Las defensas tratan de desacreditar la tasación municipal de la casa Siliuto
Las defensas de los tres acusados por la compra de la casa Siliuto por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2002 han tratado de sembrar dudas sobre la tasación municipal que fijaba el precio en la mitad de lo que se pagó, al considerar que no reflejaba adecuadamente el valor de mercado, además de que incluso contiene errores aritméticos.
Tras la conclusión de la fase pericial del juicio oral, todas las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, que expondrán en sus informes finales el miércoles de la semana próxima.
Los acusados son los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, que cumplen condena por el caso mamotreto y están pendientes de su recurso al Tribunal Supremo por el caso de Las Teresitas, y el funcionario Víctor Reyes, exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, también condenado en primera instancia por el caso de Las Teresitas.
El fiscal pide para Norberto Plasencia diez años de prisión y dieciséis de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos, y a Víctor Reyes siete años de cárcel y doce de inhabilitación, mientras que exculpa a Manuel Parejo.
La acusación popular, que ejerce Izquierda Unida, pide para Norberto Plasencia y Víctor Reyes dieciséis años de prisión y cuarenta años de inhabilitación a cada uno, y para Manuel Parejo, ocho de prisión y veinte de inhabilitación.
Ladislao Díaz, letrado defensor de Víctor Díaz, fue el más incisivo contra Berta Álvarez, la arquitecta técnica municipal que valoró la casa en 332.000 euros.
Su informe de tasación, según el abogado, contiene errores aritméticos que de corregirse supondría prácticamente igualar el valor de la vivienda a los 612.000 que pagó el Ayuntamiento a los compradores, los hermanos Alonso Siliuto.
Las defensas consideran que el informe municipal de 2002, que no fue tenido en cuenta por el consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo que aprobó la compra, no refleja el valor de mercado de la vivienda, como a su juicio sí hizo el tasador designado por la propiedad, Juan Carlos Armas, quien en 1999 estableció el precio en 612.000 euros.
Berta Álvarez, cuyo informe era en realidad una revisión de una tasación privada realizada por Tinsa a petición del Ayuntamiento, utilizó la ley del suelo para realizar su valoración, mientras que Juan Carlos Armas aplicó la orden ministerial que rige para las tasaciones hipotecarias.
Este último sistema fue el utilizado por el perito designado por el fiscal en 2011, Juan Jesús Oliva Cabrera, si bien según él el valor del inmueble era de unos 470.000 euros a precios de 2005.
A preguntas del tribunal, los peritos corroboraron que cualquiera de esos métodos de valoración es correcto, aunque los resultados son diferentes por tratarse en un caso de fijar un precio de compra o expropiación por parte del Ayuntamiento y en el otro de su valor hipotecario o de mercado.
En la vista compareció también otro tasador, Miguel Ángel Clemente Mederos, de la empresa Tinsa, a la que el Ayuntamiento encargó una valoración externa que resultó en 705.000 euros.
Para llegar a ese precio, Clemente Mederos aplicó a la casa los aprovechamientos urbanísticos medios de la zona y una superficie construida superior a la escriturada, de acuerdo con sus propias mediciones.
Otro de los testigos de la sesión fue el entonces jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Epifanio Gómez, quien en teoría, según reconoció, debería haber supervisado y firmado el informe de Berta Álvarez, pero no lo suscribió.
“No tuve conocimiento o estaba ausente, no me pasaron nada a la firma, no hablé con ella, no sé quién encargó el informe, no recuerdo la reunión”, fueron sus explicaciones al tribunal.
