La Fiscalía investiga las irregularidades del marido de la diputada González Taño (CC) en la escuela infantil que dirige

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de las irregularidades cometidas por el director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, Patricio García Ducha, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias. La actuación del Ministerio Público, según confirmaron fuentes oficiales a mirametv.com, se produce a raíz de una denuncia del sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

El pasado 25 de enero de 2019, representantes de CCOO comparecieron ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife para denunciar las irregularidades detectadas en la gestión del máximo responsable de la escuela infantil San Miguel Arcángel, ubicada en la capital de La Palma, que a su vez es marido de la secretaria de Organización de Coalición Canaria (CC) y diputada autonómica, Guadalupe González Taño. El sindicato considera que existen indicios de delito en el cobro de cuotas en efectivo por parte del director del centro, el uso y la manipulación de recibos oficiales sin validez, o el trato recibido por parte de la Consejería de Políticas Sociales, que descartó la apertura de un expediente sancionador tras el informe de una funcionaria.

La fiscal jefe de la provincia, Carmen Almendral Parra, remitió el 28 de enero las actuaciones a la Sección Territorial de la Fiscalía en Santa Cruz de La Palma, donde se han abierto diligencias preliminares de investigación. Será ahora el Ministerio Público el que decida, en un primer plazo de seis meses, que puede ser prorrogado, si existen indicios suficientes de delito para presentar una denuncia en el juzgado o, por el contrario, si lo procedente es el archivo.

Durante su comparencia, miembros de CCOO pusieron en conocimiento del Ministerio Público una serie de hechos que consideran indicios de presuntos delitos cometidos por el director de la escuela infantil. Entra las irregularidades acreditadas por varios técnicos de la Dirección General de Protección a la Infancia del Ejecutivo autonómico y denunciadas por el sindicato destaca el cobro de cuotas en efectivo durante, al menos, dos cursos consecutivos, aunque usuarios afectados aseveran que los pagos en mano se produjeron tres años seguidos.

Entre la documentación que obra en poder de la Fiscalía figuran recibos sin validez usados como justificantes de los abonos de la primera mensualidad de los ejercicios 2016-2017 y 2017-2018, a pesar de que desde 2014 estos precios públicos deben hacerse frente a través del modelo 800, que gestiona la Agencia Tributaria Canaria.

Aunque el director de la escuela infantil conocía que la normativa obligaba al pago de las cuotas mediante el modelo 800, cobró a los usuarios del centro la primera mensualidad en efectivo durante dos cursos. Para justificar el abono, García Ducha entregó a las madres un recibo que dejó de usarse en 2014, cuando entró en vigor la orden de la Consejería de Hacienda que modificó el procedimiento. El gestor de la instalación llegó a manipular algunas de las cartas de pago, a las que añadió el texto “curso 2017-2018”.

 

Informe técnico

Cuando las irregularidades fueron detectadas por un técnico de la Consejería de Políticas Sociales, que inició una investigación previa para aclarar las anomalías denunciadas por usuarios del centro, el director de la escuela infantil reconoció los hechos y se comprometió a realizar los ingresos de manera correcta a nombre de cada usuario, después de manifestar que había llevado a cabo el pago de forma conjunta y que la Agencia Tributaria le había devuelto la cuantía total en efectivo cuando se dio cuenta de su error.

Con la versión del director del centro, y ante la posibilidad de que las irregularidades pudieran derivar en sanciones administrativas o suponer indicios delictivos, el técnico de la Dirección General de Protección a la Infancia elaboró un informe a petición de su jefe de servicio. Las conclusiones de la investigación previa llevaron al funcionario a presentar una petición ante la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias para la apertura de un expediente informativo contra Patricio García Ducha.

El Ejecutio regional terminó por acordar la apertura de diligencias previas, cuya instrucción se encargó a otra jefa de servicio de la propia Dirección General de Protección a la Infancia. Tras llevar a cabo una investigación que se prolongó durante seis meses, la funcionaria emitió en solo tres folios una propuesta de archivo de las actuaciones al considerar que “no procede la incoación de un expediente disciplinario”, a pesar de que en el mismo informe reconoce que “se observan malos hábitos en la gestión de la escuela que deben ser corregidos de inmediato”.

El informe de la instructora admite que se produjeron cobros de cuotas en efectivo, pero hace hincapié en que existe constancia documental de que el dinero de las mensualidades abonadas en mano fue ingresado en la Agencia Tributaria Canaria en los meses de enero y abril de 2018, es decir, después de que un técnico de la Consejería abriera una primera investigación y advirtiera al director del centro de su actuación irregular.

El secretario general de CCOO en Tenerife, Andrés Baute, explicó que el sindicato “puso en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que consideramos pueden ser delictivos, tanto por las actuaciones llevadas a cabo por el director de la escuela infantil como por el trato que ha recibido por parte de la Consejería de Políticas Sociales”, que ha descartado la apertura un procedimiento sancionador contra el principal gestor del centro.

Andrés Baute insistió en que el sindicato ha llevado estos hechos ante el Ministerio Público “porque es nuestra obligación en defensa de la legalidad y de los derechos de los trabajadores a los que representamos”. El secretario insular de CCOO también recordó que “ya en su momento advertimos a la consejera Cristina Valido de que trasladaríamos nuestras sospechas a la Fiscalía si no tomaban las medidas oportunas”. 

El 1 de junio de 2018, el sindicato presentó un escrito en la Consejería de Políticas Sociales en el que alertaba de que el director del centro “exigió el cobro de cantidades en efectivo correspondientes a mensualidades y matrículas al menos desde 2016, emitiéndose recibís o cartas de pago manuscritas sin seguirse, presuntamente, el procedimiento administrativo previsto al efecto”.

CCOO solicitó en su comunicación a Cristina Valido que, “de forma urgente”, informase “si se han iniciado las acciones necesarias para depurar las responsabilidades oportunas, tanto administrativa como penalmente (...) comunicando dicho extremo a la Fiscalía” por la presunta comisión de hechos delictivos. El escrito del sindicato nunca fue respondido por la consejera, que tuvo que comparecer el pasado 13 de febrero en el Parlamento de Canarias para explicar a la oposición la actuación seguida por su departamento por las irregularidades detectadas en la escuela infantil San Miguel Arcángel.