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El peor gobierno municipal de Telde

DOS DE SUS MÁXIMOS RESPONSABLES SIGUEN AL FRENTE DE TELDE

El pelotazo de San Rafael tiene muchos ingredientes desgraciados. La reapertura de la causa por orden de la Audiencia Provincial devuelve a la primera plana a dos personajes que resultaron funestos para la ciudad de Telde en aquel aciago periodo d

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El pelotazo de San Rafael tiene muchos ingredientes desgraciados. La reapertura de la causa por orden de la Audiencia Provincial devuelve a la primera plana a dos personajes que resultaron funestos para la ciudad de Telde en aquel aciago periodo de 2003 a 2007: Guillermo Reyes y Mari Carmen Castellano, que siete años después de perpetrado el pelotazo vuelven a estar al frente de los designios de la segunda ciudad más importante de Gran Canaria. Reyes fue el cerebro de la operación porque era el concejal de Urbanismo, y Castellano formaba parte de la junta de gobierno que ha resultado imputada en su conjunto por aprobarla de manera presuntamente ilegal. Ambos formaron parte del peor gobierno municipal que recordarse pueda, seguramente equiparable al de la Marbella corrupta de Jesús Gil, donde todo valía y donde encima se quejan de que la Policía practicara detenciones. Reyes está imputado en otra causa, la operación Doramas, de presuntas irregularidades urbanísticas, y Mari Carmen Castellano y otros de sus compañeros del PP, en el caso Faycán, cuyo juicio está pendiente de celebrarse. Y para que en un bochorno así no faltara la guinda, aparece en escena una juez polémica, la titular de Instrucción 6, María de los Ángeles Zabala, denunciada en su día por prevaricación por aquella atolondrada intervención de emisoras de radio desafectas a Guillermo Reyes. La causa fue archivada por el TSJC que apreció indicios pero menos. Zabala abrió diligencias por el pelotazo de San Rafael pero las cerró de inmediato sin ni siquiera tomar declaración a los denunciados, lo que es calificado eufemísticamente por la Audiencia como "precipitado". Ahora tendrá que llamar a Reyes, a Castellano y a otros más como imputados e investigar si en aquella asquerosa operación, anulada por el TSJC, hubo o no tráfico de influencias y una prevaricación del tamaño de la finca.

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