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El Poder Judicial inicia el jueves el procedimiento para suspender en sus funciones al juez Salvador Alba

El magistrado Salvador Alba entra en la sede del Consejo General del Poder Judicial.

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

El  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) iniciará el jueves el procedimiento para suspender en sus funciones al magistrado Salvador Alba. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha incluido en el orden del día de su próxima sesión, prevista para el 24 de mayo, “la toma de conocimiento” del auto de apertura de juicio oral dictado hace dos semanas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra Alba por la presunta comisión de cinco delitos (prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos).

El polémico juez está acusado de conspirar contra su compañera de profesión Victoria Rosell, a quien sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de la capital grancanaria, y favorecer así la querella (finalmente archivada) que contra ella había presentado José Manuel Soria, exministro de Industria, expresidente del PP canario y rival de la magistrada en las elecciones generales de 2015.

Esta toma de conocimiento es el primer paso para separar de forma temporal a Alba de la judicatura. Según han explicado fuentes del CGPJ a este periódico, los ocho magistrados que conforman la Comisión Permanente, encabezada por el presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, no adoptarán más decisión este jueves que la de dar traslado al juez Alba y al Ministerio Fiscal de esta toma de conocimiento para que, en el plazo de diez días (y no tres, como se había informado en un principio), muestren su conformidad o su oposición a la suspensión provisional de funciones del magistrado. Se trata de un formalismo que demorará la expulsión temporal de Alba por lo menos hasta la primera semana de junio.  

El Poder Judicial recibió el auto de apertura de juicio oral contra Alba el pasado miércoles, una semana después de que fuera notificado a las partes. El retraso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en comunicar esta resolución, por motivos que no han trascendido de forma oficial, evitó que el trámite que cumplirá la Comisión Permanente este jueves, el de la toma de conocimiento de la resolución de la magistrada instructora, Margarita Varona, se pudiera realizar la pasada semana. El tribunal canario tuvo que emitir, además, un auto aclaratorio para corregir un error material, de numeración, en el dictado el día 8.

A pesar de estas demoras, la cuenta atrás ya ha empezado. Antes de que su suspensión sea efectiva, Salvador Alba tendrá, en principio y salvo nuevo contratiempo, entre dos y tres semanas para poner la sentencia del caso Faycán, que juzga una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde gobernado por el PP y Ciuca en el mandato 2003-2007. La resolución de esta causa sigue bloqueada por la baja médica del juez, concedida por un médico acusado de manipular el historial médico de su exmujer. El pasado viernes se suspendió la deliberación señalada para esa fecha junto a sus compañeros de Sala, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, a pesar de que el propio magistrado había anunciado públicamente su intención de participar en ella aunque permaneciera en situación de incapacidad laboral transitoria, mostrando su predisposición a hacer “el esfuerzo con lo que sea necesario”.  

En una entrevista concedida este lunes a la cadena Ser, Alba ha manifestado que, una vez reciba el alta, se celebrará esta deliberación, que prevé que no será larga, y se dictará la sentencia, que será leída en audiencia pública. “Puede ser cuestión de días, de escasos días”, ha aventurado el juez, que asegura que antes de la baja había analizado “prácticamente todo el procedimiento” y había redactado “buena parte de la sentencia”.

Crítica a la instrucción del caso Faycán

El polémico magistrado ha aprovechado esta entrevista para cuestionar la labor ejercida por el juez que investigó la trama desde un juzgado de la Ciudad de los Faycanes, Javier García García-Sotoca, al calificar la instrucción del procedimiento de “muy desordenada”. “No sigue un orden lógico ni cronológico, hay que buscar los datos y las pruebas que afectan a los ocho acusados que no se conformaron con la petición del Ministerio Fiscal (en realidad, siete) a lo largo de esos 6.000 folios” del sumario, ha manifestado Alba para justificar la complejidad del procedimiento y que aún no se haya dictado sentencia, dos meses y medio después de finalizar el juicio.

García-Sotoca se convirtió, junto a los investigadores de la Policía Nacional, en diana de las críticas vertidas por los abogados de los acusados del caso Faycán. En los escritos de conclusiones finales, las defensas habían arremetido contra la “elección a dedo” del juez para instruir la causa, contra un informe policial “dirigido directamente” al Juzgado de Instrucción número 3 de Telde, cuyo titular era entonces, año 2003, García-Sotoca, y contra el “circo y linchamiento mediático” contra los detenidos.

En esta causa llegaron a estar imputadas cerca de cincuenta personas, aunque finalmente fueron procesadas 29 y se sentaron en el banquillo 28, ya que uno de ellos falleció antes de la celebración de la vista oral. En la primera sesión del juicio, presidido por Alba, confesaron los hechos 20 encausados.  Otro lo hizo con posterioridad tras alcanzar un pacto con la Fiscalía para reducir de forma ostensible la petición de condena. Entre quienes siguen manteniendo su inocencia se encuentran los exalcaldes Francisco Valido y María del Carmen Castellano, del PP. Ambos continúan en la política activa.

“El problema del caso Faycán es que son 60.000 folios, 250 CD de escuchas telefónicas y una gran cantidad de piezas. Todo ello desordenado a lo largo del procedimiento. Ha sido una instrucción muy desordenada (…) Es una tarea bastante compleja. A cualquier oyente que sea lector le preguntaría cuántos libros de 300 páginas se lee en un año. Pues esto sería como leerse 20 libros de 300 páginas en un año y se pide, fundamentalmente por los medios, que esto se dicte en dos meses, dos meses y medio. Esta reflexión es la que tendría que hacer más de uno”, ha concluido.

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