La investigación judicial destapa que el agujero en el Recinto Ferial tinerfeño puede llegar a los 600.000 euros
El supuesto desfalco (inicialmente cifrado en 124.000 euros) que se conoció a mediados de 2016 en la Institución Ferial de Tenerife (IFTSA), empresa pública del Cabildo insular que se encarga de la gestión del recinto ferial de Santa Cruz, crece y crece. Y lo llega a hacer tanto que la investigación judicial desarrollada hasta ahora ya eleva el supuesto agujero económico que ha ocasionado la mala gestión en esa entidad pública hasta el umbral de los 600.000 euros, nada menos que el 383% más que lo previsto o contabilizado en un principio (se pasa de 124.000 euros a 600.000).
Estas son las noticias que han trascendido este martes de la sede judicial en que se sigue el proceso del conocido como caso Recinto Ferial, una causa que afecta de lleno, al menos en el plano político, al Gobierno de CC-PSOE en el Cabildo de Tenerife, aunque sobre todo a integrantes del primero de esos dos partidos, de manera especial al consejero delegado de tal sociedad anónima de capital público, Efraín Medina, a su vez responsable del área de Desarrollo Económico en la Corporación insular, y al puesto de presidente de la entidad reseñada, que corresponde a Carlos Alonso, a la sazón presidente del Cabildo de Tenerife.
El boquete patrimonial de 600.000 euros aparece en el informe pericial sobre el estado económico-financiero de la sociedad pública encargado por el propio juzgado, un documento al que ha tenido acceso Tenerife Ahora.
La formación política que sostiene la acusación popular en esa causa es Podemos, en la oposición en el Cabildo de Tenerife. Este partido, que tiene como consejero insular de referencia para este asunto a Julio Concepción, emitió este martes una nota sobre el particular; esto es, una valoración sobre lo nuevo que se ha conocido de este supuesto desfalco que afecta de lleno a lo público.
Concepción planteó que “es realmente preocupante que, según las pruebas que se están recabando durante la investigación judicial de ese caso, no se descarte que el agujero económico en la sociedad pública del Cabildo de Tenerife [con el control de Coalición Canaria] sea aún mucho mayor, aunque es por ahora muy difícil de conocer la cuantía total debido a la insólita destrucción de los discos duros que contenían la contabilidad anterior al ejercicio de 2011 en esa empresa dependiente” de una Administración pública.
El también representante de Podemos en el consejo de administración de la Institución Ferial afirmó que la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife por supuesta malversación de caudales públicos en la citada sociedad del Cabildo de Tenerife (en la que está personado este grupo político como acusación popular) “va confirmando nuestros peores temores y sospechas”.
Un caso que para nada es puntual
Concepción dijo que “no se trata solo de un caso puntual que obedece al comportamiento supuestamente delictivo del exjefe de Contabilidad y Administración en esa sociedad pública Ignacio Castillo Melo [ya jubilado], de momento el único investigado [antes imputado], sino que es una muestra más de las nefastas consecuencias que tiene para el interés general de la ciudadanía tinerfeña el descontrol económico y la irresponsable gestión política que caracteriza el oscuro y complejo entramado societario que ha orquestado Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife, unos años en sintonía con el PSOE y otros con el PP, a través de los pactos de gobierno que se han ido alternando entre esas tres formaciones políticas durante decenios”.
Las tomas de declaración judicial de este martes al exgerente (Ignacio Pintado), a la oficial primera de contabilidad y a un oficial administrativo del IFTSA “han contribuido a reforzar aún más nuestra convicción sobre las anomalías permitidas y/o propiciadas hasta ahora por acción u omisión del consejo de administración y del Gobierno insular en esta y otras sociedades del Cabildo”.
Por todo ello, prosigue Concepción, “en el grupo Podemos tenemos claro que urge que el pacto de gobierno de CC-PSOE, que preside Carlos Alonso, además de asumir responsabilidades políticas, dé prioridad a la puesta en marcha de mecanismos de control y transparencia reales y eficaces”. Y añade: “Nuestra labor de oposición ha logrado algunos frutos en esta línea, pero falta mucho por hacer y es hora de que el grupo de gobierno se tome en serio esta importante tarea”.
El consejero de Podemos recuerda que, junto a la supuesta malversación de caudales públicos en la Institución Ferial, también se investiga en los tribunales un desfalco de 1,2 millones de euros en la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi) -la cantidad malversada que se ha podido probar, aunque la investigación judicial apunta a una cifra de 1,6 millones–, así como un agujero económico de dos millones de euros relacionado con la contratación de obras públicas en el área insular de Carreteras (causas judiciales en las que también está personado el grupo insular de Podemos).
Concepción también recordó que durante este mandato también se ha desvelado una operación financiera de alto riesgo con swaps por valor inicial de 188 millones de euros, lo que está suponiendo una sangría económica para las arcas insulares en concepto de pago de intereses.
Asimismo, el grupo Podemos ha sacado a la luz e intenta dilucidar un oscuro gasto con tarjetas de crédito no fiscalizadas en la sociedad Turismo de Tenerife que asciende a más de 1,2 millones de euros. Además, destaca la gravedad de las operaciones crediticias ruinosas que han comprometido la solvencia de las tres sociedades insulares de casinos de Tenerife.
