Condena de un año de prisión para el cabecilla de la trama que cobraba por quitar la condición de VPO a las viviendas
La Audiencia Provincial tinerfeña ha condenado a Manuel Celso C. A. a un año de prisión y alrededor de año y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público como principal responsable de una trama en la que se valía de su empleo como funcionario en el Instituto Canario de la Vivienda para ofrecer a los propietarios de viviendas de protección oficial (VPO) la posibilidad de eliminar esas trabas administrativas mediante el pago de entre 2.000 y 9.000 euros.
El encausado iba a ser juzgado este lunes, junto a más de veinte personas, aunque finalmente un acuerdo entre las partes ha hecho innecesaria la celebración de la vista. No obstante, el magistrado presidente de la sala ha convocado una nueva vista para el próximo lunes a las 9.30 al no haber conformidad con las multas en concepto de responsabilidad civil.
En total, la Fiscalía solicitaba penas que oscilaban entre los nueve meses y los cinco años de prisión hasta sumar alrededor de 90 años e indemnizaciones por valor de 125.000 euros, más lo que se pueda determinar durante la ejecución de sentencia. Sin embargo, las dilaciones indebidas -el caso se inició en 2005- hicieron que las penas se redujeran a un máximo de un año de prisión.
En el caso de Manuel Celso. C. A., la Fiscalía pedía una pena de cinco años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de once meses de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis años. El abogado del Estado, por su parte, solicitaba una pena de 18 años de cárcel.
Los procesados estaban acusados de cometer delitos de prevaricación administrativa, estafa y falsedad documental, que se concretaban en la descalificación de viviendas de protección oficial (VPO) mediante el pago de entre 2.000 y 9.000 euros, lo que daba lugar a la desaparición de las limitaciones asociadas a esta categoría, permitiendo proceder a su venta sin acudir al precio máximo fijado legalmente.
Este supuesto fraude facilitaba la posibilidad de establecer un valor libre de mercado o que los dueños de los inmuebles acudieran a operaciones de financiación de créditos que serían inviables de haber seguido siendo consideras sus casas como viviendas de protección oficial. Todos ellos pagaron un precio creyendo que recibían un certificado por medio del cual devolvían las ayudas y subvenciones obtenidas.
También acudían personalmente o a través de estos acusados a liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actor Jurídicos Documentados para inscribir en los registros de la propiedad la liberalización de los inmuebles. Al no estar cruzados los archivos de estas entidades con las del Instituto Canario de la Vivienda, no se detectaban las anomalías e irregularidades de los documentos considerados fraudulentos.
Para cometer esta supuesta estafa, contactaban de forma directa con los propietarios o usaban intermediarios, como podían ser inmobiliarias que se beneficiaban del aumento del precio en la venta de las casas o de la financiación de las hipotecas. En este caso, los empleados de las inmobiliarias han quedado absueltos.
Una vez hecho el pago, los acusados se comprometían a conseguir los documentos precisos que simulaban tanto las certificaciones emitidas oficialmente, como la intervención del director general de la Vivienda mediante la imitación de su firma.
