La operación canaria de la trama de Fórum Filatélico logró desviar más de 15 millones de euros
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó el pasado 13 de julio a la cúpula de Fórum Filatélico por crear el “paradigma de la estafa piramidal”, en palabras de los magistrados responsables del fallo judicial, que impone penas de hasta 12 años de cárcel e indemnizaciones por más de 3.700 millones de euros. Un engaño sin precedentes que devoró los ahorros de más de 190.000 clientes a través de la puesta en marcha de una sofisticada ingeniería criminal, según señala Mírame TV. En un relato que alcanza los 200 folios, la sentencia describe las actuaciones de una red que también fijó sus intereses en Canarias. Una de las operaciones más complejas y rentables de las que llevó a cabo la trama, gracias a la que se desviaron más de 15,4 millones, tuvo como base la isla de Tenerife.
Una historia que comienza con una portada de periódico o, para ser más precisos, con un auto judicial que dio pie a un titular de primera en El País que ha quedado grabado en la memoria de la hemeroteca: “Garzón halla indicios de comisiones millonarias para Coalición Canaria”. El entonces juez de la Audiencia Nacional acababa de encontrar documentos que vinculaban directamente a la trama de Fórum Filatélico con la primera línea de la política tinerfeña y con diversas actuaciones urbanísticas en la isla. El calendario marcaba el 5 de diciembre de 2006, solo dos semanas antes de que otro acontecimiento terminase por apuntar en rojo la palabra corrupción en la agenda mediática del Archipiélago: la querella de la Fiscalía por el caso Las Teresitas.
Las dos causas, la pieza separada abierta por la relación canaria del caso Fórum y el procedimiento por el pelotazo de la compraventa de la playa, arrancaron con un mismo protagonista bajo los focos, Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife. Un inicio en paralelo pero un recorrido en perpendicular. Mientras que la investigación de Las Teresitas desencadenó una sentencia que condenó a siete años de cárcel al político de Coalición Canaria, a falta de que se resuelvan los recursos de casación, las diligencias por su presunta vinculación con la organización filatélica acabaron en archivo por parte del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del entonces senador. El resto de la pieza, que apuntaba a otra decena de personas, como el expresidente de la Autoridad Portuaria Luis Suárez Trenor y el empresario José Ana Pérez Labajos, continuó su camino en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, donde en su día cayó la bomba detonada por Baltazar Garzón.
José Ana Pérez Labajos es el único nombre de la pieza canaria del caso Fórum que aparece en la sentencia de la Audiencia Nacional. Los magistrados lo nombran hasta en tres ocasiones por su participación en la operación relacionada con la construcción de un puerto deportivo en la costa de San Andrés, en la capital tinerfeña. El empresario, considerado por los investigadores testaferro de uno de los cabecillas de la organización, José Manuel Carlos Llorca, en paradero desconocido, era propietario de Parque Marítimo Anaga SA, que a su vez tenía la concesión administrativa para acometer las obras y la explotación de la infraestructura.
La secuencia de los hechos, explicados al detalle por los magistrados de la Audiencia Nacional, dibuja un galimatías de difícil comprensión. No es una casualidad que el procedimiento judicial se haya prolongado durante 12 años. Como muestra, sirve de botón el caso del puerto deportivo de San Andrés, una operación calificada como “muy compleja” por la propia sentencia.
Testaferros y empresas fantasma
Los magistrados desenredan la madeja de la siguiente manera. Las 2.500 acciones de Parque Marítimo Anaga SA (PMASA), empresa concesionaria del puerto deportivo, eran propiedad de José Ana Pérez Labajos (10) y de Coinpel SL (2.490), una sociedad participada por la familia Pérez Labajos. La trama de Fórum, con Llorca a la cabeza, adquiere PMASA mediante la transacción de las acciones entre 2002 y 2005. Para ello, dos de los colaboradores de la red, Reinhard Lothar y François Saint-Laurent, conocidos como “los españoles” y a quienes ha condenado la Audiencia Nacional a seis meses y dos años de prisión por un delito de blanqueo de capitales, respectivamente, constituyeron una “compleja” red de sociedades, según el fallo.
Parque Marítimo Anaga pasó a estar bajo el control de Llorca, que posteriormente la traspasó a Grupo Unido, filial de Fórum Filatélico, pero se mantuvo como el “administrador de hecho” de la sociedad, explican los magistrados. La concesión administrativa se perdió porque estaba condicionada a que no se transmitiera más del 50% de PMASA a terceros, pese a los intentos para ocultar la operación a la Autoridad Portuaria de Tenerife. Con el objetivo de que no saltaran las alarmas, el empresario, declarado en rebeldía, adquirió las acciones de Pérez Labajos y de Coinpel SL poco a poco, de forma fragmentaria, a través de cuatro sociedades distintas entre junio y octubre de 2002. El dinero de la operación salió de empresas ubicadas en Gibraltar con las que el cabecilla de la trama facturaba y cobraba la interposición en el suministro de filatelia. La sentencia es clara: “Lo importante es que Llorca estaba detrás del vendedor”.
El capital de Parque Marítimo Anaga acabó en manos de Llorca a través de dos sociedades: Pharus y Coinpel. En junio de 2004 se llevó a cabo una ampliación de capital y, justo un mes después, Pharus vendió su parte a Grupo Unido por 4,6 millones de euros, lo que arrojaba un pago por acción de 113,2 euros y suponía un sobreprecio de más de 2,2 millones.
Para llevar a cabo el traspaso del resto de la empresa, que formalmente estaba en manos de Coinpel y que tenía un valor acreditado por la Agencia Tributaria de 308.472 euros, Reinhard Lothar constituyó en Canadá la sociedad Dumar Investments SA, administrada por Saint-Laurent, y en Estados Unidos Dean & Bradley Corp, gestionada por el propio Lothar. Grupo Unido pagó por estas acciones más del doble de lo que había desembolsado días antes por las de Pharus, a 239,48 euros cada una y con un sobreprecio de 13,2 millones.
El dinero de la nueva operación, un total de 16,8 millones, fue transferido por Fórum Filatélico a su filial Grupo Unido, que lo ingresó en dos cuentas abiertas en el Banque National du Canada y en el JP Morgan Chase Bank de Nueva York, a nombre de las dos sociedades creadas al efecto por Lothar, pero terminó regado por diferentes empresas controladas por Llorca.
Esto es un resumen muy simple de los hechos, porque la realidad es aún más enrevesada. Según las conclusiones de la Audiencia Nacional, Lothar y Saint-Laurent llegaron a simular un acta de la Junta General de Coinpel y a comparecer ante notario para representar a la vendedora y a la compradora (uno desde Quebec y el otro desde Nueva York). La sentencia dedica unas líneas muy gráficas a explicar la forma de proceder de los condenados. “Lo que otorga sentido por sí mismo a sus acciones es el movimiento del dinero, la rapidez de la entrada y salida, la representación de su titularidad por diferentes sujetos fabricados para el trato, su opacidad y difícil comprensión para cualquier inquiridor”.
Lothar llegó a defender que no conocía de nada a Llorca, pero la sentencia deja claro que ambos se conocieron en un encuentro que se produjo en Ginebra en el que comieron juntos. Ha quedado acreditado también que los testaferros conocidos como “los españoles” conocían que el dinero de la operación de Parque Marítimo Anaga SA, que supuso el desvío de 15,4 millones de euros, provenía de la trama fraudulenta de suministro de sellos a Fórum y “desapareció hacia el destino que Llorca ordenó gracias a la acción de los acusados que intervenían como testaferros”, concluye la Audiencia Nacional.
Tanto Lothar como Saint-Laurent han sido condenados, además de a las penas de prisión impuestas para cada uno, al pago de una multa de 16,8 millones por el “dinero que ocultaron en la operación de Parque Marítimo Anaga SA”.
En la sentencia de la Audiencia Nacional no se alude en ningún momento a la operación relacionada con la construcción de una urbanización en Valle Tahodio, en Santa Cruz de Tenerife. Este convenio fue puesto en duda también durante la investigación inicial de la causa y fue una de las figuras claves en las que se basó la instrucción de la pieza separada en la parte que afectaba a Miguel Zerolo. El Tribunal Supremo archivó la causa contra el exalcalde al considerar que no estaba suficientemente acreditado, además de que había prescrito, el delito de cohecho que se le imputaba por el presunto cobro de tres millones de euros en concepto de dádiva procedentes de Fórum.
El sumario de la pieza separada permitió desvelar, en cualquier caso, el modo de operar de la organización que lideraba Llorca, que llegó a planificar una minuciosa estrategia para captar a las personas más influyentes de la sociedad de Tenerife con el objetivo de llevar a buen término los proyectos de la marina deportiva de San Andrés y la urbanización de Valle Tahodio.
Contra la sentencia de la Audiencia Nacional cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
