Mas de 2.000 juicios suspendidos en la provincia de Las Palmas tras casi un mes de huelga de los letrados de la Administración de Justicia
Ya se contabilizan más de 2.000 juicios suspendidos en la provincia de Las Palmas, cuando se cumple casi un mes desde que el 24 de enero letrados de la Administración de la Justicia iniciaran una huelga indefinida en toda España. Durante una concentración de un grupo de unas 30 personas frente a la Ciudad de la Justicia en la capital grancanaria, Isabel Morales delegada nacional de Letrados Administración de Justicia y portavoz en la provincia oriental, aportó las cifras que están provocando los paros por la falta de acuerdo con el Ministerio del ramo ante sus reivindicaciones.
“En Las Palmas, desde el 24 de enero, hay unos 2.100 juicios suspendidos; unas 2.600 diligencias que han quedado paralizadas, desde entradas y registros, subastas, embargos, comparecencias, diligencias, lanzamientos, etcétera. Hay 14.000 escritos y 4.000 demandas pendientes de incoar y unos 4 millones de euros paralizados a partir del 24 de enero”, señala Morales.
En este sentido, pidió disculpas a la ciudadanía afectada, pero matizó que “el daño ocasionado” es responsabilidad del Ministerio de Justicia por no atender sus peticiones, al tiempo que recuerda que se activaron los servicios mínimos que se cumplen “a rajatabla”.
Los 3.748 letrados de la administración de Justicia que prestan servicio en juzgados y tribunales de toda España convocaron los paros para conseguir mejoras salariales y vincular sus retribuciones a las de la carrera judicial, después de una escalada de tensión con el Gobierno central. El 17 de febrero se celebró una reunión entre el Ministerio y el comité de huelga que duró más de 15 horas sin que se alcanzara un acuerdo. Y para el próximo viernes, cuando se cumple un mes, hay un nuevo encuentro.
Morales recuerda que sus reivindicaciones se deben al “aumento de funciones desde 2009 y 2015” que han tenido estos altos funcionarios que pertenecen al grupo A1 como los jueces y fiscales. “Son unas 200 funciones más y no se ha efectuado ninguna adecuación salarial, a pesar de que el Ministerio diga lo contrario”, insiste.
“También pedimos una reforma del reglamento orgánico, participar en todas las actividades que conciernen a los letrados y en toda la modificación que se va a efectuar en la justicia”, añade Morales.
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