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JUICIO CASO BRISAN

Lucas Bravo justifica la falta de controles en las facturas de Santa Brígida: "Sobraban, desde la buena fe siempre"

El exalcalde de la villa ha reconocido que, en 2007, a raíz de las primeras denuncias y de las advertencias de los funcionarios, se revisaron los procedimientos “para evitar las infracciones” 

El diputado de Unidos por Gran Canaria asegura que el Ayuntamiento recurría siempre a la misma ferretería “porque no había muchas” en el municipio y porque “daba facilidades de pago”

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El exalcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna.

El exalcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna. Alejandro Ramos

El caso Brisan, una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Santa Brígida gobernado por el Partido Popular (PP) entre los años 2000 y 2006, ha quedado este jueves visto para sentencia. La tercera y última sesión del juicio ha tenido como protagonista a Lucas Bravo de Laguna, concejal del municipio de medianías entre 1999 y 2007 y alcalde entre 2007 y 2013 en las filas de un partido, el conservador, que abandonó en 2017, previo paso por el Cabildo de Gran Canaria, para dedicarse a sus negocios deportivos (área de la que fue consejero en la corporación insular) y, posteriormente, enrolarse en Unidos, la formación política que lidera su padre, el histórico José Miguel Bravo de Laguna, y con la que se presentó a las pasadas elecciones (en alianza con Coalición Canaria), obteniendo un escaño en el Parlamento regional. 

El exregidor satauteño, a quien el magistrado del Juzgado de Instrucción 1 de Las Palmas de Gran Canaria dejó en 2014 fuera del caso después de ser señalado por la Guardia Civil en una de las piezas en las que se desgajó el procedimiento, ha declarado como testigo para echar un capote al exconcejal de Vías y Obras Luis Troya, que se enfrenta a una condena de cinco años de cárcel y un total de 27 de inhabilitación por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. El exedil del PP está acusado de “enriquecerse de forma ilícita” a través de las facturas giradas por el Ayuntamiento a una empresa de ferretería que acabaría arrendando, la de Morales Ravelo e Hijos, por “servicios no prestados”.

En su comparecencia, Lucas Bravo de Laguna ha justificado la falta de control municipal y de procedimientos sobre las facturas de suministro de materiales y transportes en la época enjuiciada. “Sobraban, desde la buena fe siempre”, ha manifestado el exconcejal y regidor satauteño, que ha explicado que, “cuando los contratos eran menores, no había un expediente concreto. A lo mejor se pedían varias ofertas o se recurría directamente al proveedor habitual”.

En el informe de fiscalización que se sitúa en el origen de esta pieza, la Audiencia de Cuentas detectó numerosas irregularidades en la tramitación de los pagos por parte del Ayuntamiento. Entre ellas, el fraccionamiento de contratos -con importes inferiores a los 12.024 euros- para poder adjudicarlos hasta en doce ocasiones a la misma ferretería sin necesidad de sacarlos a concurso. La Fiscalía sostiene que Troya y el empresario Morales, actuando de común acuerdo, facturaron al Ayuntamiento hasta en 260 ocasiones durante esos seis años y cuantifica en al menos 40.000 euros la cifra que ambos procesados se embolsaron a través de facturas falsas. 

Lucas Bravo, que también firmó algunas facturas giradas por la mencionada empresa cuando ostentó responsabilidades en el área de Limpieza, Agua y Alumbrado, ha reconocido que, en 2007, a raíz de las primeras denuncias y de las recomendaciones de los técnicos de la corporación nada más asumir el bastón de mando municipal, se revisaron los procedimientos para “asegurar que no se cometía ninguna infracción”. El actual diputado regional ha asegurado que, en su época de edil, “si se pedía un servicio y se realizaba, venía confirmado por el capataz, pasaba por la Concejalía, se firmaba y se mandaba a Intervención para entrar en comisión o junta de gobierno y pago”. El testigo ha dicho desconocer si se abrían expedientes de contratación, aunque ha recordado que el encargado de “todos los trámites administrativos” en las grandes adjudicaciones era un funcionario, de nombre Pascual, perteneciente al grupo A1.

El exalcalde de la villa satauteña ha negado haber recibido presiones o indicaciones de su compañero Luis Troya para firmar facturas a favor de la empresa de Morales Ravelo y ha precisado que la corporación recurría a esta ferretería no solo porque en el municipio había pocos establecimientos de este tipo y con esos suministros, sino, además, porque daba facilidades de pago al Ayuntamiento. “Era la costumbre”, incluso antes de que obtuviera acta de concejal, ha redundado Lucas Bravo de Laguna, que también ha remarcado que en la actualidad los plazos de abono son más estrictos, pero “antiguamente no era tan sencillo”. 

“Un suministro para un Ayuntamiento es algo muy sencillo, no es la panacea. Obviamente, para una obra del día es mejor tener los materiales en el municipio que no tener que ir a Las Palmas o a San Mateo”, ha añadido, “en el día a día, por cuestiones climatológicas o de orden de trabajo, se puede romper un saneamiento y no lo tienes en el almacén, vas comprando en función de las necesidades”. 

Los auditores y los informes

Además de Lucas Bravo de Laguna, en la sesión de este jueves declararon otros cinco testigos de la defensa, todos trabajadores o extrabajadores de Pedro Morales, para tratar de demostrar que los servicios de transporte cuestionados por la Guardia Civil y por la Fiscalía fueron efectivamente realizados. También comparecieron cinco peritos de la Audiencia de Cuentas de Canarias, entre ellos el redactor del informe que corroboró la existencia de “un problema grave de incumplimiento de la legalidad” y una “debilidad de control interno” en el Ayuntamiento de Santa Brígida con relación a los contratos de suministro y de servicios. La Comisión de Calidad del órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma llegó a solicitar un informe jurídico ante los indicios de responsabilidad contable y penal detectados por este auditor, José Enrique Salvador, aunque finalmente no se redactó porque el caso ya había sido judicializado y trasladado al Tribunal de Cuentas, según coincidieron en afirmar los otros miembros de la Audiencia. 

El juicio concluyó con la lectura de los informes finales. Miguel Pallarés, representante del Ministerio Público, consideró acreditados los hechos y el desfalco a las arcas públicas. “Nadie después del juicio puede entender que un Ayuntamiento funcione como funcionaba el de Santa Brígida. Cada uno contactaba y se servía con quien quería y sin ninguna justificación”.  El fiscal ha señalado que la trama, urdida durante años y frenada por la denuncia de una concejala y un informe de la Audiencia de Cuentas, fue tan “burda”, tan “fácilmente demostrable” como comprobar la manera en la que el concejal Luis Troya “se autocontrataba” después de haber firmado el contrato de arrendamiento con el empresario Pedro Morales para hacer uso de sus dependencias, de su número de teléfono e, incluso, de las facturas con sus membretes. 

Para Pallarés, toda esta maquinación se pudo llevar a cabo gracias a “la dejación de funciones” de los interventores accidentales, los también encausados Santiago y Jacinto Hernández, quienes, en opinión del fiscal, incumplieron sus deberes de control previo de legalidad para advertir, entre otras cuestiones, del fraccionamiento de contratos para evitar los concursos. 

Pallarés solo ha introducido un cambio en sus conclusiones definitivas. El fiscal ha incrementado la pena de inhabilitación por uno de los delitos de los diez a los doce años y un día.

Las defensas, por su parte, han lamentado la “inconcreción” del relato del Ministerio Público y han sostenido que la acusación no ha podido probar ni una sola de las falsedades que atribuye a los procesados, puesto que todos los servicios mencionados “se realizaron”, según ratificaron varios de los testigos que comparecieron en la vista. “Con los medios que tenía el Ayuntamiento, un camión que solo podía transportar 10 toneladas y una cuba de agua que parecía una cantimplora, era imposible realizar las obras”, han señalado para reiterar esa tesis. 

Ninguno de los cuatro procesados en el caso Brisan (iniciales de Santa Brígida, al revés) ha hecho uso del derecho a la última palabra.  

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