Las deliberaciones del Consejo de Gobierno de Canarias son secretas, por lo que, salvo indiscreción de alguno de sus miembros, jamás se conocerá cuál de ellos propuso este miércoles remitir a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma unas declaraciones de la portavoz en Canarias de la Asociación Jueces para la Democracia, la magistrada Victoria Rosell, sobre las críticas que ha recibido la Justicia por la sentencia del caso Tebeto. Pero dada nuestra sagacidad, casi podemos situar tan pintoresca y arriesgada propuesta en dos de las cabezas mejor amuebladas de la nacionalidad: el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, y el vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria. El objetivo sí lo tenemos claro: amordazar también a los jueces para que ninguno pueda opinar, ni de soslayo, sobre el escándalo de Tebeto, ese que tiene tan atenazada a la familia Soria casi al completo y a la Comunidad Autónoma al borde de la ruina.