El exadministrador del Recinto Ferial de Tenerife pudo alterar las cuentas de la institución, según expertos

Ignacio C., durante el juicio

Efe

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Distintos testigos han asegurado este martes que el acusado de falsedad en documento público y malversación como jefe de administración del Recinto Ferial de Tenerife, Ignacio C., pudo alterar el principio de uniformidad en las cuentas de la empresa y producir un agujero contable de algo más de 124.000 euros.

Arranca el juicio por presunta malversación en la administración del Recinto Ferial de Tenerife

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Así lo han dicho durante la segunda sesión en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife un economista forense y la economista contratada por la institución ferial de Tenerife para comprobar el estado de la contabilidad y diseñar unos presupuestos futuros, puesto que el jefe de administración, el hoy encausado, se jubilaba en verano de 2016.

Ese año, el entonces gerente del Recinto Ferial, Ignacio Pintado, interpuso una denuncia porque había un agujero contable de al menos 124.000 euros, tras la cual el ahora acusado se presentó en Fiscalía para colaborar. Pintado fue cesado poco después de interponer esa denuncia por el entonces presidente del Cabildo insular, Carlos Alonso, de Coalición Canaria.

A la auditora se le encomendó ese verano, antes de la denuncia, una misión “continuista” entre el relevo de dos departamentos de administración y que basó, entre otros aspectos, en los balances anteriores de la empresa para establecer básica y sucintamente qué tenía y qué debía el Recinto Ferial.

Pero aparecieron entonces unas cuentas de pagarés a cobrar “con mucho dinero”, importes que se reflejaban en los balances de muchos años atrás, de comienzos de siglo (comenzando entre 2001 y 2003), por lo que la auditora preguntó por ellos a Ignacio C.: “Me llamaron la atención esos saldos tan grandes de pagarés a cobrar. Y si a mí me tocaba realizar los presupuestos futuros, yo debía explicar algo que (Ignacio C.) me dijo que venía de hacía años. Si llevaba esos años sin arreglarlo, ¿cómo lo iba a hacer en 15 días?”, ha contado ante el tribunal.

Ignacio C. le contestó, según su testimonio, que se trataba de cuentas que “venían de muy viejo (sic)” pero que desconocía de dónde venían o qué eran, pero que, en cualquier caso, lo averiguaría. “¿Cómo me va a averiguar esto ahora, que se va a jubilar?”, ha dicho que se preguntó en aquel momento, de lo que dedujo que de algún modo le endosarían esas explicaciones, por lo que pidió una reunión con el entonces gerente para comentarle la falta de información en torno al origen de esos pagarés pendientes de cobrar desde hacía años.

Nadie sabía nada. Cuando el encausado le envió el siguiente balance, la economista comprobó que se había movido el dinero de la caja del efectivo mediante un asiento en el que canceló los pagarés a cobrar (un asiento es una anotación que se hace en los libros de cuentas para registrar una operación contable).

Una contabilidad "sin sentido"

“Cuando vuelvo a insistir, veo que hay que hacer un recuento de la caja: había 4.000 euros en ella. Pero, contablemente, 128.000. Para que coincidieran la contabilidad y la realidad había que realizar un asiento detrayendo 124.000 euros del dinero de la caja, contra una cuenta de pagarés genérico pendientes de revisar”, ha explicado. La economista ha añadido en esa línea que si se debe cobrar algo, lo lógico es que aumente el dinero y no que se disminuya, y que fue entonces cuando comprobó que aquello “no tenía sentido” y procedió a un arqueo de caja, es decir, a recontar todo lo que había en ella.

La auditora ha ejemplificado con que si todos los presentes en la sala suman un total de 500 euros en efectivo, pero a la entrada se ha especificado por escrito que debían tener 600, “de alguna forma” hay que quitar 100 euros para que cuadre. “Esos son los 124.000 euros que quitó y llevó a esa cuenta de pagarés genérica, sin nombre ni apellidos”, ha apostillado.

Después, ya jubilado el ahora encausado, llamaron a la auditora para acudir a su despacho y abrir el armario, y fue entonces cuando, según ha dicho, aparecieron “unos 400 y pico euros” en efectivo, “un montón de vales” y algunos pagarés originales, entre otras cosas.

Ha negado asimismo que solo viera a Ignacio C. en una ocasión, tal y como dijo el encausado, porque si no, no tendría correos de él ni podría decir los días exactos en los que tuvo revisiones médicas o los problemas que tuvo para aportarle la documentación, entre otros asuntos.

Sin uniformidad entre balances anuales

Un economista forense ha explicado por su parte que el principio de uniformidad en una empresa implica que todos los ejercicios deben ser comparables entre ellos al cierre del año. “Si el saldo que refleja esa cuenta a 31 de diciembre no se arrastra para principios de enero, la información del año siguiente ya no es comparable a la del anterior, por lo que puede admitir cualquier alteración”, ha añadido.

Entiende asimismo que las auditorías al Recinto Ferial a lo largo de ese tiempo debieron “absolutamente” hacer salvedades, porque la ruptura de ese principio de uniformidad ya es causa suficiente como para denegar una opinión sobre esas cuentas.

Con respecto a los 124.000 euros, el perito económico ha recalcado que es el único “hecho en concreto” en el que puede asegurar, según la evolución presentada en el informe de la empresa, que no tiene “justificación ninguna”.

Romper ese principio de uniformidad “básico” para la credibilidad de toda una contabilidad y la contrapartida “en una cuenta ausente” de proveedores que “aparentemente” es como si el dinero se lo hubieran entregado a proveedores que justifican la salida de caja, son ya indicios que, a su juicio, no responden a una justificación real, de buen fin.

Preguntado por la defensa de si puede asegurar que el Recinto Ferial ha sufrido un perjuicio “claro y evidente” por la presunta sustracción de dinero del encausado, el perito se ha limitado a señalar que “desde los números” el Recinto Ferial tiene sin justificar “como mínimo” algo más de 124.000 euros, y que esa cantidad sí es un “claro perjuicio” a la empresa, independientemente de todo lo demás.

“La ortodoxia que se seguía con esa cuenta no me inspira confianza”, ha apostillado más adelante.

Por otro lado, el actual gerente de la Institución Ferial de Tenerife, Ignacio Domínguez, solo asistió a una reunión en 2016 con distintos miembros de la plantilla para abordar entre todos cómo continuar con el departamento de contabilidad y administración tras la jubilación prevista de Ignacio C..

Fue una reunión larga en la que, entre otras cosas cuestiones, el entonces gerente propuso el asesoramiento contable de una empresa externa con la que ya había trabajado anteriormente en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

“Tanto a (Ignacio) Pintado como a mí nos llamó la atención que (Ignacio C.) quería continuar desarrollando las labores de la jefatura mediante conexión en remoto desde su domicilio. El anterior gerente dijo tajante que aquello no era solución”, ha contado.

A Domínguez le pareció aquella propuesta una “anomalía tremenda” porque el acusado se iba a jubilar y no era lógico que siguiera asesorando a sus subordinados en el departamento, entre otras cuestiones.

Ignacio C., según el gerente del Recinto Ferial, llevaba su departamento “de cabo a rabo” él solo con una autonomía plena y con maneras autoritarias, y que los pagarés, según ha contado asimismo una empleada, se guardaban en su despacho, que no compartía con nadie, y bajo llave, de la que solo él disponía copia.

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