcionario del grupo A-1 y obtener la habilitación nacional, que le aporta su independencia profesional, tuvo que superar una oposición que, precisamente, evalúa criterios netamente jurídicos y financieros.

José Alberto Díaz reconoció que él organizó la reunión que mantuvo el interventor con los autores del informe externo: “Como estaba el dictamen jurídico de la Universidad de La Laguna y la directora del área de Seguridad le había manifestado la predisposición del profesor Villar para hablar con los funcionarios, le propuso si quería hablar con los catedráticos”. Armas aceptó la invitación del alcalde y “la señora Hernández hizo las gestiones”.

“Necesitaba constatar cuáles eran las razones del cambio de criterio del interventor y analizar los argumentos que justificaban tanto la oposición de la Intervención como la propuesta de la señora Rosario”, concluyó el alcalde en su última respuesta a las preguntas del fiscal.

A pesar de que la asistencia letrada de José Alberto Díaz la llevó su hermano, Víctor Díaz, el abogado que con más insistencia preguntó fue Esteban Sola, representante del primer investigado en la causa, Antonio Perez Godiño, y de destacadas personalidades en otros procedimientos. como el propio Fernando Clavijo, Isaac Valencia o el empresario Antonio Plasencia. Fue a una pregunta del catedrático de Derecho de la Universidad de La Laguna cuando el alcalde volvió a señalar a Rosario Hernández: “Hice la propuesta [para levantar los reparos] según los  informes del área de Seguridad; nunca me aparté de ese criterio”. 

José Alberto Díaz, alcalde, flanqueado por Juan Manuel Castañeda, líder de CC en La Laguna, camino de su cita con la jueza

José Alberto Díaz, alcalde, flanqueado por Juan Manuel Castañeda, líder de CC en La Laguna, camino de su cita con la jueza CRISTÓBAL GARCÍA (EFE)

Otra de las cuestiones que llaman la atención es que tanto el investigado como los dos abogados de las defensas evitaron usar las palabra  préstamo ,  un término que sustituyeron por “aportación financiera”, igual que se insistió en denominar “desequilibrios económicos” a la importante deuda que arrastraba la empresa cuando se produjo la intervención del Ayuntamiento.

No hay que olvidar que los interventores técnicos del servicio de grúas, Alejandro Cordero y Antonio Vera, en un primer informe de 8 de abril de 2014, concluyeron que “las deudas de la sociedad” podían ser consideradas como “faltas muy graves o gravísimas”, lo que implicaba que la concesionaria no se encontrase “en condiciones de poder prestar normalmente el servicio”. En el dictamen se recordaba que estas irregularidades se sancionarán “con la caducidad de la concesión”. Ninguna de las partes a las que contestó el alcalde se interesó por este informe durante el interrogatorio.

La jueza que instruye el caso, Celia Blanco, que se vio obligada a citar a declarar a José Alberto Díaz como investigado tras un auto de la Audiencia Provincial, después de que rechazase en primera instancia la petición de las acusaciones populares, evitó con sus preguntas los detalles del expediente y se dedicó a cuestionar por extremos que se alejan de los delitos investigados. “Yo no he obtenido beneficio propio”, tuvo que contestar el alcalde, pese a que no se le investiga por cohecho o apropiación indebida. También aseveró que “no tiene amistad” con ninguna de las personas que gestionaban Autogrúas Poli, SL, e insistió en que “no hubo perjuicio para el erario público”. 

Las "alternativas habrían paralizado el servicio", según Díaz

Durante la escasa hora que duró su interrogatorio, Díaz manifestó que “las alternativas habrían paralizado el servicio”, en relación con el posible rescate de la concesión, opción que defienden las acusaciones populares. También respondió que “no presionó” al interventor y llegó a afirmar que, de haber sabido lo que iba a pasar, “no hubiera cogido las vacaciones” que llevaron a Pérez Godiño a sustituirle en un mes clave para el expediente. 

El alcalde no quiso hacer declaraciones a su salida del juzgado, adonde acudió acompañado por el portavoz de Coalición Canaria en el municipio, Juan Manuel Castañeda, pero sin la presencia de su abogado, que lo esperaba dentro. Díaz se limitó a decir a los medios que está “satisfecho” y explicó que no contestó a las preguntas de las acusaciones populares por su carácter político: “Para eso están los plenos”.

Quien sí habló con los medios después de la declaración de José Alberto Díaz fue uno de los denunciantes, el concejal Santiago Pérez, que calificó de “interrogatorio de juguete” las preguntas realizadas por la jueza y el fiscal que llevan el caso. El edil de la oposición llamó “cobarde” al alcalde por negarse a responder a las acusaciones populares.

En un comunicado, el portavoz de Unidos Se Puede, Rubens Ascanio, se manifestó en la misma línea: “Es más que llamativo que con la responsabilidad que ostenta no tenga la valentía de dar las explicaciones que correspondan en sede judicial”.

En otra nota de prensa, Santiago Perez trasladó a los medios las diez preguntas que la acusación popular había preparado para el alcalde de La Laguna y que se negó a contestar:

- Primera: ¿quién propuso a la Junta de Gobierno celebrada el 29 de abril de 2014, convocada de urgencia para la toma de conocimiento del informe de 8 de abril de los interventores del servicio -en el que se consignaba la situación de quiebra de la empresa concesionaria, las faltas gravísimas por los incumplimientos del pliego de cláusulas del contrato, así como la obligación legal del Ayuntamiento de decretar la caducidad de la concesión y rescatar la gestión del servicio-, “dejar el expediente sobre la mesa”: ¿usted o el señor Clavijo?

- Segunda: ¿fue usted o el señor Clavijo la autoridad que “convenció” a los interventores del servicio entre el 8 de abril y el 5 de junio de 2014 para que desistieran de que había que sancionar a la empresa concesionaria con la caducidad de la concesión por sus faltas gravísimas, como establecen el PCAP y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (art. 136.1)? 

- Tercera: ¿con qué base legal encargó usted el dictamen a los catedráticos para saltarse los reparos de intervención y convencer de que el préstamo con dinero público a Autogrúas Poli “era legal y viable”?

- Cuarta: ¿con qué fundamento legal propone la concesión de un préstamo con dinero público y la prórroga del contrato con la empresa Autogrúas Poli, incumpliendo la obligación legal de sancionarla con la caducidad de la concesión por sus incumplimientos y faltas gravísimas? 

- Quinta:  ¿por qué usted y doña Rosario Hernández Eugenio manipularon reiteradamente (14 julio, 25 y 26 de agosto de 2014) el informe de los interventores del servicio, afirmando que  “consideran procedente la prórroga del contrato”, cuando la propuesta de estos (informe de 5 julio 2014) es “deberá estudiarse la procedencia de la continuidad de la prestación del servicio de retirada de vehículos en régimen de concesión administrativa en los términos que legalmente procedan y que supongan la mejor garantía de los intereses generales?”.

- Sexta: ¿por qué usted y doña Rosario Hernández Eugenio atribuyen reiteradamente (informes-propuestas de 14 de julio y de 25 y 26 de agosto de 2014, apartado 5) al dictamen de los expertos la procedencia y la necesidad de la prórroga del contrato cuando el objeto de dicho dictamen era “la prórroga de la intervención temporal, no la prórroga del contrato”, como los propios expertos han afirmado taxativamente ante el juzgado?

- Séptima: ¿por qué ha manipulado el informe de 14 de julio de 2014, suscrito por la directora del Área, el director del Servicio y el inspector jefe de la Policía Local, afirmando que “se informa favorablemente la prórroga del contrato” y suprimiendo, a la vez,  “sin perjuicio de la normativa aplicable en materia de extinción de contratos”, que sanciona expresamente (art. 23 PCAP y 136.1 RSCL) con la caducidad de la concesión los graves incumplimientos del PCAP por parte de Autogrúas Poli, SL?

- Octava: ¿por qué usted y el señor Clavijo permitieron la transmisión de la empresa concesionaria a los trabajadores/amigos, y posteriormente al señor Tacoronte, sin la preceptiva autorización del pleno del Ayuntamiento, que exige el art. 29 del PCAP para cualquier cesión o traspaso de la concesión, que se concederá previa comprobación de si concurren las condiciones legales necesarias para ello y en consideración a las condiciones que ofrezca el cesionario…” (tal y como se exigió el 13 de octubre de 2005 al primer concesionario, señor Padilla, al convertir su empresa individual en una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, SLU)?

- Novena: ¿fue usted el que descubrió al señor Tacoronte?

- Décima:  ¿qué se le ofreció para que se hiciera cargo de una empresa en estado de quiebra? ¿La adjudicación a dedo, hasta 2029, de la gestión del servicio de grúas por un importe de 10 millones de euros?”.

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