El funcionario investigado por la duplicidad de pagos en el caso Carreteras tuvo el respaldo de su directora insular
El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha suspendido este jueves la declaración del único investigado por una presunta malversación de dos millones de euros en el área de Carreteras del Cabildo, el exjefe de Servicio de Conservación de Carreteras y Paisaje, el funcionario Miguel Pintor Sepúlveda. Es la segunda ocasión que se aplaza el interrogatorio del técnico insular, que fue citado por primera vez el pasado 4 de julio de 2017. La decisión se produce en un momento clave de la instrucción ya que la jueza tiene sobre su mesa una petición de las acusaciones para citar a dos técnicos más de la Corporación insular como imputados y un recurso del abogado de la defensa que solicita el archivo de la causa.
El caso Carreteras investiga varios expedientes vinculados con presuntas duplicidades en los pagos, gastos por servicios no prestados y otra serie de irregularidades denunciadas por los propios Servicios Jurídicos del Cabildo y por el exconsejero del área José Luis Delgado. El expediente que afecta de forma más directa al único investigado está relacionado con el supuesto cobro indebido por parte de la empresa Traysesa de 414.479 euros por la vigilancia de un tramo en obras de la TF-1 a pesar de que el Gobierno de Canarias había asumido el coste del servicio. Una decisión que Pintor Sepúlveda consultó previamente con la directora insular, Ofelia Manjón, tal y como ha podido contrastar mirametv.com a través de su declaración como testigo el 30 de junio de 2017.
José Luis Gutiérrez, el letrado de Pintor Sepúlveda, interpuso el pasado 18 de febrero un recurso de reforma contra la segunda citación del funcionario. En el escrito, el letrado solicita el sobreseimiento de las diligencias abiertas al considerar que los cargos que se imputan al funcionario del Cabildo “han sido desvirtuados”. En la petición también se expone que, de rechazarse el archivo, “si alguna actuación” del exjefe del Servicio Técnico de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife “fuera merecedora de reproche penal (que entendemos que no), debería imputarse necesariamente a Doña Ofelia Manjón-Cabeza (conocedora de los hechos y superior jerárquica de mi representado), así como a Don Sergio Leyva Campos y Don Luis Gutiérrez Valido”; en alusión a otros dos funcionarios que participaron en varios de los expedientes investigados.
Según el recurso de la defensa, tanto la Fiscalía como el abogado de la acusación popular, que representa a Podemos, solicitaron el 30 de junio de 2017 que Leyva y Gutiérrez Valido, que habían sido propuestos como testigos, fueran citados en calidad de investigados. La jueza decidió entonces suspender las declaraciones hasta que el Cabildo de Tenerife aportara una serie de informes solicitados por el Juzgado.
La única persona que prestó testimonio en sede judicial el 30 de junio fue la directora insular de Carreteras que, “sin ningún genero de dudas, reconoció que conocía y estaba informada de todas las actuaciones realizadas” por Pintor Sepúlveda, tal y como expone el recurso de reforma.
Durante su declaración como testigo, Ofelia Manjón admitió que respaldó al entonces jefe del Servicio Técnico cuando le preguntó su opinión sobre el expediente de Traysesa. “Yo di mi parecer, aunque no tengo competencias en conservación de carreteras (...) yo dije que me parecía bien porque así lo entendí”, respondió la directora insular tras ser cuestionada por la jueza.
El expediente de Traysesa es uno de los cargos por los que se investiga a Pintor Sepúlveda por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En opinión del abogado de la defensa, esta es la única actuación, de las que figuran en al denuncia de la Fiscalía, “de la que es responsable” el funcionario imputado en la causa. Para el letrado, “ha quedado acreditado” que los encargados del resto de expedientes bajo sospecha son “otros técnicos de la Corporación”, en referencia a Leyva y Gutiérrez Valido.
La Fiscalía denunció una presunta malversación relacionada con un presunto doble pago a Traysesa por la vigilancia de un tramo de la TF-1, a raíz de las obras de mejora y recuperación ambiental que en 2010 adjudicó el Gobierno de Canarias a la empresa propiedad de Miguel Concepción. Pese a que el Ejecutivo autonómico pasó a ser el responsable de la vigilancia de la vía, el Cabildo de Tenerife mantuvo parte de los pagos a Traysesa por el contrato vigente para el mantenimiento de la autopista del sur en el tramo afectado por los trabajos.
Compensación
Fue el propio Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife el que, en una sesión celebrada el 21 de octubre de 2013, reconoció la necesidad de “regularizar” los 414.479 euros que fueron ingresados de más por el Cabildo a Traysesa, que a su vez cobró del Gobierno de Canarias por el mismo cometido, desde febrero de 2011 a junio de 2013.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los pagos se llevaron a cabo “sin la autorización de los órganos de gobierno del Cabildo”. La acusación pública sostiene que la regularización del abono de la cuantía ingresada de más por Traysesa se llevó a cabo “sin contemplar la devolución en metálico con los intereses correspondientes”. La decisión que adoptó la Corporación insular fue deducir la cuantía pagada indebidamente de otros trabajos encargados a la misma empresa.
Este es uno de los puntos en los que se produce una discrepancia entre el Ministerio Público y la defensa de Pintor Sepúlveda. El abogado José Luis Gutiérrez considera válida la fórmula que eligió el Cabildo de Tenerife para recuperar el dinero. El letrado se apoya en un informe elaborado por la actual jefa del Servicio Administrativo de Carreteras, Mercedes Torral, en el que se asegura que “no ha existido perjuicio económico efectivo” para la Corporación insular. Un escrito que basa su conclusión en otro dictamen elaborado por el Servicio Técnico de Carreteras, un departamento del que forma parte el propio Sergio Leyva, del que “se desprende que se ha llevado a efecto lo acordado por el Consejo de Gobierno”.
La declaración de Ofelia Manjón desveló algunos detalles desconocidos hasta el momento, como la existencia de un pacto previo entre las dos administraciones. “Pintor me comentó en 2011 que el Gobierno de Canarias tenía un problema porque no podía vigilar el tramo”, explicó la directora insular de Carreteras, que señaló que, al final, “se llegó a un acuerdo entre ellos” para que la vigilancia fuera asumida por el Cabildo. Preguntada si el funcionario investigado podía tomar esa decisión por su cuenta, respondió que, según su punto de vista, “entre dos directores facultativos puede haber esa relación”, aunque quiso dejar claro que no asistió a ninguna de las reuniones y que entre sus competencias no se encontraba la autorización de gastos.
Manjón sostuvo ante la jueza que la operación suponía “un ahorro y no un gasto indebido” para el Cabildo. “Por eso yo le dije a Miguel que me parecía bien”, insistió una vez más. El letrado de Pintor Sepúveda se agarra con fuerza al testimonio de la directora insular para demostrar que el funcionario consultó con su superiora política, por lo que pide que, de no archivarse la causa, se abra el abanico de investigados.
Fue el propio abogado de la defensa el que insistió, durante la declaración de Manjón, en preguntar por el pago del Cabildo de un servicio de vigilancia que costeaba el Gobierno de Canarias. “Esos costes son gastos fijos y, como son gastos fijos, es lo mismo que vigilen 80 kilómetros que 60 kilómetros, y esa vigilancia se tiene que seguir pagando”, explicó la directora insular, a lo que añadió que “el dilema, que a mí no me compete, está en entender que ese gasto que estaba haciendo la Comunidad Autónoma era un ahorro para la Corporación insular porque se hicieron obras con ese ahorro”.
Ni la jueza ni el resto de las partes preguntaron a Manjón por los otros cargos que se imputan a Pintor Sepúlveda. Anticorrupción también encontró indicios de prevaricación y malversación en expedientes vinculados con el mantenimiento del Centro de Información de Carreteras, el traslado del Centro de Control de Túneles al Intercambiador, o la conservación del túnel de El Guincho.
