La alcaldesa del PP en Güímar declara ante la jueza por un supuesto delito de prevaricación administrativa

Carmen Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, del PP

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

La alcaldesa del PP en Güímar, Carmen Luisa Castro, declaró este jueves ante la jueza titular del Juzgado Nº 3 de esa localidad en calidad de investigada (antes imputada) por la comisión de un supuesto delito de prevaricación administrativa. Esta citación se produjo tras la denuncia formulada ante la justicia por el PSOE y Sí Se Puede (a finales de 2015), partidos en la oposición en esa Corporación local, donde el PP gobierna con el apoyo de CC.

A Carmen Luisa Castro se le acusa de levantar reparos en contratos de suministros y obras durante los años 2014 y 2015, según la demanda interpuesta por el portavoz socialista en el Ayuntamiento güimarero, Airam Puerta. Esa denuncia ha sido respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.

Castro, según recoge Diario de Avisos en su edición de este viernes, declaró por espacio de media hora ante la jueza y el fiscal este jueves, tras la citación en diligencias previas, y se mostró segura de “no haber cometido ningún delito”. “Le comenté a su señoría -detalló la alcaldesa- que levantar reparos es una potestad de los alcaldes, y que todos en la Fecam lo hacen”.

Castro indicó que “todos esos contratos, de los que presenté certificación, fueron aprobados en el pleno y, además, auditados por la Audiencia de Cuentas, que nunca nos puso un reparo”. “Los reparos eran mayoritariamente de Intervención, pero se levantaron porque las obras realizadas había que pagarlas”, sostuvo.

También se le preguntó a la regidora local por los gastos en publicidad o ferreterías, pero “no sobre la basura o el agua, que son la gran parte de los dos millones de euros que cada año tenemos que reparar”, afirmó la alcaldesa

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Güímar, Airam Puerta, presentó la denuncia que dio origen a este procedimiento el 30 de noviembre de 2015, entonces junto a Sí Se Puede. Puerta avanzó que en el año 2017 “los reparos ascienden a 3,4 millones de euros”.

El concejal socialista se mostró de acuerdo con las conclusiones del fiscal y señaló que antes de 18 meses, contados a partir de este jueves, se debe fijar el juicio oral, en el que se juzgaría a los investigados por esa supuesta prevaricación administrativa, entre ellos la alcaldesa Castro.

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